Activistas dedicados a la distribución de ayuda humanitaria independiente en Cuba informaron sobre un aumento en el acoso por parte de las autoridades. Según testimonios ofrecidos a Martí Noticias y denuncias en redes sociales, estas acciones coinciden con la entrega de insumos básicos a sectores vulnerables de la población.
El activista Raymar Aguado señaló que, si bien la presión ha sido constante, el hostigamiento se volvió sostenido en las últimas dos semanas.
“Las acciones de hostigamiento en mi contra y de las personas que hemos estado realizando este tipo de actividades nunca ha parado”, afirmó Aguado, quien fue expulsado de la Universidad de La Habana.
El joven que cursaba estudios de Psicología detalló que es objeto de intimidación y chantaje, extendido además a su entorno cercano. “A mí me han sometido a todo un proceso de intimidación psicológica, llamándome todo el tiempo a números privados, con amenazas y demás”.
Según su denuncia, se han utilizado perfiles falsos en Facebook para publicar su número telefónico vinculado a la supuesta venta de combustible.
Afirmó que estos perfiles describen sus rutinas diarias para que “uno se amedrente para que uno deje de lado el activismo y las acciones que realiza en beneficio del pueblo”.
El grupo entrega alimentos, ropa y medicinas a personas necesitadas mediante proyectos de ayuda solidaria.
Aguado denunció que el hostigamiento se extiende a sus vínculos sentimentales y familiares: “A la vez que atacan a un miembro del grupo sostenidamente, es como una forma también de advertencia a los demás”.
Las autoridades cubanas sostienen que la asistencia social es responsabilidad exclusiva del Estado y califican las iniciativas independientes como acciones mercenarias. Aseguran además que cualquier donación debe canalizarse a través de las vías oficiales establecidas.
En los últimos meses varias iniciativas de activistas y grupos alineados al régimen de La Habana han mostrado videos repartiendo ayuda a los cubanos sin haber sido molestados por las autoridades.
Sin embargo, cuando la iniciativa proviene de detractores o personas que no se identifican con el sistema de gobierno, el discurso oficial sostiene que estas actividades forman parte de planes para desestabilizar el orden interno.
La activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Croft, denunció que la Seguridad del Estado distribuyó documentos en su comunidad identificándola como “CR”, inciales con las que las autoridades marcan a una persona "contrarrevolucionaria".
Lafita, quien encabeza un grupo de reparto de ayuda, afirmó que las autoridades pretenden fabricarle un caso penal.
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