El sabotaje cometido contra un ciudadano cubano por la representación del régimen de La Habana en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra,ha sido calificado como deleznable por no pocos especialistas.
Cinco interrupciones de la representación castrista, secundadas por cuatro aliados, enfilaron hacia la persona del Ariel Ruiz Urquiola, biólogo cubano que en nombre de una organización no gubernamental denunciaba ante ese foro el sistema de esclavitud que aplica el régimen en susmisiones médicas internacionales.
Además, crímenes de lesa humanidad como la negativa a brindar atención médica oncológica a su hermana y aún peor, que el régimen le inoculó el virus de inmuno deficiencia adquirida, VIH.
Pero ya días antes en ese mismo ruedo, la delegación del régimen había hecho de las suyas cuando presentó una resolución a favor de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, aprobada por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de China y que busca criminalizar la secesión, subversión y colusión con fuerzas extranjeras. Asimismo, restringe el derecho a disentir y fulmina la libertad de expresión. En fin, el objetivo es acabar con la oposición al gobernante Partido Comunista.
53 países, incluidos Cuba y China, firmaron la resolución mientras que otros 23 emitieron una declaración, presentada por Reino Unido, que condena las violaciones del gobierno de China en materia de derechos humanos en Hong Kong.
Mientras existan dictaduras en el Consejo de Derechos Humanos van a seguir ocurriendo actos de este tipo, de ahí la necesidad de renovar el organismo internacional que no debe ceder espacios a Cuba, China, Venezuela y otras naciones que ya tienen un lugar en un eje malévolo responsable de estos bochornosos sucesos.
