Los venezolanos han esculpido páginas muy propias en las luchas ciudadanas por la forma que han maniobrado con la desobediencia, primero, y la resistencia cívica, después. Su labor ha sido muy compleja pero tanto los artífices de las protestas, como quienes las han ejecutado al riesgo de sus vidas - lo testimonian casi un centenar de asesinatos- se han conducido magistralmente para poner el castrochavismo en el peor escenario de su mandato.
Convocar y celebrar exitosamente una consulta electoral sin contar con los recursos del Estado, por demás, el gobierno en contra, en un ambiente de represión y violencia criminal aderezado con un fuerte control de la información, es una gesta que demanda una mezcla de coraje, convicciones y habilidades muy particulares, en consecuencia, los demócratas venezolanos alcanzaron una cota muy difícil de trepar y sin precedentes, al menos, en el hemisferio americano.
Las estrategias usadas por la oposición para terminar con el castrochavismo que ha asolado el país han estado básicamente circunscritas a la lucha electoral apoyada en protestas cívicas de intensidad variable que lograron un punto de inflexión este domingo con la convocatoria a un plebiscito que ha certificado con carácter irrevocable el rechazo a una Asamblea Constituyente, la exigencia de elecciones para elegir un gobierno de unidad nacional y un reclamo a las fuerzas armadas para que impidan que Nicolás Maduro y sus sicarios sigan violando la Constitución vigente.
La exitosa convocatoria ha colocado al gobierno a la defensiva y permitido a la Asamblea Nacional continuar implementado propuestas que reduzcan el espacio operativo del régimen interna e internacionalmente, como se aprecia con una reciente declaración de Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, quien dijo que si el presidente, Nicolás Maduro, convoca una Asamblea Constituyente, se aplicarán sanciones al Gobierno de Venezuela, reacción que deberían tener en bloque los gobiernos de América Latina.
Pero si importantes son las declaraciones y medidas punitivas que otros gobiernos puedan disponer contra el régimen de Maduro, la clave y solución de la grave situación nacional sigue radicando en la voluntad y entereza de los ciudadanos y sus dirigentes, las estrategias que instrumenten y la forma en que las ejecuten, pueden conducirles a la victoria o a un desastre de magnitudes difíciles de superar.
La propuesta de cambio enfrenta los más grandes retos. Algunos serían incentivar la crisis de gobernabilidad, ya en franco deterioro, la implementación de una huelga general indefinida, incluida la burocracia gubernamental, el desconocimiento absoluto de las disposiciones oficiales, incluido el pago de los impuestos y el nombramiento de nuevas autoridades en las instituciones del Estado.
Por supuesto que en todo este entramado las fuerzas armadas son un factor importante que puede inclinar la balanza. Si el pueblo ha convencido a las fuerzas armadas de la justeza de su causa y logra que los uniformados salgan de los cuarteles en respaldo a sus demandas, el régimen estará acabado sin que importe lo que hagan las bandas criminales, incluida los genízaros del castrismo acantonados en Venezuela, o los esbirros de los colectivos.
Si los institutos armados no asumen el mandato popular del pasado domingo de hacer respetar la Constitución, la situación empeoraría y la ruptura de las partes en conflicto sería inevitable, con todas las trágicas consecuencias que de ella se derivaría.
La constitución venezolana tiene varios artículos que institucionalizan que el ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de participar en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución si ésta ha dejado de ser observada y todavía más, el conocido artículo 350, dispone que el pueblo desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que esté en contra de los valores y principios democráticos, un blindaje para la defensa de los derechos, que los propios impulsores de la carta magna del 1999 irrespetan porque afecta sus intenciones de perpetuarse en el poder.
La crisis venezolana tiende a agudizarse. La oposición y el pueblo que le respalda han dado muestra suficiente de no cesar en sus demandas y el régimen, consciente de lo mucho que está en riesgo, no da señales de respetar la opinión de quienes oprime, en consecuencia, la participación ciudadana en la gesta cívica debe ser mayor y constante, porque los derechos que se pierdan serán prácticamente imposible recobrarlos.
