Un centenar de familias en La Coruña se reunieron la noche del pasado miércoles 9 de abril para iniciar trámites de indemnización por haber sido expropiados en Cuba, a inicios de los años ’60, según reporta La voz de Galicia.
El común denominador es que salieron en los tres primeros años posteriores a 1959, cuando Fidel Castro les expropió lo que poseían en la isla e intentan reunir a unas 600 familias más, en un encuentro que ha sido convocado por 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba.
El encuentro sirvió para que los participantes previeran “cuestiones como la documentación que necesitarán para dicha recuperación o el tiempo que tardaría en ser efectiva”. La iniciativa se fundamenta, cita el diario, en una investigación de académicos norteamericanos y la experiencia similar en Europa del Este.
Por los otros expropiados
Ya en 2013 la compañía citada logró reunir a unas 170 familias asturianas según declaró su director, Jordi Cabarrocas, y que las mismas están dispersadas por la Península Ibérica, Estados Unidos y Cuba. El grueso de los expropiados han sido localizados en La Coruña y Vigo, y de las tres mil familias que salieron, se cree que unas 600 son gallegas.
En 2007 la Universidad Creighton, de Nebraska, elaboró un exhaustivo informe, que fue acompañado de la dinámica para “resolver las reclamaciones de ciudadanos norteamericanos afectados por las leyes y disposiciones del Gobierno de Cuba a partir del año 1959», y en el que se recomienda actuar de conjunto con los afectados.
Entre los afectados que se han puesto en contacto con www.1898.es aparecen los familiares de Jesús Pérez Cabo, ex presidente del Centro Gallego de La Habana y a cargo de la compañía “Pérez y Hermanos”, expropiada por iniciativa del llamado “gobierno revolucionario”.
En entrevista con algunos afectados, la señora María Andreu considera que la gestión podría tardar una década aproximadamente, y que como ha ocurrido con otros gobiernos, en el caso de los funcionarios comandados por Castro, si tenían derechos a las expropiaciones, también estaban obligados a pagar lo confiscado.
Los incluidos en la recuperación esperan obtener al menos un 30% de ganancias y están dispuestos a asumir “todo el riesgo de la operación”, finalizó Andreu.
El común denominador es que salieron en los tres primeros años posteriores a 1959, cuando Fidel Castro les expropió lo que poseían en la isla e intentan reunir a unas 600 familias más, en un encuentro que ha sido convocado por 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba.
El encuentro sirvió para que los participantes previeran “cuestiones como la documentación que necesitarán para dicha recuperación o el tiempo que tardaría en ser efectiva”. La iniciativa se fundamenta, cita el diario, en una investigación de académicos norteamericanos y la experiencia similar en Europa del Este.
Por los otros expropiados
Ya en 2013 la compañía citada logró reunir a unas 170 familias asturianas según declaró su director, Jordi Cabarrocas, y que las mismas están dispersadas por la Península Ibérica, Estados Unidos y Cuba. El grueso de los expropiados han sido localizados en La Coruña y Vigo, y de las tres mil familias que salieron, se cree que unas 600 son gallegas.
En 2007 la Universidad Creighton, de Nebraska, elaboró un exhaustivo informe, que fue acompañado de la dinámica para “resolver las reclamaciones de ciudadanos norteamericanos afectados por las leyes y disposiciones del Gobierno de Cuba a partir del año 1959», y en el que se recomienda actuar de conjunto con los afectados.
Entre los afectados que se han puesto en contacto con www.1898.es aparecen los familiares de Jesús Pérez Cabo, ex presidente del Centro Gallego de La Habana y a cargo de la compañía “Pérez y Hermanos”, expropiada por iniciativa del llamado “gobierno revolucionario”.
En entrevista con algunos afectados, la señora María Andreu considera que la gestión podría tardar una década aproximadamente, y que como ha ocurrido con otros gobiernos, en el caso de los funcionarios comandados por Castro, si tenían derechos a las expropiaciones, también estaban obligados a pagar lo confiscado.
Los incluidos en la recuperación esperan obtener al menos un 30% de ganancias y están dispuestos a asumir “todo el riesgo de la operación”, finalizó Andreu.
