La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el miércoles decidir si el expresidente Donald Trump puede ser procesado por cargos de que interfirió en las elecciones de 2020, lo que pone en duda si su caso podrá ir a juicio antes de las elecciones de noviembre.
Aunque el máximo tribunal fijó los plazos para una resolución rápida, la orden de los magistrados mantiene en pausa los preparativos para un juicio centrado en los esfuerzos de Trump para anular su derrota electoral. La corte escuchará los argumentos a finales de abril, con una decisión, muy probablemente, antes de que concluya junio.
Ese cronograma es mucho más rápido de lo habitual, pero suponiendo que los magistrados denieguen la petición de inmunidad de Trump, no está claro si se puede programar y concluir un juicio antes de los comicios de noviembre. Las elecciones anticipadas comenzarán en septiembre en algunos estados.
La decisión del máximo tribunal de intervenir en un segundo caso de Trump durante este mandato, junto con la disputa sobre si tiene prohibido aspirar nuevamente a la presidencia debido a sus acciones tras los comicios de 2020, pone de manifiesto el papel directo que tendrán los jueces en el resultado de la elección.
Los abogados de Trump han intentado postergar un juicio hasta después de las elecciones.
Al final, la fecha de un posible juicio podría reducirse a la velocidad con la que los jueces lleguen a un veredicto. Han demostrado que pueden actuar con presteza: emitieron un fallo en el caso de las cintas del Watergate de 1974 apenas 16 días después de que escucharon argumentos. La decisión en la causa de Bush contra Gore se produjo un día después de los argumentos en diciembre de 2000.
Al intervenir en un tema sin precedente legal en este momento, los jueces han creado un escenario de incertidumbre que el fiscal especial Jack Smith buscaba evitar cuando solicitó originalmente la intervención inmediata del máximo tribunal en diciembre pasado. En su moción más reciente, Smith había propuesto que los argumentos se realizaran un mes antes que la fecha de finales de abril.
Trump escribió en la plataforma Truth Social que los expertos legales "están sumamente agradecidos" con que la corte intervenga para dar un fallo en el tema de inmunidad. "Los presidentes siempre estarán preocupados, e incluso paralizados, ante la posibilidad de un procesamiento indebido y de represalias una vez que dejen el cargo", publicó.
Un portavoz de Smith se negó a comentar al respecto.
La fecha del juicio, la cual ya fue pospuesta en una ocasión por el recurso de inmunidad de Trump, es de primordial importancia para ambas partes. Los fiscales buscan enjuiciar a Trump este año, mientras que los abogados defensores han intentado postergar sus causas penales. Si Trump resulta elegido mientras el caso sigue pendiente, podría usar su autoridad como jefe del Ejecutivo para ordenar al Departamento de Justicia que lo desestime o podría indultarse a sí mismo.
Aunque su solicitud ante la Corte Suprema no menciona específicamente las elecciones de noviembre o la condición de Trump como líder en las preferencias para obtener la nominación presidencial del Partido Republicano, la fiscalía describió el caso como "de importancia nacional única" y afirmó que "postergar la resolución de estos cargos amenaza con frustrar el interés público en un veredicto justo y expedito".
Los abogados de Trump se han referido al caso en términos partidistas, diciendo a los jueces que "un juicio penal de varios meses contra el presidente Trump en plena temporada electoral afectará radicalmente la capacidad del presidente Trump de hacer campaña contra el presidente Biden, lo que parece ser el objetivo de las persistentes demandas del fiscal especial para que se expedite" la causa.
La Corte Suprema ha sostenido previamente que los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por actos oficiales, y los abogados de Trump han argumentado durante meses que esa protección debería extenderse también a los procesos penales.
Los tribunales de menor instancia han rechazado hasta ahora la nueva aserción de Trump de que los expresidentes gozan de inmunidad absoluta por acciones que recaen en el ámbito de sus funciones oficiales.
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