El Tribunal Municipal de Banes, en Holguín, dejó concluso para sentencia el juicio al activista Leandro Pupo Garcés al que la fiscalía pidió cuatro años de trabajo correccional con internamiento, por el delito de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, por “ofender y desacreditar” al Ministerio del Interior (MININT) en una publicación en Facebook.
"El delito de difamación de las instituciones y organizaciones y los héroes y mártires, previsto en el actual Código Penal, Artículo 270, quebranta o vulnera el derecho humano a la libertad de expresión, previsto tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", indicó en conversación con Martí Noticias, el abogado independiente Julio Ferrer, desde la capital cubana.
"Aunque soy de la opinión, también, de que, en especial, los críticos al régimen imperante en Cuba debían instruirse más sobre lo que establece el Código Penal al respecto para no verse inmerso en este delito", señaló el jurista.
La “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires acarrea una sanción que va desde dos a cinco años, o multa de quinientas a mil cuotas, o ambas, según el nuevo Código Penal, que introduce, además, el uso del ciberespacio como agravante.
El 11 de marzo de 2023, Pupo Garcés realizó una publicación criticando unos cursos que habían anunciado para reclutar personas para el Ministerio del Interior (MININT) y la Seguridad del Estado.
“El pueblo necesita libertad y la dictadura lo que le ofrece a los jóvenes son estos cursos para convertirlos en chivatos, en esbirros para seguir reprimiendo, esclavizando a los cubanos”, escribió en su perfil el activista en referencia a la convocatoria del régimen.
“¿Darle libertad económica al pueblo para abrir sus negocios y comerciar sin las restricciones que les imponemos siempre? ¡Qué tontería!, Mejor les ofrecemos estos cursos para revolucionarios”, ironizó el opositor.
Las conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que el imputado, “desde hace algún tiempo, se venía dedicando a publicar contenido en contra del proceso revolucionario en sus redes sociales”.
Según el documento, el imputado se "relaciona con personas de desajustada conducta social" y que está siendo vigilado como "persona de interés" por incitar a la población "a realizar protestas".
En su informe “Restricciones a la Libertad de Expresión en Cuba”, Amnistía Internacional se refirió al delito de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires” que “se utiliza a menudo junto con otras disposiciones para obstaculizar la libertad de expresión impidiendo el debate público y las críticas a las autoridades y a la política gubernamental”.
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