La solidaridad con la historiadora y ensayista Alina Bárbara López Hernández continúa en aumento, tras conocerse que será juzgada en un proceso considerado espurio.
Más de cien personas han suscrito una declaración en la que exigen el cierre del proceso penal contra la académica y a la vez rechazan el acoso y criminalización al que ha sido sometida.
Los firmantes del manifiesto cuestionan si utilizar la fuerza pública contra los ciudadanos garantiza la seguridad del Estado cubano.
López Hernández será juzgada, el 16 de noviembre, en un juicio sumario, por el delito de “desobediencia” por no acudir a una citación hecha por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que no cumplía con las formalidades legales.
“El hecho puede catalogarse a priori de injusticia, en tanto lo es juzgar a un ciudadano por ejercer sus derechos consignados en la Constitución de 2019. Esto es además absolutamente ilegítimo”, afirma la declaración, encabezada por la Junta Directiva de CubaXCuba, centro de análisis de la realidad cubana y su comportamiento.
“La profesora Alina Bárbara está siendo, ahora mismo, juzgada por ‘desobediencia’ dentro de un juicio falso y está siendo juzgada por un estado falso como son, al fin y al cabo, todas las dictaduras, ya que las dictaduras no han sido elegidas por nadie y por lo tanto tampoco representan a nadie”, indicó el escritor cubano, asentado en Alemania, Carlos Aguilera, uno de los firmantes.
“Por estas razones, y por otras, ya que los expedientes y los casos de criminalización en el espacio cubano sobran y hay que desterrarlos de una vez por todas de la sociedad civil cubana, hay que exigir que este proceso penal se cierre y todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con la profesora Alina Bárbara López Hernández, hoy es ella y mañana seremos todos”, recalcó.
El día 18 de cada mes, la intelectual se manifiesta por la libertad de los presos políticos y la creación de una Asamblea Constituyente, entre otras demandas, en uno de los parques de la ciudad de Matanzas, portando un cartel blanco.
Debido a su acción cívica, ha sido arrestada varias veces, limitada en su libertad de movimiento y amenazada por la policía política.
“Lamentablemente, la intelectual no es la única que en la Isla sufre la violación de sus derechos. También por razones políticas, cientos de ciudadanos cumplen elevadas penas; otros sufren discriminación, acoso y disímiles formas de intimidación y castigo, mientras decenas han debido exiliarse huyendo de variadas formas de violencia estatal”, puntualiza la declaración.
El comunicado de CubaXCuba reclama “la excarcelación de los presos políticos, el cese de la discriminación política” y demanda “la articulación y cumplimiento de los derechos que garantiza la Constitución cubana de 2019”.
“Más que una cuestión de bandos políticos, es esta una causa de integridad, decencia y justicia. Cese la exclusión por motivos políticos en Cuba”, concluye.
Por otra parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba envió una carta a Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, en la que llaman la atención del funcionario sobre el acoso a la académica matancera, quien se reunió con el jefe de Política Exterior del bloque, Josep Borrell, durante su visita a La Habana, en mayo de este año.
Gilmore visitará a Cuba el próximo noviembre para tratar temas de derechos humanos y se espera que aborde las consecuencias de las protestas de julio de 2021.
“Queremos llamar su atención para que. de alguna buena vez, empiece a enviar mensajes claros al gobierno cubano de que, si persiste, persevera en la idea de encarcelar a aquellos que piensan diferente y aquellos que actúan diferente, incluso respetando la propia Constitución cubana, parecería que el diálogo no va a tener ningún futuro entre la Unión Europea y Cuba en materia de Derechos Humanos y de cooperación”, señaló Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la organización independiente cubana.
Del mismo modo, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba solicitó a Borrell, su intervención ante las autoridades cubanas para que se celebre un juicio justo con todas las garantías y que cesen el hostigamiento y la persecución contra ella y su familia.
“Le hemos pedido que sería muy oportuno que exigiera que un representante de la Unión Europea o el propio Embajador de la Unión Europea estuviera presente en el juicio”, dijo Elena Larrinaga, presidenta de la plataforma partidista.
“Consideramos que este juicio es una violación flagrante de los derechos humanos y una muestra de la represión que ejerce el régimen cubano contra las voces críticas de la sociedad civil. Denunciamos que este juicio es una forma de intimidación y castigo por su labor cívica”, precisa la carta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
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