El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo calificó de inconstitucional e improcedente la decisión tomada por la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo que declaró sin lugar su Recurso de Súplica contra los jueces que consideraron inadmisible la demanda contra funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) que le prohíben la salida del país.
“La sala de amparo de los derechos constitucionales del Tribunal Supremo Popular declara inadmisible la demanda, argumentando que esa sala no es competente para tramitar, conocer y resolver la demanda que he establecido”, dijo a Martí Noticias, el jurista, residente en La Habana.
Sin embargo, la Ley 53 en el Artículo 9 instituye “la competencia de la Sala de Amparo del Tribunal Supremo y dice que resuelve las demandas que se produzcan por la vulneración de los derechos constitucionales en que incurran la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el presidente y vicepresidente de la República, el Consejo de Ministro, sus directivos, funcionarios o empleados de esos organismos con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones”, señaló.
El abogado independiente entregó el jueves un recurso de apelación en la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular, en el que reclama la total restitución de sus derechos constitucionales y el acceso a un tribunal imparcial e independiente.
“El propósito de la declaración de incompetencia de la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales es evadir un pronunciamiento a favor o en contra. Con todos los elementos que yo he expuesto, la demanda casi es 95% de hecho a mi favor y es lo que ellos evitan”, apuntó Ferrer.
Además, “el segundo acápite del artículo 9 de la Ley 53 instaura que corresponde conocer al Tribunal Supremo en materia constitucional cualquier asunto, caso, proceso que no esté asignado a ningún otro tribunal”, precisó el letrado.
Ferrer Tamayo presentó a inicios del 2020 la primera demanda ante la recién estrenada Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que exigía se le retirara la prohibición de salir del país, medida que le había sido impuesta en el 2019 como represalia por su labor de asesoría legal a la ciudadanía cubana.
La misma petición la elevó más adelante al Tribunal Supremo. De ambos órganos solo recibió inacción por lo que solicitó al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, que haga cumplir sus obligaciones a los tribunales.
La pasada semana, Ferrer Tamayo escribió una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel pidiéndole que requiriera a las autoridades judiciales que se pronuncien sobre sus peticiones para que le sea revocada la prohibición de salida del país.
“En medio de tal desastre jurídico, los medios oficialistas hacen públicas de manera reiterada la consigna del Presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez de que Cuba es un Estado “Socialista” de Derecho, nada más alejado de la realidad que vive el país”, subrayó Ferrer Tamayo, miembro del centro de asesoramiento legal Cubalex y ex prisionero político.
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