Una delegación del régimen comunista de Corea del Norte que busca llevarse el barco retenido con armas cubanas sin declarar tendrá que pagar antes una multa al Canal de Panamá para poder mover la embarcación, informaron fuentes jurídicas panameñas.
La misión de siete representantes norcoreanos, que arribó a inicios de esta semana, se reunió el miércoles con autoridades del Canal de Panamá para hablar de la sanción de 1 millón de dólares impuesta al buque, dijo por teléfono a The Associated Press el abogado de los tripulantes norcoreanos, Julio Berríos.
El asesor jurídico del canal, Alvaro Cabal, señaló previamente a la AP que el barco no puede zarpar de aguas panameñas hasta que los propietarios resuelvan lo de la multa.
El objetivo de la misión era llevarse de vuelta el barco a Corea del Norte en los próximos días, así como a 32 de los 35 miembros de la tripulación que serán liberados después de que una investigación de varios meses estableció que no tenían conocimiento de la carga, dijo Tomás Cabal, director de la Unidad de Análisis Antiterrorista de la Cancillería panameña.
La sanción del canal fue impuesta meses después de que el Chong Chon Gang fue retenido en julio en aguas del Caribe, cuando se disponía a cruzar la vía con rumbo al Pacífico, con las armas cubanas ocultas en contenedores y bajo toneladas de azúcar.
De acuerdo con las autoridades canaleras, el buque infringió normas de seguridad al no declarar que transportaba material bélico peligroso.
Berríos aseguró que los miembros de la misión norcoreana están en desacuerdo con la sanción.
"No van a pagar eso; lo consideran injusto", señaló.
El gobierno panameño desea resolver pronto la situación del barco y de la tripulación, por lo que aprobó que la misión norcoreana permaneciera siete días hábiles y tuvieran el tiempo necesario para resolver el caso.
Berríos se quejó de que no había podido tener acceso al expediente del caso. Los tripulantes, detenidos preventivamente en una base aeronaval panameña en el Caribe, son investigados por el supuesto delito de tráfico de armas.
Una fiscalía especializada en crimen organizado, adonde fue remitido el caso la semana pasada, debe resolver la situación jurídica de los tripulantes. Sin embargo, funcionarios del gobierno coinciden en señalar que 32 de los tripulantes no tenían conocimiento de la carga y que serán liberados.
Al capitán del barco, el segundo oficial en mando y un funcionario que vigilaba a la tripulación se les seguirá el proceso judicial, agregan.
"Ellos sabían de la carga", manifestó Tomás Cabal.
Panamá consideró que el incidente violó el embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas a Corea del Norte, aunque el organismo aún no ha informado sobre una investigación que realizaron expertos que dan seguimiento al embargo durante una visita en agosto.
Cuba dijo que las armas eran antiguas, que serían reacondicionadas en Corea del Norte y luego devueltas a la isla, pero funcionarios panameños aseguraron que aviones de combate MiG y motores para este tipo de aeronaves incautados estaban operativos. Además, en la carga se encontraron explosivos utilizables, de los que La Habana no había hecho referencia.
El canciller Fernando Núñez Fábrega ha dicho que las armas y el azúcar seguirán en custodia de las autoridades.
La misión de siete representantes norcoreanos, que arribó a inicios de esta semana, se reunió el miércoles con autoridades del Canal de Panamá para hablar de la sanción de 1 millón de dólares impuesta al buque, dijo por teléfono a The Associated Press el abogado de los tripulantes norcoreanos, Julio Berríos.
El asesor jurídico del canal, Alvaro Cabal, señaló previamente a la AP que el barco no puede zarpar de aguas panameñas hasta que los propietarios resuelvan lo de la multa.
El objetivo de la misión era llevarse de vuelta el barco a Corea del Norte en los próximos días, así como a 32 de los 35 miembros de la tripulación que serán liberados después de que una investigación de varios meses estableció que no tenían conocimiento de la carga, dijo Tomás Cabal, director de la Unidad de Análisis Antiterrorista de la Cancillería panameña.
La sanción del canal fue impuesta meses después de que el Chong Chon Gang fue retenido en julio en aguas del Caribe, cuando se disponía a cruzar la vía con rumbo al Pacífico, con las armas cubanas ocultas en contenedores y bajo toneladas de azúcar.
De acuerdo con las autoridades canaleras, el buque infringió normas de seguridad al no declarar que transportaba material bélico peligroso.
Berríos aseguró que los miembros de la misión norcoreana están en desacuerdo con la sanción.
"No van a pagar eso; lo consideran injusto", señaló.
El gobierno panameño desea resolver pronto la situación del barco y de la tripulación, por lo que aprobó que la misión norcoreana permaneciera siete días hábiles y tuvieran el tiempo necesario para resolver el caso.
Berríos se quejó de que no había podido tener acceso al expediente del caso. Los tripulantes, detenidos preventivamente en una base aeronaval panameña en el Caribe, son investigados por el supuesto delito de tráfico de armas.
Una fiscalía especializada en crimen organizado, adonde fue remitido el caso la semana pasada, debe resolver la situación jurídica de los tripulantes. Sin embargo, funcionarios del gobierno coinciden en señalar que 32 de los tripulantes no tenían conocimiento de la carga y que serán liberados.
Al capitán del barco, el segundo oficial en mando y un funcionario que vigilaba a la tripulación se les seguirá el proceso judicial, agregan.
"Ellos sabían de la carga", manifestó Tomás Cabal.
Panamá consideró que el incidente violó el embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas a Corea del Norte, aunque el organismo aún no ha informado sobre una investigación que realizaron expertos que dan seguimiento al embargo durante una visita en agosto.
Cuba dijo que las armas eran antiguas, que serían reacondicionadas en Corea del Norte y luego devueltas a la isla, pero funcionarios panameños aseguraron que aviones de combate MiG y motores para este tipo de aeronaves incautados estaban operativos. Además, en la carga se encontraron explosivos utilizables, de los que La Habana no había hecho referencia.
El canciller Fernando Núñez Fábrega ha dicho que las armas y el azúcar seguirán en custodia de las autoridades.
