El pasado jueves 50 familias que residían en el reparto La Risueña, de la ciudad de Santiago de Cuba, fueron desalojadas, multadas y sus precarias viviendas, destruidas.
Ahora los desalojados permanecen a la intemperie en la misma zona y temen que las autoridades tomen represalias contra ellos por su condición de ilegales.
Varios afectados por el desalojo se presentaron el mismo día (5 de noviembre), en las oficinas del Partido Comunista provincial para quejarse por lo que consideraban un atropello, "y ahí mismo se los llevaron presos para la 3ra Unidad" de la policía, conocida como "La Motorizada", aseguraron a Martí Noticias activistas que se interesaron por el caso y publicaron un video con el testimonio de varios afectados.
Durante el arresto, una de las víctimas aseguró ante las cámaras que fue maltratada por las autoridades a pesar de estar con su niña en brazos.
Este martes, otra de las personas perjudicadas, que pidió el anonimato, dijo a Martí Noticias que estuvo detenida el jueves y fue liberada el viernes, tras lo cual acudió a la sede del Partido provincial junto a otras 13 personas e insistieron en ver al Secretario del PCC en el territorio, Lázaro Expósito, quien finalmente los recibió el domingo.
"Expósito nos dijo que no tiene respuestas para nosotros porque somos ilegales y aclaró que tenemos que salir de ahí porque esas tierras ya están vendidas", dijo la mujer.
El lugar donde se asentaron estas 50 familias era una parcela vacía que se convirtió en un basurero. Allí, poco a poco, fueron improvisando sus viviendas.
"Es que no teníamos dónde vivir y nos arriesgamos", dijo la mujer de 29 años de edad y madre de dos niños, que confiesa estar desesperada porque no tiene a dónde ir, ni documentos que puedan legalizar su reclamo.
Hace tres meses compuso una casita de tablas para vivir y ahora todo está en el suelo, relató.
Otras familias desalojadas llevaban años allí y les pasó lo mismo. Ahora no saben qué hacer porque, además de haber perdido sus casas, tienen que pagar una multa por haber ocupado esa área.
"Nos pusieron más de 1.000 pesos de multa y yo no puedo pagar eso", dijo la fuente consultada por Martí Noticias.
La activista Damaris Rodríguez aseguró que son más de 100 las personas desalojadas y que ninguna tiene posibilidades de pagar esa penalidad: "Muy pocas se han ido, el resto permanece ahí, a la intemperie, pero muy asustados".
Este lunes las autoridades volvieron al lugar y dijeron que querían asegurarse de que no fueran a levantar de nuevo un techo, precisó la desalojada.
Rodríguez explicó que en general "tienen miedo a que se los lleven presos, por eso no quieren hablar con los medios de prensa y prefieren que nosotros mostremos el caso".
