Aunque fuera de Cuba algunos se arriesgan a suponer que entre un 70% u 80% de la economía cubana está en manos de los militares, nadie que no tenga acceso a los informes secretos del Estado sabe con exactitud cuántas empresas, con sede en territorio nacional y disfrazadas de civiles, tributan directamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior (MININT) ni cuántas de las compañías registradas fuera de la isla por ciudadanos extranjeros vinculados a los gobernantes cubanos, ya sea por lazos afectivos o familiares, son la fachada de una amplia red financiera para satisfacer los antojos y los excesos de una "dinastía de izquierda" que se niega a traspasar el poder.
Para los cubanos que saben del día a día y de cómo funcionan las cosas dentro de nuestras fronteras, hablar de porcentajes resulta risible cuando se sabe que la totalidad de los ministerios y de las empresas estatales están dirigidas por militares, exmilitares o personas que han recibido entrenamiento en las escuelas de preparación para los "cuadros de dirección" del Partido Comunista e incluso en las academias de inteligencia de la antigua URSS.
Por ejemplo, empresas consideradas insignias como Habanos S.A. o ministerios estratégicos como Turismo o Azúcar, Transporte o Industria Básica, siempre han sido presididos o copresididos por militares de alto y mediano rango, mucho más entrenados para acatar órdenes del mando superior que para generar ideas.
De igual modo sucede con las telecomunicaciones y el acceso a internet, dos monstruos de la modernidad temidos por la dirigencia cubana, que nunca ha dudado en señalar al libre acceso a la información como su más poderoso enemigo. En consecuencia, es fácil deducir que cualquier corporación extranjera relacionada con estos campos que decida invertir en Cuba deberá estar dispuesta a liberar sus informaciones y datos privados cada vez que las autoridades cubanas, bajo el pretexto de la Seguridad del Estado, lo decidan y, además, deberá tolerar el ser espiada o aceptará formar parte de acciones de espionaje a escalas no imaginadas.
Este procedimiento no es necesario que se filtre de algún documento confidencial, es simplemente una práctica a la que el Gobierno cubano jamás renunciará.
Mariel: No pase, zona militar
A ese mismo sector de inversiones altamente controlado, pertenece todo cuanto implique trabajos de cartografía o exploración territorial, como es el caso de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, que desde los inicios ha sido un proyecto dirigido directamente por los militares.
Según nos revela un exfuncionario estatal que ha decidido mantenerse en el anonimato por cuestiones de seguridad, la mayor parte de las fuerzas de dirección y de mano de obra especializada contratadas en la construcción del megapuerto provienen de unidades militares, o son oficiales retirados o en activo, de modo que cualquier negociación entre una empresa extranjera interesada en invertir en el lugar pasa por la supervisión del alto mando de las FAR.
"Toda la información es tratada como secreto militar y los principales dirigentes del proyecto son militares. ¿Quién de los que trabaja allí no sabe que no se trata de una obra 100% civil? Nada en Cuba lo es. (…) Los militares siempre han sido mucho más corruptos que los civiles, lo que pasa es que ellos operan con licencia del propio Gobierno, les dan cordel, como decimos los cubanos, para cuando estalle un escándalo cortar cabezas con facilidad y sin ensuciarse".
"Esa ha sido siempre la estrategia del Gobierno que sabe oler la pólvora a mil kilómetros y ponerse a salvo. ¿No fue lo que hizo con Ochoa cuando la causa 1. Es lo mismo que ha hecho siempre, con todos esos empresarios mexicanos, italianos, chilenos, canadienses que primero fueron amigos íntimos y hasta más que amigos y más tarde encarcelados y sancionados por corruptos. (…) Yo me fui del Mariel porque vi muchas cosas turbias y hay que saber cuándo uno es el lado más débil de la soga", confiesa este exfuncionario que, además, fue miembro de las Fuerzas Armadas.
Para ningún cubano es un secreto que la única vía para aspirar a ocupar un cargo de director general, gerente, presidente, vicepresidente de cualquier firma comercial es requisito indispensable estar o haber estado vinculado directa o indirectamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Quitándose el uniforme
Las más recientes discusiones y proyectos de leyes analizados en el Senado y el Congreso de Estados Unidos y que prohibirían comerciar con entidades de la isla dirigidas por oficiales o exoficiales han desatado un plan de desmovilización en las Fuerzas Armadas de Cuba y un proceso de "blanqueamiento" de los expedientes de aquellos que dominan las cúpulas de los más importantes ministerios y empresas cubanas, según ha revelado una fuente anónima vinculada al proceso.
Teniendo esto en cuenta, la política de Estados Unidos no forzará a un repliegue de los militares en las empresas sino a un proceso de enmascaramiento mucho más sutil. Los mandos militares de la isla no renunciarán a la estrategia que los ha llevado al secuestro total de la economía nacional.
Aunque no fidedignos por los cientos de datos que ocultan, los balances de los resultados que las propias empresas revelan en las noticias aparecidas durante todo el año 2014 y lo que va del 2015 en diarios como Granma o Juventud Rebelde, permiten calcular que las Fuerzas Armadas funcionan como un gran monopolio que tiene en sus manos cerca del 90% de las importaciones y exportaciones, las transacciones en divisas al por mayor y más del 70% de las ganancias relacionadas con el turismo y de los servicios asociados con este.
Cosa nostra
Para los militares son las grandes empresas, mientras que los cubanos solo pueden aspirar a una economía de subsistencia.
Los principales grupos empresariales se encuentran en manos de altos oficiales y sus máximas estructuras de dirección responden directamente a familiares de Raúl Castro, como el intocable general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, al frente de GAESA (Grupo de Administración Empresarial, S.A.), un verdadero pulpo que se ha propuesto absorber el 100% de las empresas nacionales que más capitales ingresan.
A GAESA pertenecen operadoras de turismo como Gaviota S.A. y Cubanacán, más todas sus dependencias; importadoras-exportadoras como Tecnotex, protagonista de numerosos escándalos de corrupción; Almacenes Universal y absolutamente todas las Zonas Francas del país, incluyendo las que serán abiertas en el Mariel.
El poder del yerno de Raúl Castro se extiende a todos los sectores, de modo que directa o indirectamente, cualquier negociación con una empresa cubana, por pequeña que sea, lo involucra.
Los avances en la flexibilización del embargo y la posible normalización de los intercambios comerciales entre Estados Unidos y Cuba, han disparado las alarmas entre aquellos que conocen bien el carácter militar de la economía cubana, diseñada no para lograr la prosperidad y el bienestar de los cubanos, sino para fortalecer los mecanismos de control absoluto del Gobierno sobre los ciudadanos y consolidar un esquema financiero donde todos los ingresos de la nación son administrados como verdaderas cuentas personales que les garantizarían a los dirigentes y a sus familiares un mecanismo de conservación o de escape en caso de emergencia política.
[Publicado originalmente en Cubanet el 15/07/2015].