La Comisión de Investigación de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Siria ha emitido un informe que concluye que, "el 4 de abril, en el marco de una campaña aérea (...) las fuerzas aéreas sirias utilizaron gas sarín" lo que "constituye (un) crimen de guerra".
En su decimocuarto informe sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos en Siria entre el 1 de marzo y el 7 de julio, la Comisión de la ONU señala que "un avión Sukhoi 22 (Su-22) llevó a cabo cuatro ataques aéreos en Jan Shijún a las 06:45 hora local".
"Solo fuerzas sirias operan este tipo de avión", afirma la Comisión sobre el ataque, en el que murieron 83 personas, entre ellas 28 niños y 23 mujeres, y resultaron lesionadas otras 293, incluidos 103 menores.
En la zona fueron encontrados fragmentos de la bomba y, aunque la Comisión no ha podido determinar el tipo exacto de arma química utilizado, "las partes (halladas) son coincidentes con bombas de gas sarín producidas por la antigua Unión Soviética, en la clase de bombas de 250 kilogramos, que contendrían aproximadamente 40 kilogramos de sarín, dependiendo de la munición utilizada".
Esta Comisión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, nunca obtuvo autorización de Damasco para visitar Siria, pero los investigadores recogieron miles de testimonios de víctimas, documentos y fotos tomadas por satélites.
Para establecer la autoría de este ataque, el órgano presidido por el brasileño Paulo Sérgio Pinheiro e integrado también por la estadounidense Karen Abuzayd, se ha apoyado en 43 entrevistas a testigos, víctimas, personal médico, personas que visitaron el lugar después del ataque, imágenes de satélite, fotografías de restos de la bomba y vídeos de afectados que muestran los síntomas.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) ya ha dicho que las víctimas "habían sido expuestas a gas sarín o una sustancia parecida al sarín", pero no ha señalado aún al autor.
El mecanismo conjunto de investigación de la OPAQ y de la ONU, independiente de la citada Comisión, espera poder identificar este otoño boreal al responsable del ataque.
Pinheiro señaló en rueda de prensa en Ginebra que, con los hallazgos de la Comisión, queda "excluida" la versión rusa de que la Fuerza Aérea siria atacó un depósito terrorista que casualmente contenía municiones químicas.
El coordinador de la Comisión, James Rodehaver, explicó que, si ese hubiera sido el caso, el gas sarín "se habría quemado en su mayoría dentro del edificio y no hubiera creado una nube tóxica" que se desplazó entre 300 y 600 metros desde el punto de impacto.
La versión rusa además no cuadra con las horas del ataque y la exposición al gas, añadió.
La criminal acción desató una respuesta militar de Estados Unidos contra la base de donde salió el Su-22, que pudo ser rastreado por los radares estadounidenses.
También hubo otros tres ataques con armas químicas por parte de las fuerzas gubernamentales entre marzo y julio: en Al Latamna, en Guta Oriental, y en la gobernación de Damasco, en los que se empleó cloro gaseoso.
En cuanto a la coalición internacional liderada por EEUU, la Comisión acusa en su informe a Washington de haber "violado la ley internacional humanitaria" cuando atacó en marzo en Al Yina un edificio adyacente al centro de oración de una mezquita.
Según Pinheiró, Washington "falló a la hora de proteger con todos los medios viables a los civiles y a un lugar protegido".
En el ataque aéreo fallecieron 38 personas, entre ellos una mujer y cinco niños, según la Comisión de la ONU.
"Consideramos que no se hizo una evaluación adecuada del objetivo (militar), particularmente teniendo en cuenta que fue identificado tres días antes", dijo Pinheiro, quien sostuvo además que la Comisión "no encontró ninguna evidencia de que tuviera lugar tal reunión de Al Qaeda" como alegó el Mando Central de EEUU.
Otra preocupación de la Comisión en su informe de hoy es que las treguas locales provocaron evacuaciones obligatorias que equivalen al "crimen de guerra del desplazamiento forzado", como fue el caso en Madaya y Barze, Fua y Kefraya o Tishrín y Al Qabún.
También detectó un "patrón" de ataques intencionados contra minorías religiosas y la toma de rehenes de ese grupo poblacional por parte de grupos armados y de terroristas.
Pese a todo, Pinheiro expresó hoy su esperanza de que el trabajo de la Comisión, que tiene una lista confidencial de posibles autores de los crímenes cometidos en Siria, "pueda ayudar" al nuevo mecanismo de la ONU dirigido por la jueza francesa Catherine Marchi-Uhel.
Esa entidad debe reunir las pruebas para preparar un caso que pueda ser utilizado por un fiscal o juez de instrucción para juzgar en el futuro las atrocidades perpetradas en Siria.
En una de las primeras reacciones al informe, la organización no gubernamental Human Rights Watch manifestó que"tanto el Consejo de Seguridad de la ONU como la OPAQ deberían tomar medidas concretas a fin de incrementar la presión sobre el gobierno sirio para que cese el uso de armas químicas y para juzgar a los responsables".
(Con información de EFE y AFP)
