Dirigentes corruptos de Sancti Spíritus, condenados a hasta 16 años de cárcel

Una veintena de funcionarios de diversos niveles de dirección en la provincia de Sancti Spíritus, fueron sentenciados a penas de entre 5 y 16 años de privación de libertad por los delitos de malversación y desvío de recursos.

La fiscalía pidió 15 años de privación de libertad para el entonces presidente del Poder Popular, Fidel Orlando Pérez Luzbert; 12 años para el ex vicepresidente Sergio Carpio Mesa; Eduardo Javier Hernández Gómez, 9 años; José Rafael Solenzal Morales, 9 años; Octavio Manuel Luis Morell, 9 años; e Idelsa Portal Chávez, 6 años.

En el juicio, realizado en el municipio de Taguasco en los últimos días de noviembre, permitieron a los acusados llevar a dos de sus familiares.

A modo de acto ejemplarizante, se requirió la asistencia de funcionarios de varios organismos de la provincia, y especialistas de Ministerio del Interior de La Habana filmaron la vista para luego trasmitirla a militantes del Partido Comunista y de la Unión de Jóvenes Comunistas, como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Una fuente, en condición de anonimato, informó que en el juicio testificaron 41 personas, entre familiares y directivos de empresas, con el propósito de verificar las violaciones relativas a construcciones de casas, desvío de combustible, y entrega de viviendas a familiares y amigos allegados.

En el juicio se supo que estos directivos mantenían a personas que les criaban cerdos y les vendían bonos para simular que la carne iba dirigida a empresas, cuando en realidad era para paladares y hostales particulares. Además, disponían a placer de pipas de cerveza y alimentos, como cajas de pollo.

Los acusados, la mayoría de los cuales guardaron prisión durante el proceso investigativo, apelaron al Tribunal Supremo, y esperan en estos momentos su decisión.

En un contacto telefónico con martinoticias.com, la esposa de Pérez Luzbert declaró, en referencia a la situación legal del exdirigente: “No tengo ni idea de cuánto le salió a mi esposo, no dieron la sentencia. No tenemos ningún conocimiento, ni sabemos nada.”


Pérez Luzbert fue destituido en 2010 como parte de “un proceso de renovación”, tras resultar implicado en el escándalo de la Empresa de Alimentos Río Zaza, presidida por el magnate chileno Max Marambio.

En sesión de emergencia el primero de abril de 2011 -según publicó en una nota de prensa el periódico Escambray, de la provincia de Sancti Spíritus- se revocó de su cargo como vicepresidente a Sergio Silvino Carpio Mesa, por violaciones e indisciplinas de carácter grave.

En esa ocasión también fueron separados de sus cargos Eduardo Javier Hernández Gómez, José Rafael Solenzal Morales y Octavio Manuel Luis Morell, quienes se desempeñaban como vicepresidentes del Consejo de la Administración Provincial, e Idelsa Portal Chávez, directora de la Unidad Presupuestada del Poder Popular.

Las autoridades anunciaron escuetamente en la propia nota que los funcionarios implicados enfrentarían responsabilidades penales por “abuso en el ejercicio del cargo y desvío de recursos con fines de lucro y para favorecer a familiares y amigos.”

Diana María Companioni Blanco, quien había ocupado el puesto de Pérez Luzbert un año antes, fue expulsada libre de cargos criminales en su contra, pues no tuvo implicación directa en las violaciones, pero reconoció su responsabilidad al no prestar atención a alertas sobre deficiencias en el funcionamiento del Gobierno provincial.

La cruzada del Gobierno cubano contra la corrupción, iniciada con el ascenso de Raúl Castro al poder, ha provocado la destitución e incluso encarcelamiento de numerosos dirigentes en diferentes instancias del poder.

Desde el pasado junio está preso el que fuera primer secretario del Partido en Sancti Spíritus, Juan Antonio Díaz, quien se desempeñaba en el momento de su detención como viceministro primero del Ministerio de la Industria Básica para las inversiones.

Mientras, se realiza en Sancti Spíritus el proceso investigativo a la ex jefa del Grupo Provincial de la Agricultura Urbana, María Eliada Sánchez, y a dirigentes de los sectores de la construcción, agricultura y gastronomía, como la playa Vitoria en Yaguajay y la Empresa Pecuaria de Venegas.

Además, un grupo de más de diez personas de la Empresa de Servicios Comunales son juzgadas actualmente por nóminas falsas y desvío de recursos.

Martinoticias.com intentó contactar a las autoridades de la provincia sobre estos casos, pero no logró respuesta alguna.