Amnistia Internacional reclamó el martes al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en un mensaje de Twitter una respuesta a su pedido de viajar a la isla para observar el juicio contra José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que tendrá lugar el miércoles 26 de febrero.
La organización también le recordó a Díaz-Canel que en una carta "hace meses pedimos poder observar su juicio (de Ferrer). Aún esperamos su respuesta. ¿Tiene el gobierno algo que esconder?"
En otro mensaje de Twitter de noviembre del 2019, Amnistía Internacional le dijo al gobernante cubano: "Su gobierno afirmó ante la ONU que no se han violado los derechos de José Daniel Ferrer García. Entonces, no habría objeción en que visitemos Cuba para observar su juicio".
En la misiva enviada a Díaz-Canel del 22 de noviembre del 2019, Amnistía Internacional afirmó que "como organización independiente de derechos humanos, nos dirigimos a usted con esta carta abierta para reiterarle formalmente nuestra solicitud de acceso a Cuba. En esta ocasión, con el objetivo de observar el juicio de José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición política Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien está privado de libertad en espera de juicio".
La organización afirmó que "en noviembre de 2019, Amnistía Internacional recibió información que sugería que José Daniel Ferrer García pudo haber sido torturado o sufrido malos tratos durante su detención. En ese momento, recordamos a su gobierno su obligación de prevenir la tortura y otros malos tratos, en virtud de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), del cual Cuba es un Estado Parte desde 1995".
En una misiva anterior, fechada el 12 de noviembre del 2019, y también dirigida al gobernante cubano, Amnistía Internacional expresó "honda preocupación por la alarmante información reciente que sugiere que José Daniel puede haber sufrido malos tratos bajo custodia. Según las normas del derecho internacional, Cuba no sólo tiene el deber de prevenir la tortura y los malos tratos, sino que debe además garantizar que se lleva a cabo una investigación inmediata e imparcial ante este tipo de información o denuncias".
En ese texto, exigió al régimen de la isla que informara a Ferrer de los motivos de su detención o, de lo contrario, lo pusiera en libertad; garantizara que tuviera acceso inmediato a un abogado de su elección y pudiera comunicarse con su familia; permitiera que el opositor tuviera acceso inmediato a un examen médico, realizado por un médico independiente o un servicio médico de su elección; se llevara a cabo una investigación e imparcial sobre las denuncias de tortura y malos tratos contra el disidente y garantizara que Ferrer y su familia no sufrieran represalias ni acoso.
Familiares de Ferrer y activistas de UNPACU denunciaron a Radio Televisión Martí que las autoridades cubanas presionan a los testigos del caso a escasas horas del juicio.
Nelva Ismarays Ortega, esposa de Ferrer, afirmó que la familia aún no había sido citada a la audiencia que tendrá lugar a las 8:30 de la mañana y que temía que se iba a realizar "a puertas cerradas".