Un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “manifiesta preocupación por condenas penales por desacato en Cuba, seguida de prisión, dictada en Cuba contra el doctor en Ciencias Biológicas, Ariel Ruiz Urquiola, por el delito de desacato, la que se suma a la condena de Eduardo Cardet Concepción, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), quien permanece hace más de un año en prisión”.
Según el documento, la Relatoría Especial “observa con preocupación que la utilización en Cuba del delito de desacato en estos casos no constituye un hecho aislado”, destacando que en la isla “el derecho penal y el delito de desacato son utilizados como mecanismos de responsabilidades ulteriores en perjuicio de personas que difunden ideas, opiniones e informaciones críticas hacia el gobierno”.
Advierten además que el “recrudecimiento en la criminalización de académicos, periodistas, artistas y activistas” por criticar a funcionarios del régimen cubano. “En muchos de estos casos, los procesos suponen la privación de libertad inmediata de quienes expresan opiniones, información, o crítica, sobre temas de interés público, o que refieren a funcionarios del gobierno”, destaca CIDH.
Un detalle informe del proceso contra Ruiz Urquiola recalca que el científico cubano fue condenado en juicio sumario por desacato y la decisión confirmada días después por la “Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río”. Y liberado el 3 de julio con “licencia extrapenal” por motivos de salud tras mantener una huelga de hambre de 16 días, recuerda la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
También destaca el informe que Martha Sánchez González, miembro de las Damas de Blanco se encuentra detenida desde marzo de 2018, acusada de desobediencia y desacato. En igual sentido se refieren al caso de Eduardo Cardet Concepción, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), condenado en marzo de 2017 por el delito de atentado contra la autoridad.
Reconocen que “en la mayoría de los Estados de las Américas el delito de desacato por ofensas ha sido eliminado de la legislación penal” o se han derogado o modificado las leyes que criminalizan la difamación de funcionarios públicos. Por ese motivo hacen un llamamiento al “Estado cubano a adecuar su marco jurídico a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”.
Recuerdan a La Habana que “el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
