Justo cuando el expediente pasaba la escandalosa suma de 42 procesados, el vicefiscal general de la República de Cuba, Carlos Raúl Concepción Rangel, ordenó silenciar el caso y esconderlo bajo el trillado manto de "carácter secreto" porque –según fuentes de la Fiscalía– se espera que el número de comprometidos aumente.
La investigación se filtró, algunos de los implicados se la dejaron en los callos y se largaron del país y otros están escondidos en lugares insospechados; para ellos, hay alerta fronteriza y orden de búsqueda y captura.
Ante una emergencia así, y aún sin terminar el proceso, están sacando a los acusados del centro de instrucción 100 y Aldabó. Las mujeres, para la prisión de occidente El Guatao (conocida como Manto Negro), los hombres para Valle Grande o para el Combinado del Este. Los cómplices VIP, debido a su condición natural de ciudadanos de primera clase, se les envía a sus casas y se les pide low profile hasta poder sacarlos del expediente o, al menos, silenciar la complicidad en una causa que va pintando tumultuaria.
Es cierto que las quejas de la población iban en aumento, por la ausencia de cerveza patria en los mercados cubanos. No había cerveza nacional en ningún restaurante ni establecimiento estatal, tampoco en las tiendas TRD, en los llamados Rápidos ni en Ditú.
El Ministerio de Comercio Exterior encara pleitos de distribuidores internacionales por el frecuente incumplimiento de compromisos contractuales.
Los litigios se refieren a la no entrega de Cristal y Bucanero; pero la casa matriz, Cervecería Bucanero S.A., asegura estar cumpliendo sus planes de producción y satisfaciendo pedidos sin reportar robo ni pérdida.
Todos preguntan lo mismo: "¿A dónde va esa cerveza que, misteriosamente, sale de la fábrica, se paga, y no llega al circuito estatal?
Los indicios señalan en una sola dirección: los restaurantes privados, los bares particulares y otros establecimientos de iniciativa cuentapropistas.
La investigación comenzó a finales del pasado agosto, cuando un par de inspectores, letales y certeros como buen francotirador, hicieron blanco en un camión de Cervecería Bucanero S.A que, con frecuencia semanal, descargaba mercancía en una paladar ubicada en la carretera Pinar del Río-La Habana.
Inconexo pero cierto porque, aunque el Gobierno asegura impulsar la iniciativa privada, la prensa repite el embuste y muchos despistados lo creen, existe una regulación que prohíbe a los cuentapropistas comprar los insumos que utilizan en sus negocios privados, directamente a las empresas (ya sean nacionales o extranjeras); sólo pueden comprar en sucursales de venta, o sea, en las tiendas.
Efectivos del MININT, como parte del proceso de recogida de datos y elementos de convicción para documentar el caso de investigación, y cometiendo un acto de molestia al ciudadano, registran la casa de uno de los jefes de almacén de Bucanero y –según cuenta el expediente en fase investigativa– "en un cuarto (de fambá), dentro de una caja fuerte, la policía confiscó 82.000 CUC y tres listas, una con nombres de vendedores de a quienes se les debía pagar comisión, otra de funcionarios de Palco y Habaguanex, y otra con direcciones para distribuir mercancía".
Se añaden presos a la lista, se amplía la investigación; y crece la ira de quienes organizan el caso porque, aún cuando los implicados se encuentran frente a un "hecho consumado" y en estado de indefensión; es algo difícil de conceptuar porque se las ingeniaron para recurrir a métodos de compra-venta tan poco convencionales que ni siquiera califican como actos delictivos.
Los cuentapropistas entregaban el dinero a funcionarios de las empresas estatales Palco y Habaguanex; y estos emitían, a Cervecería Bucanero S.A., una factura de pago (no falsificada) con el monto de la mercancía junto a un pedido oficial.
Bucanero tenía que entregar, y entregaba. De manera que, vendedores y compradores estuvieron violando las reglas, sí; pero no la ley. Y, en lugar de ser juzgados por un hecho de corrupción, deberían ser premiados por la genial solución.
