Algunos disidentes consideran que el mejor lugar de la vigente Carta Magna es un cesto de basura. Laritza Diversent, abogada independiente, es más prudente.
“Es cierto que la actual Constitución tiene innumerables deficiencias. No creo sea la adecuada en una Cuba democrática. Pero en cualquier proceso de reformas serio y profundo, en sus inicios se pudiera aplicar la letra de la Constitución enmendada en 1992. Luego, a corto plazo, convocar una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Ley Fundamental, sobria y con buena factura jurídica, que cubra los derechos sociales y políticos de todos los cubanos”, apunta la jurista.
Diversent no ve como una opción retomar la Constitución de 1940. “Es inapropiada, demasiado meticulosa y obsoleta para estos tiempos”, afirma. Hace unos años, intelectuales y juristas cubanos de una izquierda moderna y tolerante, amparados en los espacios abiertos al debate por diversos soportes digitales y la Iglesia Católica nacional, se hicieron eco del tema.
El desafío constitucional es impostergable. Abogados, académicos y politólogos que han expresado sus consideraciones y análisis, parten del principio que, aceptando las diferencias, es imprescindible impulsar una vigorosa democracia popular. Para ellos, el futuro de Cuba pasa por ser, necesariamente, un proyecto socialista.
Voces como la de Roberto Veiga, jurista y directivo de la revista Espacio Laical, prefieren un sistema de gobierno menos ideológico, inclusivo y más eficiente en la gestión del país. A Veiga le da igual que una nueva Carta Magna, o la actual con algunas enmiendas, enuncie que es un Estado Socialista o prefiera decantarse por un capitalismo moderado de marcada proyección social.
Según su punto de vista, eso lo decidiría el pueblo en las urnas. Los debates, coloquios y ponencias sobre el futuro de la Ley Fundamental es una muestra de que muchos intelectuales en la isla no están cruzados de brazos.
El analfabetismo jurídico entre los cubanos es atroz. La gente fue en masa y obedientemente a votar en 1976 para promulgar una Carta Magna que, si acaso, habían leído a la ligera. En comunidades y barrios de la Cuba profunda, un segmento significativo de sus ciudadanos desconocía sus preceptos antidemocráticos. A finales de los años 80, con la periodista Tania Quintero, participé en la realización de un programa para la televisión nacional titulado "El irrespeto a la ley". En entrevistas en la calle, una clamorosa mayoría, ignoraba cuál era 'la ley primera de la República'.
En un dossier publicado en la revista Espacio Laical, el abogado Julio Antonio Fernández cuenta que en un estudio llevado a cabo por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1987 sobre “los factores que más afectan al desarrollo de una cultura de respeto a ley”, se encuestó a 1,450 personas de diferentes sectores sociales, quienes, a la pregunta de ¿Cuál considera usted la ley más importante para el ciudadano? 1,046 no mencionaron la Carta Magna. De los 44 que la mencionaron, 5 eran dirigentes políticos en aquellos años.
Y es que el gobierno de Fidel Castro ha sido el más flagrante violador de la Constitución. Durante años, se infringió el artículo 43, donde se dice que "el Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución (...) de los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana". Y entre sus enunciados plantea que éstos "son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicios públicos" y "disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultural, deportes, recreación y descanso".
Los cubanos eran ciudadanos de tercera en su propio país. No tenían derecho a alojarse o disfrutar de hoteles e instalaciones diseñadas exclusivamente para extranjeros. Un vergonzoso apartheid turístico.
La Constitución en vigor es un sainete. Necesita reformas urgentes. O suplantarla por otra. No se debiera refrendar en el futuro una Ley Fundamental que la mayoría desconociera. En la actual, muchos no la ven como protectora de los derechos inalienables. La vigente Carta Magna reconoce diversos derechos sociales. Pero excluye los derechos políticos y libertad de expresión, asociación y movimiento fuera del marco autorizado por la autocracia verde olivo.
En manos de académicos, juristas, politólogos, disidentes y ciudadanos queda la tarea de decidir qué hacer con la actual Constitución. Si se reelabora la actual o se promulga un nuevo texto. El futuro de Cuba necesita una Constitución que nos sirva a todos.
