Un nuevo informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) revela que las violaciones a la libertad de religión y creencia en Cuba se multiplicaron por 10 en 2015 con respecto al año anterior, en el contexto de una ofensiva sin precedente contra las iglesias a lo largo del espectro de las denominaciones religiosas.
Las cifras recopiladas por CSW arrojan 2.300 violaciones en el período, comparadas con 220 en 2014. Muchos incidentes implicaron a iglesias enteras o, en el caso de las detenciones, a decenas de víctimas.
El incremento de casos se debió a que el Gobierno declaró ilegales 2.000 iglesias de la denominación pentecostal Asambleas de Dios, ordenó el cierre o la demolición de un centenar de templos en tres provincias y la confiscación de las propiedades de otras denominaciones, como las Convenciones Metodista y Bautista, como confirmó a Martí Noticias la secretaria de Prensa de CSW, Kiri Kankhwende.
Grupos religiosos legalmente registrados y no registrados en todo el espectro de las denominaciones reportaron diversos grados de hostigamiento por parte del Gobierno.
Según el informe, "la relación invariablemente antagónica entre Caridad del Rosario Diego Bello, directora de la Oficina de Asuntos Religiosos (OAR) –un brazo del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) que supervisa estos asuntos en la isla–, y el liderazgo de muchos grupos religiosos, es una prueba de que la oficina solamente existe para vigilar, obstaculizar y restringir las actividades de los grupos".
En 2015, la OAR siguió denegando la autorización para una serie de actividades de culto y, en cooperación con otros organismos del Gobierno, impuso multas y amenazó con la confiscación a decenas de iglesias y organizaciones religiosas. La Oficina también dispuso la expropiación arbitraria de propiedades eclesiásticas históricas y registradas, así como las medidas contra las congregaciones de las Asambleas de Dios.
El informe de CSW también destaca el empleo de "tácticas más brutales y abiertas" que las observadas en la primera década del milenio por parte de los agentes del Gobierno:
"Semana tras semana, agentes de Seguridad del Estado arrastraron literal y violentamente a veintenas de mujeres (para impedir su participación) en servicios religiosos dominicales. El Gobierno continuó empleando una estrategia de frecuentes y arbitrarias detenciones temporales contra personas que percibe como disidentes políticos.
Esta táctica se aplica también a líderes religiosos a quienes las autoridades consideran, por cualquier razón, problemáticos. Por primera vez en cuatro años, un líder de una iglesia (el pastor habanero Jesús Noel Carballeda) fue condenado a seis meses de prisión, sentencia que cumplió,
por celebrar servicios religiosos no autorizados".
El informe toma nota de que ante la intensa presión, muchos cristianos están participando en protestas pacíficas, como ocurrió en el caso del intento de demolición de una iglesia de las Asambleas de Dios en Santiago de Cuba, en noviembre de 2015, que fue frustrado cuando fieles locales protagonizaron una sentada pacífica en el edificio.
El 8 de enero de 2016, una operación gubernamental a gran escala comprendió las detenciones de varios líderes de la iglesia y el bloqueo de sus dispositivos de comunicaciones mientras se demolían dos templos, posiblemente para impedir una protesta similar. Ambas propiedades pertenecían al Movimiento Apostólico, una red no registrada de iglesias protestantes.
El análisis de CSW sugiere que el Gobierno cubano está tratando de anular la agitación social potencial reprimiendo a todos los grupos que están abogando, o podrían abogar, por reformas sociales y políticas junto a las limitadas reformas económicas introducidas en el país.
El presidente ejecutivo de CSW, Mervyn Thomas, asegura que CSW no utiliza a la ligera el término "sin precedentes" para referirse a las violaciones de la libertad de religión o de creencia en Cuba en el año 2015 y afirma:
"Está claro que a pesar de las promesas de reforma, el Gobierno está determinado a mantener un férreo control sobre la sociedad civil, incluidas las iglesias. Encomiamos la valentía de los grupos religiosos que han hablado públicamente para denunciar estas violaciones y para reclamar que se respete el derecho a la libertad de religión y de creencia. Instamos a la comunidad internacional a que se solidarice con ellos, y pida cuentas a Cuba por estas violaciones de los Derechos Humanos".
