El juicio sorpresivo y el traslado directo a la cárcel es un temor con el que viven en la isla decenas de activistas de derechos humanos, quienes han sido multados durante el 2019 por los supuestos delitos de "violar dispositivos de seguridad", "desacato a las autoridades" y no "haber pagado multas".
La aplicación de multas arbitrarias y la encarcelación de algunos por impagos sigue siendo la espada que pende sobre los opositores. Es el método preferido de las autoridades policiales para "sacarnos de las calles" o para que abandonemos el activismo, aseguraron varios opositores consultados.
Luis Andrés Domínguez García, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), fue sancionado esta semana a un año y medio de privación de libertad por el impago de multas que se fueron acumulando.
Andy Rivera, del grupo opositor Delibera, vive con la incertudumbre de que en cualquier momento lo citen y lo sometan a un proceso judicial.
El padre de Andrés Avelino Domínguez Beltrán, también activista de FACOZT, indicó que el encarcelamiento del hijo esta semana fue sorpresivo.
"Lo citaron el lunes para que estuviera el martes en el tribunal de 100 y 33 y de ahí, tras celebrarle el juicio, se lo llevaron a la cárcel de Valle Grande, en las afueras de La Habana", relató.
Al "juicio" solo le permitieron entrar a él y a la esposa de Domínguez García. El hijo no tuvo acceso a un abogado y en el tribunal sólo había tres jueces, que se encargaron de informarle que estaba sancionado a un año y medio de cárcel, explicó.
Domínguez García había sido multado por las autoridades en varias ocasiones, algunas fueron cuando realizaba su trabajo como bicitaxista. No pagó esas multas por considerarlas injustas.
Otras, que tampoco pagó, fueron impuestas durante su participación en actividades y reuniones convocadas por la organización a la que pertenece.
Los integrantes del FACOZT participan en actividades y reuniones. Por lo general, casi siempre que entran a los locales donde realizan sus eventos, la policía los multa por "violar el dispositivo de seguridad". En rechazo a esa sanción los opositores no pagan las multas.
Domínguez Beltrán y otros opositores de esa organización no han pagado las multas y no descartan que en cualquier momento los citen y los lleven a prisión por la misma razón.
Ellos consideran que reunirse en lugares públicos o privados como organización opositora no es un delito.
Andy Rivera, del grupo opositor Delibera, ha sido multado durante su trabajo como cuentapropista pero también cuando participa en protestas públicas.
La más reciente de las multas le fue impuesta a finales del año pasado, mientras apoyaba a otra activista de ese grupo que reclamó sus derechos.
En ese evento, él y los demás activistas de Delibera fueron multados con 2.000 pesos cada uno por "portar carteles". Asegura que no pagará esa multa, que califica de arbitraria, y sabe que en cualquier momento lo pueden citar a los tribunales y de ahí llevarlo a prisión.
Según Rivera, ese método de la policía es para "sacar de las calles" a los activistas y presionarlos para que abandonen los grupos opositores.
Las Damas de Blanco y activistas de otras organizaciones opositoras también fueron multados en el 2019 por "violaciones del dispositivo de seguridad, atentado y desacato", entre otros.
El informe anual de Human Rights Watch a inicios de este año incluyó las multas como uno de los métodos más usados por las autoridades contra la oposición y los periodistas independientes en la isla durante 2019.
