El gobierno cubano debe liberar de inmediato y sin condiciones a Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, artistas que serán juzgados a partir del 30 de mayo de 2022, dijeron hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Los gobiernos interesados, especialmente de América Latina y Europa, "deberían monitorear el juicio y pedir la liberación de los artistas".
Otero Alcántara, artista visual, y Castillo Pérez, cantante de rap, también conocido por su nombre artístico “Osorbo”, se encuentran en prisión preventiva desde hace casi un año. Un fiscal ha solicitado que sean condenados a siete y diez años de prisión, respectivamente, por diversos cargos relacionados con su participación en una manifestación pacífica y un espectáculo artístico, y sus críticas al presidente Miguel Díaz-Canel.
“Están siendo procesados por ejercer su derecho humano de criticar a su propio gobierno”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos latinoamericanos no deben quedarse callados cuando los artistas son amenazados con prisión por hablar, la intolerancia extrema típica de las brutales dictaduras del pasado en la región”.
“Los gobiernos de las Américas y Europa deberían seguir de cerca el juicio contra estos presos de conciencia en Cuba, que nunca debieron pasar un día en prisión”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “En un país donde más de 700 personas, incluidos algunos niños menores de 18 años, están encarceladas simplemente por expresarse, es de suma importancia que estos juicios estén sujetos al escrutinio internacional”.
Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro, formado para criticar la censura del gobierno, fue detenido el 11 de julio de 2021, luego de publicar un video en el que decía que ese día se uniría a las protestas pacíficas en toda la isla. Más de 700 personas arrestadas durante la manifestación siguen detenidas, según el grupo de derechos humanos Cubalex. Castillo Pérez, uno de los autores de “Patria y Vida”, canción crítica al gobierno cubano que fue adoptada como himno de protesta popular, fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado el 18 de mayo de 2021.
Castillo Pérez, quien ha sufrido múltiples detenciones arbitrarias de corta duración, fue arrestado en su casa. Su familia no supo dónde estaba hasta el 31 de mayo, cuando las autoridades les informaron que estaba recluido en la prisión de Pinar del Río, donde permanece. La familia fue notificada solo unos días después de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU instara al gobierno cubano a revelar el lugar de detención de Castillo Pérez.
En enero de 2022, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que Castillo Pérez había sido detenido arbitrariamente y dijo que el gobierno cubano debería liberarlo de inmediato. Los expertos de la ONU determinaron que el rapero había sido detenido por ejercer sus derechos fundamentales y había sufrido violaciones al debido proceso, incluidas limitaciones abusivas a su derecho a defenderse. Los expertos encontraron evidencia creíble de que, antes de su última detención, Castillo Pérez había sido arrestado más de 120 veces por participar en protestas y criticar al gobierno.
En febrero, un fiscal de La Habana solicitó que Castillo Pérez fuera condenado a 10 años de prisión por los delitos de “desorden público”, “difamación de instituciones nacionales, organizaciones, héroes y mártires de la patria”, “desacato” y “atentado .” Un documento judicial revisado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional indica que algunos cargos están relacionados con memes que Castillo Pérez publicó en Facebook criticando al presidente Díaz-Canel y otras autoridades cubanas. Otros cargos están relacionados con una protesta pacífica del 4 de abril de 2021 en La Habana, durante la cual un policía intentó detener a Castillo Pérez y un grupo de vecinos lo defendieron, impidiendo la detención.
Otero Alcántara, a quien Amnistía Internacional ha declarado preso de conciencia en varias ocasiones durante múltiples detenciones arbitrarias, se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.
El mismo documento judicial indica que el fiscal busca una pena combinada de siete años para Otero Alcántara. Está siendo acusado de “insultar a los símbolos patrios” por el uso de la bandera cubana en la pieza dramática Drapeau, en la que usó la bandera cubana o la llevó consigo las 24 horas del día durante un mes.
El fiscal también lo acusó de “desorden público” y “desacato” por reunirse con Castillo Pérez y otras personas durante la protesta del 4 de abril, por escuchar “Patria y Vida” en público y decir “palabras ofensivas” contra el Raúl Castro.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han tenido conocimiento de que las autoridades cubanas han ofrecido en repetidas ocasiones liberar a Castillo Pérez y Otero Alcántara a cambio de que abandonen el país indefinidamente, "una práctica histórica del gobierno cubano que se ha aplicado a otros críticos en los últimos meses, en violación del derecho a entrar en el propio país". Otero Alcántara ha rechazado públicamente la oferta. Las autoridades cubanas aparentemente se han retractado de su oferta a Castillo Pérez.
Nadie debería verse obligado a elegir entre abandonar su propio país o enfrentarse a cargos penales abusivos por los que, en primer lugar, no debería ser procesado ni encarcelado, dijeron Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
El enjuiciamiento contra Otero Alcántara y Castillo Pérez es parte de un patrón mucho más amplio de abusos sistemáticos contra artistas cubanos y otros críticos del gobierno y manifestantes. En los últimos años, las autoridades cubanas han encarcelado, procesado y exiliado a decenas de artistas cubanos, incluso del “Movimiento San Isidro” y el “27N”, que reúne a artistas, intelectuales y periodistas críticos con el gobierno.
Las autoridades cubanas también se han involucrado en detenciones arbitrarias y malos tratos a detenidos, y han llevado a cabo juicios masivos injustos, en su mayoría a puerta cerrada, en respuesta a las protestas antigubernamentales mayoritariamente pacíficas en julio de 2021. Decenas de manifestantes han sido condenados a penas de hasta 30 años. en prisión, en juicios en los que los fiscales frecuentemente los han acusado de delitos vagamente definidos, como “desorden público” y “sedición”.
Las autoridades cubanas deben retirar los cargos diseñados para silenciar la disidencia contra todos los manifestantes y críticos, dijeron Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En la medida en que avancen los juicios, las autoridades deben permitir la presencia de periodistas, observadores de derechos humanos y personal de embajadas extranjeras en Cuba, incluido el contra Otero Alcántara y Castillo, dijeron las organizaciones.
