“Estos trabajadores exportados serán pagados por el gobierno (...), que no les entregará más que una fracción de la suma que pague la sociedad italiana”, decía el texto, y denunciaba que su explotación “ha descendido a los niveles de la esclavitud”.
Parece una crítica hecha al régimen cubano por enviar a Lombardía médicos que no pueden discutir ni fijar con las autoridades italianas los términos de sus contratos en medio de la pandemia del COVID-19.
Pero no. Es una crítica hecha por el gobierno cubano –mediante uno de sus voceros extraoficiales, la revista Bohemia— al gobierno chino cuando, en 1980, Pekín exportó trabajadores a Italia.
“Los gobernantes pekineses se ven agobiados por tremendas dificultades, tanto económicas como políticas”, decía una nota publicada en la revista el 21 de marzo de 1980 bajo el título de “En la crisis capitalista”.
La proporción de crecimiento del gigante asiático, especialmente en la producción industrial, es muy baja, apuntaba el artículo antes de referirse a lo que presuntamente ocurría en el plano social.
“El pueblo está descontento, y eso se refleja incluso en la prensa”, continuaba diciendo Bohemia en un alarde de compasión internacionalista por el proletariado chino. “Los dirigentes se enfrentan con una oposición difusa extensa [sic], e incluso con la oposición constante de facciones que aparecen en el seno del Partido”.
Era supuestamente “ese alud de desempleados” lo que obligaba a Pekín a buscar una válvula de escape en la exportación de mano de obra, de acuerdo con la nota editorial.
“El 6 de agosto de 1979 se firmó un primer contrato de ese tipo”, decía, “entre la Compañía China para la Construcción de Carreteras y Puentes, y una sociedad italiana que depende del Instituto de Reconstrucción Industrial. Ese contrato prevé facilitar cuatrocientos mil trabajadores durante cinco años, para trabajos de ingeniería civil”.
“Los dirigentes chinos se inspiran en los países capitalistas”, añadía la autora o el autor de la nota en Bohemia, firmada con las iniciales J.I.G., “y al orientar en sentido reaccionario y aventurero la política, comienzan a tropezar con resistencias que tienen diversas fuentes”.
Y situaba entonces las fuentes “…entre los cuadros políticos desfavorecidos en relación con los técnicos, y entre los trabajadores, cuya explotación ha descendido a los niveles de la esclavitud, lo cual crea una situación de disgusto e inestabilidad en la cual cualquier cosa puede suceder”, cerraba la nota.
Lo que denunciaba un vocero del régimen cubano aquella vez es lo que ahora ese gobierno se niega a aceptar tratándose de si mismo. Altos representantes diplomáticos de Estados Unidos han insistido en que la explotación de las brigadas médicas “ha descendido a los niveles de la esclavitud”, como decía Bohemia de China hace cuatro décadas.
Pero la denuncia de esas condiciones va más allá del diferendo EEUU-Cuba, y la han hecho incluso organizaciones internacionales como Naciones Unidas.
"Las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional del Trabajo”, declararon en un informe Urmila Bhoola, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, y María Grazia Giammarinaro, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
“El trabajo forzoso constituye una forma contemporánea de esclavitud”, sentenciaron.
No es la primera vez que Cuba exporta o importa trabajadores. De importarlos se han encargado empresas extranjeras asociadas al conglomerado militar GAESA, por ejemplo, para construir el que sería el Gran Hotel Manzana Kempinski.
En ese caso fueron obreros indios, y el motivo fue otra variante de la esclavitud moderna, entonces dentro de la isla: la política del régimen de no permitir la contratación directa de obreros cubanos por las empresas inversionistas extranjeras. Un empleado cubano que cobre un salario decenas de veces inferior al que cobre un extranjero va a ser siempre un trabajador menos eficiente, es lo que piensa el inversionista.
No pocas firmas extranjeras siguen invirtiendo en Cuba pese a las draconianas leyes que las acorralan en caso de litigios con el “socio” mayoritario, el Estado cubano, representado por alguna de sus empresas. Se sabe que los litigios entre un inversionista y un estado deben dirimirse en cortes internacionales, pero el gobierno cubano se las arregló para blindarse y escapar a la fiscalización internacional.
“Los conflictos surgidos con motivo de la inactividad de los órganos de gobierno de las modalidades de inversión extranjera previstas en la Ley, así como de la disolución o terminación y liquidación de estas, serán resueltos en todos los casos por la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular que corresponda”, establece en su Artículo 60.3 el Capítulo XVII de la Ley de Inversión Extranjera vigente en Cuba.
Para decirlo en lenguaje llano: si existe un desacuerdo entre el inversionista y el gobierno cubano y hay que liquidar el proyecto, el inversionista tendrá que someterse a una fachada “legal” de La Habana y no va a recuperar un solo centavo de su inversión.
La misma ley le cierra el paso a cualquier vía posible de negociación directa entre el inversionista y el trabajador cubano, cuya única “entidad empleadora” establece en su inciso i el Artículo 2 del Capítulo II:
“Entidad empleadora: entidad cubana con personalidad jurídica facultada para concertar con una empresa mixta o de capital totalmente extranjero, un contrato mediante el cual facilite, a solicitud de esta, los trabajadores necesarios, quienes conciertan sus contratos laborales con dicha entidad”.
En cuanto a la exportación de obreros en condiciones de esclavitud vale la pena recordar un proyecto fracasado hace más de dos décadas: el envío de leñadores cubanos a las inclementes condiciones de trabajo en Siberia.
“Hasta Jabarovsk, un recóndito lugar de la taigá rusa, llegaron los cubanos a mediados de la década de los ochenta y esta vez como leñadores”, escribió el colega Álvaro Alba en el número 27 de la Revista Hispano Cubana, correspondiente al invierno de 2007.
“Un consulado se abrió para que la empresa Kubaless se ubicara en la Siberia con la intención de explotar la industria maderera”, continuaba Alba al denunciar el “experimento”, que “fracasó tomando en cuenta el rudo invierno siberiano, más la negativa de los habitantes locales que no deseaban el deterioro del medio ambiente”.
A diario se realizaban protestas ante los campamentos de los cubanos y frente al consulado de la isla, y el telón de fondo era la perestroika, que permitía convertir al régimen de La Habana en objeto de críticas fáciles y argumentadas, explicaba Alba.
Las protestas y sus ecos en los medios de prensa al amparo de la glasnost que sacudía el comunismo motivaron “el cierre de la empresa maderera y la partida de Jabarovsk de esos leñadores cubanos”, indicaba el autor.
