El casi agotado escándalo Panama Papers, hizo que una práctica legal bastante vieja, presuma de fenómeno nuevo. Muchos medios sensacionalistas, periodistas, especialistas, cubanólogos y hasta futurólogos hacen rastreo del tema aprovechando la ocasión. El desconocimiento de muchos y la falta de noticias, es justo la coyuntura para echar fuego a cualquier nombre que sugiera involucrar al gobierno de Cuba con esa famosa lista aparecida en los documentos del bufete de abogados Mossack-Fonseca; pero deberíamos saber que incluso en Cuba, donde lo que no está prohibido tiene secuencia de obligatoriedad, tener una empresa “off shore” no constituye un delito; lo ilegal es utilizar esa sociedad para cometer fraude u ocultar capital de actividades ilícitas.
Después del triunfo verde olivo de 1959; las categorías económicas fueron relegadas por categorías políticas; cambió la forma de propiedad de los inmuebles, de la tierra y los medios de producción.
Se instauró una economía centralizada y en el 80, cuando ya se podía prever la crisis de Europa oriental, con el agotamiento del modelo económico improductivo, el endurecimiento del embargo de Estados Unidos, la impagable deuda externa y la ineficiente economía interna, el Estado cubano decidió reajustarse echando mano, como siempre, de su acostumbrada estrategia de guerra irregular.
Para tener acceso a productos y a importantes financiamientos, usó capital y bienes, con el propósito de estimular a ciertas empresas extranjeras para que se representaran en la isla, reclutó a antiguos guerrilleros latinoamericanos y los convirtió en potentados empresarios.
Y cerrando el círculo, comenzó a ubicar a personas leales en puestos clave de entidades económicas mundiales y a crear negocios fuera de Cuba. Así aparecieron en el registro mercantil cubano empresas como CUBALSE, CIMEX, y otras.
Entonces, como medida de seguridad, y no por simple corrupción, las acciones (casi siempre al portador) de estas empresas cubanas fundadas en el exterior, se guardaban en las cajas fuertes de los “más confiables” dirigentes cubanos.
Con esta estructura, armada al detalle, la isla estuvo lista para abrirse no a la inversión extranjera sino a la inversión de selectos extranjeros y a muy puntuales nacionales con fachada de extranjeros. En ese auge, se vincularon varios cubanos, escogidos, a estas firmas extranjeras afincadas en Cuba; y otros, los menos iguales que el resto de los iguales, optaron por salir de la isla para crear empresas import-export y desde el exterior, vender (a pedido) productos a empresas cubanas.
No es nada nuevo que dirigentes y personas jurídicas o naturales de Cuba, tengan acciones de compañías fuera de la isla. Todo eso sin contar que desde hace más de 20 años, para facilitar el negocio de empresarios norteamericanos, cubano-americanos o de otras nacionalidades que necesitaban mantener anonimato comercial con Cuba, la Cámara de Comercio de la República de Cuba, estrena y ofrece el servicio de vender empresas “off shore” radicadas en Panamá.
Lo cierto es que en el tema, y exactamente la conexión del Panama Papers con personas jurídicas cubanas, olfateo mucha inmoralidad pero poca ilegalidad.