“Es cierto que la actual Constitución tiene innumerables deficiencias. No creo sea la adecuada en una Cuba democrática. Pero en cualquier proceso de reformas serio y profundo, en sus inicios se pudiera aplicar la letra de la Constitución enmendada en 1992. Luego, a corto plazo, convocar una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Ley Fundamental, sobria y con buena factura jurídica, que cubra los derechos sociales y políticos de todos los cubanos”, apunta la jurista.
Diversent no ve como una opción retomar la Constitución de 1940. “Es inapropiada, demasiado meticulosa y obsoleta para estos tiempos”, afirma. Hace unos años, intelectuales y juristas cubanos de una izquierda moderna y tolerante, amparados en los espacios abiertos al debate por diversos soportes digitales y la Iglesia Católica nacional, se hicieron eco del tema.
El desafío constitucional es impostergable. Abogados, académicos y politólogos que han expresado sus consideraciones y análisis, parten del principio que, aceptando las diferencias, es imprescindible impulsar una vigorosa democracia popular. Para ellos, el futuro de Cuba pasa por ser, necesariamente, un proyecto socialista.
Voces como la de Roberto Veiga, jurista y directivo de la revista Espacio Laical, prefieren un sistema de gobierno menos ideológico, inclusivo y más eficiente en la gestión del país. A Veiga le da igual que una nueva Carta Magna, o la actual con algunas enmiendas, enuncie que es un Estado Socialista o prefiera decantarse por un capitalismo moderado de marcada proyección social.
Según su punto de vista, eso lo decidiría el pueblo en las urnas. Los debates, coloquios y ponencias sobre el futuro de la Ley Fundamental es una muestra de que muchos intelectuales en la isla no están cruzados de brazos.
El analfabetismo jurídico entre los cubanos es atroz. La gente fue en masa y obedientemente a votar en 1976 para promulgar una Carta Magna que, si acaso, habían leído a la ligera. En comunidades y barrios de la Cuba profunda, un segmento significativo de sus ciudadanos desconocía sus preceptos antidemocráticos. A finales de los años 80, con la periodista Tania Quintero, participé en la realización de un programa para la televisión nacional titulado "El irrespeto a la ley". En entrevistas en la calle, una clamorosa mayoría, ignoraba cuál era 'la ley primera de la República'.
En un dossier publicado en la revista Espacio Laical, el abogado Julio Antonio Fernández cuenta que en un estudio llevado a cabo por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1987 sobre “los factores que más afectan al desarrollo de una cultura de respeto a ley”, se encuestó a 1,450 personas de diferentes sectores sociales, quienes, a la pregunta de ¿Cuál considera usted la ley más importante para el ciudadano? 1,046 no mencionaron la Carta Magna. De los 44 que la mencionaron, 5 eran dirigentes políticos en aquellos años.
Y es que el gobierno de Fidel Castro ha sido el más flagrante violador de la Constitución. Durante años, se infringió el artículo 43, donde se dice que "el Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución (...) de los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana". Y entre sus enunciados plantea que éstos "son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicios públicos" y "disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultural, deportes, recreación y descanso".
Los cubanos eran ciudadanos de tercera en su propio país. No tenían derecho a alojarse o disfrutar de hoteles e instalaciones diseñadas exclusivamente para extranjeros. Un vergonzoso apartheid turístico.
La Constitución en vigor es un sainete. Necesita reformas urgentes. O suplantarla por otra. No se debiera refrendar en el futuro una Ley Fundamental que la mayoría desconociera. En la actual, muchos no la ven como protectora de los derechos inalienables. La vigente Carta Magna reconoce diversos derechos sociales. Pero excluye los derechos políticos y libertad de expresión, asociación y movimiento fuera del marco autorizado por la autocracia verde olivo.
En manos de académicos, juristas, politólogos, disidentes y ciudadanos queda la tarea de decidir qué hacer con la actual Constitución. Si se reelabora la actual o se promulga un nuevo texto. El futuro de Cuba necesita una Constitución que nos sirva a todos.
