La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en su informe anual correspondiente a 2017 las persistentes restricciones que impone el gobierno de Cuba sobre los derechos políticos, de reunión, asociación, expresión y difusión del pensamiento de sus ciudadanos.
En el informe, presentado este jueves ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos, el organismo describió como "masivas" las vulneraciones en Cuba a los derechos a la integridad de la persona, la protección contra la detención arbitraria, la libertad de movimiento y la inviolabilidad del domicilio y correspondencia.
La Comisión "no advierte avance alguno respecto a lo reportado en años anteriores", ya que persisten en la isla las "restricciones indebidas al derecho a la participación política y demás derechos fundamentales relevantes para su pleno ejercicio".
En Cuba, señala el informe, existen "mínimas garantías judiciales y de protección judicial, que afectan especialmente a defensores y defensoras de derechos humanos", así como a los disidentes del régimen y periodistas independientes.
El informe menciona el recrudecimiento de la represión contra movimientos opositores como las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba, así como los casos de opositores encarcelados sin el debido proceso, entre ellos Daniel Llorente, Ovidio Martín Castellanos y Jesús Sánchez Romero.
El documento subraya, además, la "discriminación y violencia" en la isla contra los miembros de la comunidad LGBTI, y la exclusión de la población afrodescendiente, mujeres, y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Seguimiento especial a Cuba y Venezuela
En el Capítulo IV.B del informe, la CIDH analiza la situación de derechos humanos en Cuba y Venezuela, países a los cuales la Comisión consideró que debía dar especial seguimiento en el año 2017.
La Comisión incluyó a Cuba en este capítulo por considerar que existe una "violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los derechos humanos".
Al respecto, el informe señala que organizaciones de la sociedad civil en Cuba informaron a la Comisión sobre la creación de la plataforma Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE) con el objeto de observar, de forma independiente y según estándares internacionales, las elecciones generales en la isla.
"En el desempeño de sus actividades de monitoreo, COPE documentó varias irregularidades, tanto en las Asambleas de Nominación de Candidatos a Delegados Municipales del Poder Popular como en las propias elecciones municipales celebradas con posterioridad, además de que algunos de sus miembros se vieran impedidos de realizar sus labores de observación", explica el documento.
El Gobierno cubano desplegó, además, una serie de acciones para impedir la plena participación política de candidatos independientes en el proceso, entre ellas "hostigamientos, amenazas y represalias; detenciones arbitrarias; allanamientos de morada y confiscación de bienes, generalmente vinculados a causas penales fabricadas; obstáculos para reunirse con fines políticos; indebidas restricciones de salida del país y deportaciones de La Habana hacia otras provincias del interior; así como la estigmatización y el desprestigio".
"Los borradores de estos informes son enviados a los Estados involucrados para que tengan la oportunidad de responder y aportar información adicional, la cual la Comisión considera antes de la publicación", dijo la CIDH en un comunicado.
En relación con Venezuela, el informe señala el "grave debilitamiento de la institucionalidad democrática, el alarmante incremento de la represión hacia la protesta social y la libertad de expresión, la violencia e inseguridad ciudadana, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país".
La CIDH subraya que esta situación de crisis generalizada continúa limitando de manera sistemática los derechos humanos de los venezolanos, a lo que se suma la existencia de serias restricciones que afectaron gravemente el ejercicio del derecho a la protesta social y la libertad de expresión.
También señala la situación causada por el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, tratamientos e insumos médicos, lo que ha provocado alarmantes índices de pobreza en el país petrolero.
(Con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)
