Como partido-Estado, el partido comunista de Cuba tiene poder. No legitimidad. Si un grupo, política e ideológicamente autoconstituido como Estado, carece de respuestas propias en todos los ámbitos en los que intenta organizar a una nación, pierde entonces su capacidad de autojustificación: una de las expresiones de la legitimidad.
Su abandono constitucional del comunismo es toda una revelación del subconsciente ideológico, y un acto de inconsistencia moral. ¿Quién garantiza que ese mismo partido no abandone mañana la construcción del socialismo a favor de la construcción de un capitalismo que se diría de rostro humano? La conversión doctrinal, sin una deliberación previa con los implicados, en este caso más o menos un millón de militantes, debilita toda credibilidad ideológica.
Al asumir una versión minimalista de capitalismo social al lado de otra corporativa de capitalismo de Estado, este partido abre un abismo de contradicciones entre su legitimidad doctrinal y su pretensión de control total. La contradicción se hace bien clara cuando intenta cerrar el abismo a través de su reconocimiento constitucional, reafirmando al mismo tiempo el control total del partido-Estado, que está negando la mitad de su propia doctrina y su propia meta final. Ya es legítimo vivir contrario a los fundamentos de la ideología, (acumule un poco de riqueza, sin excesos) pero sigue siendo ilegítimo pensar, y organizar la convivencia, en contra de su otra mitad.
¿Cómo se expresa esta esquizofrenia? En el reconocimiento de la propiedad privada, junto a la reconfirmación del Artículo 5 de la Constitución, que garantiza el poder absoluto a un tipo de partido con un instrumental simbólico y práctico fundado en la negación misma de la propiedad privada, sin la cual (la negación) no nace ni tiene sentido un partido comunista.
¿Cuál es una de las consecuencias políticas de esta esquizofrenia?: el racismo de Estado. La reconsagración constitucional del Artículo 5 es racismo de Estado, no en términos estricta o directamente políticos, esto es, desde el punto de vista de la discriminación a otras opciones ideológicas. Tampoco desde una visión étnica o racial. Lo es en formas más esenciales: en su fundamento cultural.
Desde Michel Foucault, el intelectual francés que escribió ese magnífico texto con el título de "Vigilar y Castigar", se sabe que los racismos étnico y racial no son más que las manifestaciones de superficie del conjunto de contra-valores, concepciones y actitudes que fundamentan los sentimientos de distintividad y superioridad totales de unos grupos humanos sobre otros. Para lograr su hegemonía, ese conjunto de aberraciones necesita racionalizarse si quiere jerarquizar, normalizar y luego banalizar el poder total. Es precisamente la banalización lo que impide ver la naturaleza racista de toda hegemonía política no fundada en el voto, sino en las concepciones. De donde nace el racismo de Estado: la pretensión de organizar la política exclusivamente en torno a una específica visión del mundo, que se considera superior a la visión del mundo del resto de los mortales.
Los comunistas en Cuba, los que mandan, tienen, en toda la estructura de su catedral simbólica, ya sin su cúpula utópica, capacidades, legitimidades y derechos que no tienen el resto de los cubanos por causa justamente de la suya particular. Aquellos asumen la osadía incluso de condenar por posible traición a una sedicente patria socialista a todos los que crean se lo merecen, sin tomarse el trabajo serio de definir teóricamente qué entienden por socialismo, en un país en el que desde los padres fundadores sí se tiene claridad sobre los contenidos de una patria de solo dos adjetivos: cubana y orgullosa. ¿O es que se nace socialista en Cuba? Una noción que a lo largo de casi dos siglos ha cambiado tanto su ropaje y sus contenidos, no debería fijar por ley la identidad política de quienes forman parte por derecho de una nación. Por aquí la posibilidad del genocidio está garantizada difusa y constitucionalmente.
