La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy que los activistas en Latinoamérica están cada vez en mayor riesgo y pidió a los gobiernos que refuercen su protección y tomen medidas para evitar que la situación siga degradándose sin mencionar, como se ha hecho costumbre en ella, las graves violaciones a las libertades en Cuba.
En su primer pronunciamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que inauguró en Ginebra su último periodo de sesiones de este año, la nueva alta comisionada hizo especialmente énfasis en la situación de los defensores locales de los derechos humanos en esa región, donde están siendo víctimas de inusitada violencia.
Pese al cese del conflicto y a las perspectivas de paz que nacieron del acuerdo suscrito entre el Estado y la guerrilla comunista de las FARC, Colombia fue el país donde Bachelet reportó el número más elevado de homicidios de activistas.
Precisó que entre el 1 de enero y el 1 de septiembre pasados, su oficina registró el asesinato de 53 líderes de los derechos humanos en Colombia, mientras que otros 57 casos están en proceso de verificación.
En México, continuó, hubo ocho activistas asesinados en los primeros ocho meses de 2018, superando a las víctimas registradas durante todo el año pasado.
Muchos otros defensores de los derechos humanos que sobreviven,
sufren persecución judicial, denuncias abusivas, campañas de difamación, son vigilados, amenazados de muerte o sujetos a ataques, agregó.
Bachelet también denunció que muchos periodistas en México corren una suerte similar, con 12 asesinatos documentados en 2017 y ocho este año, más un desaparecido. El tercer país de la región por el que Bachelet expresó preocupación en este mismo ámbito fue Guatemala, con 12 asesinatos de activistas este año, comparados con ocho en 2017.
Sobre la situación en Guatemala, la alta comisionada consideró "deplorable" la decisión del gobierno de rescindir el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) e impedir la entrada al país de su responsable, Iván Velásquez. Esas medidas "ponen fin a un instrumento esencial de lucha contra la impunidad y la corrupción", denunció.
Sin embargo, extrañamente Bachelet prefirió para su primera presentación ante el Consejo de Derechos Humanos ofrecer una versión oral resumida de su discurso, cuya versión oficial de catorce páginas fue distribuida entre los
Estados miembros y la prensa. En ella se refiere a las crisis en Venezuela y Nicaragua, que ha costado unos 300 muertos a cusa de la represión sandinista, y a como la población está huyendo masivamente del primer país y, en menor medida, del segundo.
Pero, eso sí, criticó el anuncio reciente del Gobierno de Estados Unidos de que no respetará más una sentencia que limitaba a veinte días el periodo de detención de niños inmigrantes, al tiempo que denunció que unos 500 niños separados de sus padres por funcionarios estadounidenses no han sido aún devueltos a sus familias.
En esa cuerda la ex presidente socialista hizo caso omiso de la grave situación de derechos humanos, acoso, encarcelamientos y golpizas de sus defensores dentro de Cuba, especialmente las Damas de Blanco, con quienes no se reunió ni tampoco abogó durante su visita a Cuba en enero de este año aún como presidente de Chile.
