Es la primera vez desde el Éxodo de Mariel en 1980 que Estados Unidos se ha enfrentado a una crisis de inmigración tan complicada. En aquel entonces, Estados Unidos estaba tratando de parar una oleada de cubanos a los cuales el régimen comunista de Fidel Castro les permitió salir de Cuba.
Más de 125.000 cubanos hicieron el peligroso viaje a Key West en barcos de todos tipos y tamaños. El Presidente Jimmy Carter fue incapaz de detener el éxodo que duró desde abril hasta septiembre. Y tan de repente como Castro abrió el grifo para iniciar la llegada masiva de cubanos en abril, asimismo Castro lo cerró en septiembre.
Ahora el Presidente Barack Obama se enfrenta a una crisis similar con la llegada de mas de 57.000 niños – no acompañados -- de América Central que están cruzando la frontera para entrar a Estados Unidos.
Una ley aprobada unánimemente en el año 2008 tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado prohíbe al gobierno deportar a esos niños en forma inmediata, como si puede hacerlo con aquellos que llegan procedentes de México y Canadá.
Ahora la Administración se encuentra atrapada. Por un lado están los que defienden la ley de 2008 y piden que sea aplicada al pie de la letra sin cambios algunos. Por otro lado están aquellos que dicen que la Administración debe emitir una orden ejecutiva y deportar a esos niños sin concederles el derecho del debido proceso.
El Presidente Obama, una y otra vez, has estado de acuerdo con los dos bandos.
Los titulares cuentan toda la historia.
El 20 de junio de 2014, el The New York Times publicó una noticia con un titular que decía: “EE.UU. Toma Acción Para Detener el Aumento de la Inmigración”. Informó que la Administración estaba redactando planes para detener a más de los niños que estaban llegando y para acelerar sus juicios legales para que podrían ser deportados más rápidamente.
Eso enfureció a los grupos de defensa Hispanos y a los Demócrata liberales.
Estos niños venían procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Los jóvenes de Honduras estaban huyendo de un país, donde las pandillas a menudo dan una opción para unirse a ellas o ser asesinado. Situaciones similares predominan en El Salvador y Guatemala.
Para el 20 de julio, el The New York Times informaba que la Administración de Obama estaba considerando conceder “estatus de refugiado para los hondureños”. Este reportaje dijo que para poder controlar el viaje peligroso que esos niños hacían desde su país a la frontera de Estados Unidos, la Administración estaba considerando un plan para examinar a miles de niños y jóvenes en Honduras “para determinar si pueden ingresar a Estados Unidos como refugiados o por razones de emergencia humanitaria”.
Republicanos conservadores reaccionan con gran enojo ante esta idea y pronto dijeron que la Cámara de Representantes no aprobaría una ley de reforma a la inmigración este mismo año debido a que la Administración Obama había perdido el control de la frontera.
Criticado de ambos lados, la Administración silenciosamente comenzó a poner en practica la ley. Cuando los niños se entregan ellos mismos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos, ellos son provistos rápidamente con un examen de salud y las vacunas apropiadas. Luego son enviados a centros de refugio donde permanecen durante un promedio de 35 días.
Aquellos que tienen familiares o patrocinadores en Estados Unidos son entregados a la custodia de éstos hasta que un juez de inmigración pueda considerar sus casos. Para julio, 30.000 niños habían sido reubicados con amigos o familiares. El proceso para determinar si tienen motivos legítimos para buscar el estatus de refugiado en Estados Unidos toma de dos a tres años, con la condición de que no cambien su lugar de estadía y se unan a los mas de 11 millones de extranjeros indocumentados que viven sin un estatus legal en el país.
El Presidente Obama se reunió con los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala la semana pasada y les pidió que encontraran formas de hacer que los niños no huyan hacia Estados Un idos en forma ilegal.
Fue una reunión amistosa, pero no se produjo ningún acuerdo entre los presidentes de América Central y Obama.
Dos de los tres presidentes centroamericanos – Otto Pérez Medina de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Honduras – culparon el gobierno de Estados Unidos. Dijeron que Estados Unidos había tenido éxito en erradicar la mayor parte del trafico de narcóticos en Colombia, pero que ahora el problema se había movido a la América Central.
La única forma de resolver este problema es utilizando en América Central las mismas tácticas que Estados Unidos utilizó en ayudar al gobierno colombiano derrocar a los narcotraficantes de Colombia.
Estados Unidos tiene que aprobar un programa similar para Honduras, Guatemala y El Salvador o la crisis en la frontera continuará sin tregua.
Guillermo I. Martínez reside en el Sur de la Florida. Su correo electrónico es Guimar123@gmail.com