El periodista independiente Luis Cino comenta en el semanario Primavera Digital que como todas las medidas del gobierno de Raúl Castro, el Decreto-Ley 288, que legaliza la compra y venta de casas, ha creado más revuelo entre los cubanólogos y la prensa extranjera que entre los propios cubanos.
¿La razón? Pues que la mayoría de los isleños no ingresan suficiente dinero para siquiera soñar con comprar alguna de las más baratas. Cino calcula que cualquier “pocilga” se cotizará en unos 3 mil CUC, pero el blog Café Fuerte publicó una muestra de las ofertas del flamante mercado inmobiliario cubano, recogidas por las webs no autorizadas de clasificados Revolico y Cubísima:solamente dos están por debajo de los 20 mil CUC, una por 5 mil 700 y otra por 7 mil 500 pesos convertibles.
Anticipa el colega de Primavera Digital que para costearse una vivienda ahora que se permite la compraventa habrá que robar, estar vinculado a una empresa mixta, tener un negocio de envergadura o recibir remesas fuertes de los parientes en el exterior. Quienes no figuren en estos grupos –agrega-- no lograrán reunir la cantidad necesaria en toda una vida de trabajo de sol a sol.
Definitivamente –se lamenta Cino-- llegamos demasiado tarde al respeto al derecho de propiedad, y ahora no hay forma de que tal derecho rime con las necesidades habitacionales y el hacinamiento de la población.
El autor apunta que con el Decreto Ley 288 el gobierno cubano sólo ha legalizado lo que ya existía por la izquierda y escapaba a su control. Y como siempre, tratará de sacar provecho.
Desde el punto de vista financiero y del control de la corrupción, la medida conviene a las autoridades. En su blog Cartas desde Cuba dice el corresponsal de la BBC en La Habana, Fernando Ravsberg: “Al ‘blanquear’ la compraventa se legalizarán cinco décadas de transacciones clandestinas y el dinero que se llevaban los funcionarios corruptos se convertirá en impuestos”.
Otra de las ventajas para el gobierno la ve en términos macroeconómicos el historiador cubano exiliado Rafael Rojas. En un artículo publicado por El País de Madrid, Rojas prevé que la compraventa de casas y automóviles aumentará la liquidez del mercado interno cubano, al poner a circular considerables cantidades de dinero, que eventualmente se desplazarían a la inversión en pequeñas y medianas empresas. Así se generaría una cantidad de nuevos empleos capaz de absorber a los cientos de miles de trabajadores estatales despedidos; de consolidar el sector no estatal, y de producir un crecimiento sostenido.
A ese proceso contribuye el hecho de que de la noche a la mañana las casas han dejado de ser una propiedad cuyo única utilidad es habitarlas, para convertirse en bienes activos. Como observa en Café Fuerte Wilfredo Cancio Isla, “la promulgación de la ley ha sido vista por muchos cubanos como una opción para tratar de conseguir una significativa suma de dinero y reacomodar sus vidas a partir del valor potencial de sus propiedades”. Cancio pone el ejemplo de una pareja de la tercera edad que planea vender en unos 250 mil dólares su vivienda de cuatro cuartos situada en La Víbora, para comprar un apartamento de una sola alcoba en Playa, cerca de uno de sus hijos.
Rojas anticipa en El País que los dos decretos de compraventa de bienes de alto valor de mercado, complementados por una Ley Migratoria que elimine las trabas actuales a la entrada y salida del país, y fomente la captación de remesas, formalizarían la acumulación originaria del nuevo capital cubano.
Pero esta capitalización, dice el articulista, está concebida para dotar de poder económico a unos sujetos y mantener en la exclusión o en un estatus subalterno a otros. O sea, capitalismo sin democracia, ya que las reformas “han sido ideadas para garantizar la sobrevida de esa élite como estamento privilegiado (…) por medio de un régimen postotalitario o autoritario, que depende de la restricción de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía”.
Volviendo a Luis Cino, el veterano periodista independiente dice no querer ser el aguafiestas, y reconoce como ventajas colaterales del Decreto-ley 288 la eliminación en las transacciones de los que llama “burócratas mafiosos de la Dirección de Viviendas con sus robos, extorsiones, trapicheos y cambalaches”. Y la desaparición de las “abusivas confiscaciones” de las casas de quienes abandonan el país.
En cuanto a la gran mayoría de cubanos que viven en un cuchitril, si es que tienen donde vivir, concluye diciendo Luis Cino que tendrán que seguir --como en aquella balada de Pinno Donaggio en el festival de San Remo de 1966, “Una casa en la cima del mundo”– soñando con “una casa, allá en el cielo...”.