El grupo inversor CRF I, constituido en 2009 en las islas Caimán, defendió este lunes que es el acreedor legítimo de deuda cubana por valor de 72 millones de euros, mientras que las autoridades de la isla negaron que tenga los derechos y lo acusaron de ser un "fondo buitre".
La jueza Sara Cockerill de la división Comercial del Tribunal Superior de Londres debe decidir en un juicio hasta el próximo lunes si CRF I es el tenedor legal de los bonos, que anteriormente gestionaba el banco ICBC Standard Bank, y por tanto puede reclamar su pago o si, en cambio, no fue válido el traspaso entre estas dos entidades autorizado el 25 de noviembre de 2019 por el funcionario cubano Raúl Olivera Lozano.
El Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba, personados en este caso, sostienen que es nula la cesión aprobada con una sola firma (en lugar de dos) y sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros por Lozano, entonces director de operaciones del BNC y hoy convicto por aceptar un presunto soborno del fondo caimanés.
La deuda cuyos derechos CRF reclama se derivó de unos contratos de préstamo suscritos en 1984 por el Banco Nacional de Cuba con la República de Cuba como garante con los bancos Crédit Lyonnais y L'Istituto Bancario Italiano.
A lo largo de los años, esa deuda pendiente de pago, regida por un contrato amparado por la legislación inglesa, se traspasó entre varias entidades hasta llegar hasta la filial británica del banco chino ICBC.
Jawdat Khurshid, el abogado de CRF -el mayor tenedor de deuda cubana del mundo, con un valor total de 1.200 millones de euros-, alegó que la operación auspiciada por Olivera, que tenía "40 años de experiencia", se ajustó a las normas, y acusó a las autoridades cubanas de "eludir sus obligaciones" manipulando el caso, hasta el punto de haber imputado a toda la directiva del BNC que supervisó la operación.
En todo caso, el fondo inversor volvió a pedir a las autoridades cubanas su consentimiento para la cesión de los derechos -lo que por contrato deben autorizar salvo excepciones "razonables"-, lo que le fue denegado el 23 de septiembre de 2020.
En la sesión de hoy, la abogada de la parte cubana, Alison Macdonald, ha explicado que Cuba no ha accedido a la cesión porque considera a CRF un "fondo buitre", fundado exclusivamente "para hacerse con deuda cubana" a fin de lograr beneficios forzando su pago mediante acciones legales.
Macdonald citó actas de reuniones del grupo de las que concluyó que su objetivo al buscar el traspaso de los derechos era iniciar un proceso legal, en lugar de, como hacen los acreedores "responsables" de Cuba, tratar de colaborar con un Estado en dificultades económicas.
Khurshid negó que CRF sea un fondo buitre y mantuvo que desde 2013 ha estado intentando negociar con Cuba una reestructuración de la deuda -una oferta que, aseguró, se mantiene-, sin que haya recibido contestación.
En la sesión de la tarde, prestaron declaración María Teresa Compte Zubeldia, antigua responsable legal del BNC hasta su condena, y Odalys del Nodal Molina, secretaria del departamento de deuda exerna.
A las preguntas de Khurshid de si en 2019 había una regla que dijera que las cesiones de deuda requerían el consentimiento previo del Gobierno cubano -lo que CRF refuta-, Zubeldia insistió en que eso era algo que, en sus labores, a ella no le competía.
También declaró Melissa Peres Fleitas, que estaba en prácticas en el departamento de deuda externa cuando Olivera consintió a la cesión.
Preguntada por sus contactos con su tutora, Londa Caridad Martí -hoy condenada y que el 13 de junio de 2019 escribió a CRF que estaba "autorizado en principio" el traspaso de la deuda-, Peres respondió que solo "obedecía sus órdenes".
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