El año 2013 comienza con la misma tendencia del régimen a continuar su búsqueda de reconocimiento internacional como dictadura “aceptable”. La anunciada visita de Raúl Castro a Santiago de Chile para la Cumbre CELAC-Unión Europea es muestra evidente de que el régimen se siente confiado en este sentido. La presencia del neodictador cubano será una prueba de ensayo y a la misma vez colofón de todos los esfuerzos emprendidos en el 2012, para disfrazarlo con un barniz de “estadista pragmático”, y actor “confiable” en el escenario político internacional.
El camino hacia esta cumbre ha sido largo y tortuoso, y el “asunto Carromero” tiene sus vínculos con esta realidad. La puerta del castrismo hacia la UE se abre por España, y más allá de la Posición Común, el punto de mira del régimen parece estar enfocado primero en esta cumbre, para comenzar a posicionarse dentro del marco europeo y entonces desde allí minar la PC con acuerdos bilaterales.
En este sentido, la posición del Gobierno español hacia Cuba es clave para allanar la ruta, de ahí la resonancia de los comentarios del canciller español José Manuel García Margallo, al declarar que el proceso contra Carromero en Cuba fue “procesalmente impecable”. La reciente petición de Esperanza Aguirre sobre una investigación internacional sobre la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero, carece totalmente de sentido en este escenario.
Con independencia de lo que pida la expresidenta de la Comunidad de Madrid por el gobernante Partido Popular, las realidades concretas del caso no requieren de una investigación internacional, sino más bien de una investigación “nacional”, dentro de España, puesto que el principal testigo y protagonista es español y se encuentra en suelo ibérico, bajo la legislación española.
Súmese a esto las revelaciones de Carlos Payá sobre el intento de soborno a la familia Payá por parte del ministerio de Asuntos Exteriores de España, y las informaciones del diario digital madrileño Zoom News, sobre el pago de 3 millones de dólares a funcionarios cubanos y la firma de documentos de compromiso del embajador español en Cuba. Ya no se trata de averiguar qué pasó en Bayamo el día del accidente, todo el que tenga un mínimo de entendimiento lo sabe. Lo que se desconoce es la madeja de acuerdos y compromisos tejidos entre los gobiernos de Cuba y España para ocultar lo ocurrido.
Llamar a una investigación internacional en este momento es como gritar “¡Al ladrón!”, tras robarse una manzana en el mercado. El asunto ahora mismo está más allá de cualquier retórica, es hora de llamar las cosas por su nombre. Quienes tratan de robar la verdad de lo que sucede hoy en España son cómplices de quienes le robaron la vida a Oswaldo Payá y Harold Cepero en Cuba. La claridad, y no la caridad, comienza por casa.
El camino hacia esta cumbre ha sido largo y tortuoso, y el “asunto Carromero” tiene sus vínculos con esta realidad. La puerta del castrismo hacia la UE se abre por España, y más allá de la Posición Común, el punto de mira del régimen parece estar enfocado primero en esta cumbre, para comenzar a posicionarse dentro del marco europeo y entonces desde allí minar la PC con acuerdos bilaterales.
En este sentido, la posición del Gobierno español hacia Cuba es clave para allanar la ruta, de ahí la resonancia de los comentarios del canciller español José Manuel García Margallo, al declarar que el proceso contra Carromero en Cuba fue “procesalmente impecable”. La reciente petición de Esperanza Aguirre sobre una investigación internacional sobre la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero, carece totalmente de sentido en este escenario.
Con independencia de lo que pida la expresidenta de la Comunidad de Madrid por el gobernante Partido Popular, las realidades concretas del caso no requieren de una investigación internacional, sino más bien de una investigación “nacional”, dentro de España, puesto que el principal testigo y protagonista es español y se encuentra en suelo ibérico, bajo la legislación española.
Súmese a esto las revelaciones de Carlos Payá sobre el intento de soborno a la familia Payá por parte del ministerio de Asuntos Exteriores de España, y las informaciones del diario digital madrileño Zoom News, sobre el pago de 3 millones de dólares a funcionarios cubanos y la firma de documentos de compromiso del embajador español en Cuba. Ya no se trata de averiguar qué pasó en Bayamo el día del accidente, todo el que tenga un mínimo de entendimiento lo sabe. Lo que se desconoce es la madeja de acuerdos y compromisos tejidos entre los gobiernos de Cuba y España para ocultar lo ocurrido.
Llamar a una investigación internacional en este momento es como gritar “¡Al ladrón!”, tras robarse una manzana en el mercado. El asunto ahora mismo está más allá de cualquier retórica, es hora de llamar las cosas por su nombre. Quienes tratan de robar la verdad de lo que sucede hoy en España son cómplices de quienes le robaron la vida a Oswaldo Payá y Harold Cepero en Cuba. La claridad, y no la caridad, comienza por casa.