Agentes de la Seguridad del Estado y policías uniformados de Pinar del Río despojaron de dinero y artículos personales en poco más de 24 horas a dos integrantes de la Consejería Jurídica, organización independiente adjunta a la corriente Agramontista de Cuba.
El activista Lázaro Ruíz y el abogado independiente Raúl Luis Risco dijeron a Martí Noticias que tras el decomiso, las autoridades policiales se negaron a entregarles constancia escrita de los objetos consfiscados.
A Lázaro Ruíz, que participó en Madrid en la II edición del Programa de formación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos CDH e IADG sobre Procesos de Transición, Democracia y Gobernanza, y regresó a la isla el domingo, en menos de 12 horas le realizaron dos ocupaciones de bienes personales.
La primera fue en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde funcionarios de Aduana le retiraron de su equipaje unos pulóveres que habían sido donados por una ONG española, bajo el pretexto de que constituían “propaganda enemiga”.
Detalló que el segundo decomiso ocurrió casi al amanecer del lunes, cerca de la localidad de Dos Palacios. Un operativo policial compuesto por agentes de la Seguridad del Estado y de la policía nacional detuvo el carro en el que viajaba con su familia, y luego de llevarlos para un taller estatal de Aseguramiento de la Agricultura, le ordenaron abrir el equipaje para registrarlo.
“Durante el registro me ocuparon un celular, una laptop, una minitablet, 3 memorias digitales y unos 315 euros, y me dijeron que eso era financiado por el exterior, y por esa razón no iban a permitir la entrada a Cuba", explicó Ruiz, quien asegura haber visto antes a esos mismos oficiales merodeando en el Aeropuerto en La Habana.
Una acción similar ocurrió horas después ese mismo día, pero en la localidad de Pinar del Río, cuando agentes de la policía política detuvieron al abogado Raúl Luis Risco cuando se iba a reunir con otros dos colegas, y luego de trasladarlo a la sede de los CDR provincial lo despojaron del dinero que llevaba consigo.
“Me retiraron 600 dólares que llevaba en la billetera, y que estaban destinados a otros dos integrantes de la Consejería Jurídica para usarlos en el trabajo que realizamos en la comunidad”, detalló.
Risco dijo que solicitó un acta donde constara que le habían ocupado el dinero, pero en su lugar lo que le presentaron fue un acta de advertencia, donde “me refieren que de continuar con las actividades del grupo de apoyo a la defensa de los derechos humanos podría ser juzgado por asociación ilícita”.
El abogado asegura que este martes fue a la Fiscalía a poner una denuncia y lo primero que le pidió el fiscal que lo atendió fue que le mostrara el acta de constancia de que le habían ocupado arbitrariamente algún bien, y “no pude hacerlo”, dijo Risco.
Ambos dijeron sentirse víctimas de un “robo” por parte de las autoridades, que los privaron de cualquier derecho a reclamar.
El pasado mes ocurrieron situaciones similares en esa provincia, cuando las autoridades “asaltaron” y confiscaron artículos personales a los abogados independientes Rigoberto Gonzalez Vigoa y José Ernesto Morales Estrada, integrantes de Defensoría del Pueblo en Pinar del Río.
También en diciembre del pasado año, las autoridades de la provincia “asaltaron mi vivienda y nos despojaron de los medios de trabajo”, recordó Risco.
El proyecto independiente Defensoría del Pueblo se encarga de representar y abogar por los intereses del pueblo ante los atropellos del Gobierno.
