CARACAS - Venezuela acentuó el "deterioro" en las garantías a la prensa con la llegada de la pandemia de coronavirus, lo que se traduce en un mayor "hostigamiento" a los reporteros durante la cobertura de jornadas de vacunación, e incluso, por publicar verificación de datos sobre las cifras de pacientes y fallecidos por la enfermedad, advirtió el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, durante un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera en el país (APEX).
Algunas de las vías para mantener alejados a los comunicadores de su labor de cotejar las informaciones oficiales son, según Vaca, confiscar equipos, borrar grabaciones o detenerlos arbitrariamente, factores por los que Venezuela permanece entre los países donde es "delicado" ejercer la libertad de expresión.
"Las autoridades, con frecuencia, cuando ven a la prensa, no están viendo a un actor al que quieran abrazar democráticamente, sino a una suerte de enemigo", sostuvo Vaca, abogado especialista en derecho constitucional.
El relator advirtió que funcionarios del Estado venezolano mantienen "declaraciones estigmatizantes" hacia los periodistas, lo que "anima a los seguidores de las autoridades a que tomen acciones denigrantes en contra de la prensa", dijo Vaca. Añade que miembros de poderes públicos "sin mayor evidencia y sin mayor prueba" señalan a trabajadores de la prensa con actividades ilegales.
"A más poder dentro del Estado, menor tolerancia a la crítica y más interés de que cualquier contenido negativo sea claramente sancionado", puntualizó.
El relator especial de la CIDH alertó que esas acciones tienen consecuencias entre los reporteros. "Muchos periodistas pueden estar preguntándose dos veces antes de publicar una información de interés público. Pueden estar sabiendo más cosas de las que se sienten con libertad de decir y eso es autocensura", alertó.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro, ha acusado a algunos periodistas venezolanos de constituir lo que califica como "canalla mediática", destinada a construir un entramado de mentiras en contra de su gobierno.
Mientras, la CIDH insiste en que hay elementos que elevan la preocupación de los organismos multilaterales como el asesinato, en 2020, de los comunicadores del medio comunitario La Guacamaya, Andrés Eloy Nieves y Víctor Torres, en Cabimas, estado Zulia "en circunstancias que no han sido esclarecidas", así como también, la detención arbitraria durante horas de los reporteros de NTN24 Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, mientras cubrían el desplazamiento de ciudadanos entre Apure (Venezuela) y Arauquita (Colombia), el 31 de marzo de este año.
Vaca indicó, además, que el monto de 30,5 millones de dólares que debe pagar el diario El Nacional por supuesto "daño moral" al diputado chavista Diosdado Cabello "es casi un anuncio de extinción y una censura simbólica".