Pero el problema histórico agregado que aqueja a los comunistas pos 59, los que mandan, reitero, es que no lograron salidas simbólicas ni prácticas que fueran eficaces para resolver las viejas y nuevas tensiones de Cuba; más bien las han profundizado (los comunistas pre 59 tuvieron la decencia de reconocer el pluralismo y el pluripartidismo políticos en la Constitución de 1940 en la que activamente participaron). Sí lograron, sin embargo, capturar al Estado, establecer el subdesarrollo como elección y disolver la política de un modo que los expone en su desnudez racista frente al retorno de todo lo reprimido en Cuba: la religión, la cultura, el homosexualismo, la diversidad cultural, la pluralidad ideológica, las desigualdades, la marginación, el amor a la buena vida y el capitalismo; en un escenario de ocupación cultural desde el Estado por una tribu político-ideológica dominante en decadencia.
Lo violencia de esta dominación se cobija en la reafirmación e irrevocabilidad constitucionales de un vacío ideológico que ya no genera sentidos auténticos de pertenencia, así como en la deslegitimación cívica de otros valores que hoy ofrecen, por razones de identidad profunda, salidas simbólicas y prácticas a los cubanos. Claro que la dominación se actualiza en tiempos híbridos, endosando a José Martí en el Artículo 5, en un doble despropósito ético y cultural que intenta una confraternización entre Martí y Lenin. Algo bastante obsceno, por cierto.
El racismo es eso: hegemonizar, no por la vía de la competencia cívica entre valores distintos, sino por la postulación de una pretendida superioridad, prohibiendo a sistemas simbólicos diversos la participación en el espacio público: eso se llama pavimentación del nacional-socialismo cubano.
Modificado para peor, y cargado de términos duros que no invocan a la democracia, el Artículo 5 del proyecto de Constitución dice así: “El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista y marxista leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado…bla, bla, bla”. Un escándalo moral y un anacronismo cultural y sociológico, que acaba de perder su estación final, en pleno siglo XXI cubano.
Sin capacidad de integración simbólica, fundamento doctrinal coherente, conexión con la modernidad, capacidad para gestionar la pluralidad y diversidad ideológica y cultural, justificación económica, representación ciudadana, instrumentalidad y narrativa política propias, aprecio de la libertad, y valores educativos perdurables, el rey ideológico está desnudo. Pero sigue siendo voraz. Y asume su poder y legitimidad inapelables retrocediendo a la época de las monarquías absolutas, preconstitucionales, de mandato divino y del Estado soy yo, que obtienen su derecho al poder por una combinación entre su ejercicio tradicional, el control total de la palabra pública, los decretos contra la imaginación y su capacidad de castigo a la opinión organizada del resto de la sociedad. Podríamos acuñar para este fenómeno el término de partidoarquía: el partido por encima de todos, incluyendo la Constitución, dios, shangó, la estética y el cielo. Partidoarquía que otorga derechos cuando y si lo entiende.
Por ello, por su voracidad, cabría no confundir conceptualmente el programa constitucional de un partido, avanzado para sus propios estándares, con una Constitución, más allá de a lo que obligan la comunicación política y la economía del lenguaje. El parteaguas entre ambos pasa por la soberanía. Mientras que en el primero el partido es el soberano, en la segunda lo es el ciudadano. El primero puede adquirir estatus legal, es decir implicar obligatoriedad para los ciudadanos que no pertenecen al partido (a menos que más o menos seis millones de ciudadanos asuman la activa desobediencia ideológica y el castigo seguro del partido supremo), pero esto no convierte al programa en Constitución, toda vez que desconoce la soberanía primaria.
Después del referendo constitucional previsto, y si no incluye los derechos fundamentales, el conflicto entre ley fundamental y soberanía permanecerá, junto al conflicto entre elección y representación. Abriéndose una doble distancia: entre electores y presidencia y entre Constitución y soberano. El desafío es, pues, pasar de nuestra constitución soviética a una constitución cubana. Modificar el Artículo 5, reflejando los rostros plurales de Cuba, es la única garantía de ese pasaje fundamental. Y en una época en la que se agotan con buena fortuna las batallas épicas, la contienda narrativa, a la altura del ciudadano, está servida. Una de ganar-ganar.
Manuel Cuesta Morúa, @cubaprogresista
