El activista Carlos Amel Oliva Torres líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) cumple este martes una semana en huelga de hambre en protesta por las confiscaciones arbitrarias de sus pertenencias y para exigir que le sean devueltas.
En el programa Cuba al Día, de Radio Martí, Oliva explicó que las exigencias de su huelga buscan denunciar los abusos reiterados de la policía contra los activistas, a los que "confisca objetos personales y les allana las viviendas ilegalmente en franca violación de los derechos".
A pesar de sentir el deteriroro de su salud por el ayuno, el joven opositor dijo que se siente bien de ánimo y enfatizó que "una laptop no vale más que la vida, pero es necesario exigir que se respeten nuestros derechos porque no somos terroristas, ni guerrilleros, tampoco hacemos acciones violentas”, apuntó.
El lunes la policía detuvo a 16 activistas que intentaban llegar a la casa de Oliva para solidarizarse con él. “La población vio cómo los militares hombres golpeaban a los activistas sin reparar en que había mujeres, se los llevaron y hasta la tarde del lunes no se habían tenido reportes de su liberación, relató Oliva.
Horas después, 13 de ellos fueron liberados, dijo este martes a Martí Noticias Carlos Oliva, padre del huelguista.
A la protesta de Oliva se habían sumado este martes otros siete opositores, quienes permanecen en el reparto Altamira, en la ciudad de Santiago de Cuba, junto a Oliva. Otros cuatro relaizan la protesta en la localidad de Palmarioto de Cauto.
Desde el pasado jueves, que inició la huelga en la casa de Oliva, el activista de UNPACU ha estado bajo vigilancia policial.
Razones para la huelga
Al iniciar la huelga, el pasado 13 de julio, Oliva divulgó un comunicado en las redes sociales donde destacó que en los últimos meses ha sido detenido por las autoridades policiales en dos ocasiones, y le han confiscado varios objetos personales, entre los que figuran dos laptops, el teléfono móvil, un disco duro extraíble, entre otras pertenencias.
Oliva precisó que el pasado 24 de mayo fue víctima de un “asalto” en la vivienda del activista Arcelio Molina Leyva, en el municipio Playa de Ciudad de La Habana, que funciona como Sede Principal de la UNPACU.
En esa ocasión, además de ser deportado arbitrariamente bajo la acusación de ilegal, pese a que posee un permiso de residencia transitoria vigente por 6 meses, le confiscaron dos laptops, el teléfono móvil, un disco duro extraíble, entre otras pertenencias”, escribió.
Semanas después, al regresar de un viaje a Washington, Oliva volvió a ser detenido de forma arbitraria cuando viajaba hasta su casa en Santiago de Cuba, y le confiscaron varios objetos personales, además de mantenerlo por dos días ilegalmente detenido, señaló el opositor.
En lo que va de 2016, alrededor de 30 viviendas han sido “saqueadas”, se han confiscado desde artículos personales, hasta medios de trabajo como laptops, celulares, discos duros extraíbles, impresoras, quemadores DVD, por citar solo algunos.
Por más de un año, la organización ha estado llamando la atención sobre el incremento de los asaltos a viviendas, que funcionan como sedes de la organización, y confiscaciones de objetos personales y dispositivos electrónicos de forma lícita, según informes publicados por la UNPACU.
