Las autoridades chinas de la Región Autónoma del Tíbet (RAT) enjuiciaron a cuatro monjes que recibieron hasta 20 años de prisión por delitos cuestionables, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las sentencias reflejan la creciente presión sobre los funcionarios locales para restringir las comunicaciones en línea y castigar la expresión pacífica como una amenaza a la seguridad.
El informe de 61 páginas, “Persíganlos con un poder implacable’: la represión china contra el monasterio de Tengdro y las restricciones a la comunicación en el Tíbet”, detalla, por primera vez, la represión por parte del gobierno contra los monjes tibetanos del poco conocido monasterio de Tengdro.
En septiembre de 2019, la policía de Lhasa, la capital tibetana, encontró mensajes privados en un teléfono móvil perdido que era propiedad de Choegyal Wangpo, un monje tibetano. Éste había intercambiado varios mensajes con monjes tibetanos que viven en Nepal, incluyendo registros de donaciones tras el terremoto de Nepal de 2015. La policía respondió con una redada en el monasterio que se saldó con múltiples detenciones, un suicidio y, en 2020, un juicio secreto a cuatro monjes.
“Las sentencias sin precedentes de los monjes de Tengdro reflejan una ‘tormenta perfecta’ en el Tíbet”, dijo Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch. “La suposición del gobierno chino de que las monjas y los monjes tibetanos son agitadores en potencia, el refuerzo de la seguridad en las fronteras y el aumento de las restricciones a las comunicaciones en línea y a las donaciones religiosas se combinaron para crear un escandaloso error judicial”.
Los cuatro monjes – Choegyal Wangpo, Lobsang Jinpa, Norbu Dondrup y Ngawang Yeshe – recibieron condenas de 20, 19, 17 y 5 años respectivamente, a pesar de que el envío de mensajes al extranjero o la realización de donaciones humanitarias no infringen la legislación china.
Human Rights Watch se basó en entrevistas con tibetanos fuera de China, medios de comunicación oficiales, incluidas las redes sociales, y la cobertura de medios de comunicación en el exilio para examinar las circunstancias que llevaron a la redada y los factores que podrían explicar la severidad del castigo impuesto a los monjes de Tengdro.
En octubre de 2020, poco después de la condena de los monjes de Tengdro, Human Rights Watch informó de la detención de dos personas tibetanas por enviar remesas a sus familiares en la India. Una de ellas murió a causa de las heridas infligidas durante la detención.
Desde entonces, los medios de comunicación tibetanos de fuera de China han informado de reuniones celebradas por funcionarios locales, tanto en la región autónoma del Tíbet como en otras zonas tibetanas, para amenazar a los residentes para que no se pongan en contacto con familiares fuera de China.
Las autoridades también detuvieron y golpearon a internautas tibetanos por publicaciones que las autoridades consideran que “ponen en peligro la seguridad nacional”. El caso de los monjes de Tengdro demuestra el modo arbitrario y extremo en que están aplicando las restricciones a las comunicaciones en línea en todas las zonas tibetanas.
Los monjes encarcelados deberían ser liberados inmediatamente, y los gobiernos interesados y las Naciones Unidas deberían presionar al gobierno chino para que respete los derechos humanos de los ciudadanos del Tíbet, señaló Human Rights Watch.
Estas recomendaciones se hacen eco del llamamiento realizado en junio de 2020 por 50 expertos en derechos humanos de la ONU para que se establezca un mecanismo permanente de supervisión de China en la ONU.
“El horrible tratamiento de los monjes de Tengdro apunta a la presión que ejerce el gobierno chino sobre los funcionarios del Tíbet para que encuentren y castiguen los casos de subversión política, incluso si la supuesta subversión es producto de su imaginación”, señaló Richardson.
