La decisión del gobierno cubano de prohibir, después de cerca de tres años de aparente normalidad, la venta de ropa, calzado, artículos para el hogar y otras mercancías importadas por pequeños empresarios privados, evoca el recuerdo de anteriores aperturas que luego fueron abortadas por las autoridades, y llena de incertidumbre a muchos entre los más de 400.000 trabajadores del llamado sector no estatal.
La agencia Prensa Asociada buscó reacciones en el mercado El Curita, una especie de bazar donde se venden relojes, cremas, shampoo, lámparas, pegamentos y todo tipo de zapatos o ropa, incluida la camiseta del Barcelona.
Señala que hace tres años no existían lugares como este en la isla, habituada a la escasez de productos, pero que dentro de tres meses todo podría parecer un espejismo, porque las autoridades prohibieron la comercialización de artículos importados como alimentos, ropa, zapatos o artículos de aseo o de uso en el hogar.
"Nunca pensé que iba a pasar esto, estoy desesperada. Estoy que no duermo porque me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿cómo voy a hacer?", expresó Bárbara Pérez, una modista independiente.
Quienes se ganan la vida legalmente con negocios en los que invirtieron todos sus ahorros, y que dependen de las importaciones piensan que esto es un gran retroceso.
La nueva ley podría obligar a cerrar a algunos negocios y hacer que otros sigan funcionando clandestinamente en una nación con un floreciente mercado negro. En algunos mercados ya aparecieron carteles anunciando liquidaciones.
A Pérez, de 52 años, se le salieron las lágrimas cuando le contó a la AP que el 11 de octubre la citaron en una oficina estatal para notificarle la nueva medida. "Me trataron bien, me leyeron la nueva ley y me hicieron firmar un papel", explicó y entre sollozos agregó que le dieron hasta el 30 de noviembre para vender la mercancía que tiene. "Después me la pueden decomisar".
Pérez abrió su negocio hace tres años. "Los primeros once días no vendí nada, me decían que la ropa era chea, (pasada de moda) y de mala calidad", contó. Entonces la modista vendió su máquina de coser, un televisor, un refrigerador y los 150 dólares obtenidos los invirtió en ropa que le compró a una persona que la trae de otro país para venderla, dando inicio a una nueva actividad.
Ella y otros muchos comerciantes dependen de los productos traídos desde el exterior por "mulas", como se denomina a cubanos que viajan afuera y regresan con bolsas repletas de ropa interior, joyas, repuestos para automóviles y electrodomésticos.
Las autoridades comenzaron a combatir estas actividades el año pasado, en que aumentaron significativamente los impuestos aduaneros.
José Barreiro Alfonso, asesor de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, dijo a los medios oficiales qque con esta medida "se pondrá orden". Y recalcó que el Código Penal cubano estipula que "incurre en delito quien obtenga mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia".
En los años 80 el gobierno permitió la venta en mercados agropecuarios y bazares de artesanías a emprendedores particulares, los cuales luego fueron repentinamente encarcelados en una operación policial llamada “Pitirre en el alambre”.
En la década de 1990 se autorizaron trabajos por cuenta propia, incluida la apertura de restaurantes privados, para aliviar el impacto de una severa crisis económica. Cuando pasó lo peor, se fijaron regulaciones que obligaron a cerrar a la mayoría de los cuentapropistas, hasta que los revivieron con las nuevas reforma instauradas a partir de finales del 2010.
Estas políticas contribuyen a "crear un ambiente de incertidumbre que no es positivo y un nivel de frustración que no llegará a protestas nacionales", sostuvo a la AP Frank Mora, director del Centro de Estudio de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida. "Pero con esto el gobierno manda un mensaje al pueblo de que mantiene el control".
Para Carmelo Mesa-Lago, un especialista de Cuba profesor emérito de la Universidad de Pittsburg, el gobierno cubano "no calculó bien, pensó que podía competir" con estos vendedores que tienen precio razonable en tanto en las tiendas (estatales) los precios son mucho más caros.
Mesa-Lago pronosticó que la nueva medida va a abrirle paso a un "mercado clandestino".
"Las reformas son positivas y (van) en la dirección correcta, pero son insuficientes... tienen muchas trabas", señaló.
Frank Rodríguez, de 30 años, era administrador de un hotel de la Unión de Jóvenes Comunistas hasta que hace un par de años hubo una reducción de plantilla y quedó cesante. Sacó entonces una licencia de productor vendedor de calzado.
"Estamos viviendo días de incertidumbre total", dijo Rodríguez. "¿Si lo permitieron durante tres años en todo el país, por qué prohibirlo ahora? ¿Cómo y con qué dinero le compraré comida a mi hija?", preguntó el joven.
Pérez y Rodríguez afirmaron que dependen de las importaciones porque en la isla no existe un mercado mayorista donde puedan adquirir materia prima para confeccionar ropa o calzado.
Pérez recalcó la dificultad de comprar desde una máquina de coser hasta el hilo, mientras Rodríguez señaló que para confeccionar zapatos de calidad, "no tendría otra opción que adquirirla en el mercado negro; pero entonces no tendría los comprobantes de pago para presentárselos a los inspectores".
Diana Sánchez, vendedora de artículos de plomería y otros de uso en el hogar, dijo vivir deprimida por la "incertidumbre total" que hay.
"No pueden hacer eso", dijo la joven de 36 años. "Se nos permitió (abrir negocios), tuvimos una esperanza, una ilusión que de verdad iba a cambiar. No es posible, vamos a retroceder en vez de ir hacia delante".
La agencia Prensa Asociada buscó reacciones en el mercado El Curita, una especie de bazar donde se venden relojes, cremas, shampoo, lámparas, pegamentos y todo tipo de zapatos o ropa, incluida la camiseta del Barcelona.
Señala que hace tres años no existían lugares como este en la isla, habituada a la escasez de productos, pero que dentro de tres meses todo podría parecer un espejismo, porque las autoridades prohibieron la comercialización de artículos importados como alimentos, ropa, zapatos o artículos de aseo o de uso en el hogar.
"Nunca pensé que iba a pasar esto, estoy desesperada. Estoy que no duermo porque me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿cómo voy a hacer?", expresó Bárbara Pérez, una modista independiente.
Quienes se ganan la vida legalmente con negocios en los que invirtieron todos sus ahorros, y que dependen de las importaciones piensan que esto es un gran retroceso.
La nueva ley podría obligar a cerrar a algunos negocios y hacer que otros sigan funcionando clandestinamente en una nación con un floreciente mercado negro. En algunos mercados ya aparecieron carteles anunciando liquidaciones.
A Pérez, de 52 años, se le salieron las lágrimas cuando le contó a la AP que el 11 de octubre la citaron en una oficina estatal para notificarle la nueva medida. "Me trataron bien, me leyeron la nueva ley y me hicieron firmar un papel", explicó y entre sollozos agregó que le dieron hasta el 30 de noviembre para vender la mercancía que tiene. "Después me la pueden decomisar".
Pérez abrió su negocio hace tres años. "Los primeros once días no vendí nada, me decían que la ropa era chea, (pasada de moda) y de mala calidad", contó. Entonces la modista vendió su máquina de coser, un televisor, un refrigerador y los 150 dólares obtenidos los invirtió en ropa que le compró a una persona que la trae de otro país para venderla, dando inicio a una nueva actividad.
Ella y otros muchos comerciantes dependen de los productos traídos desde el exterior por "mulas", como se denomina a cubanos que viajan afuera y regresan con bolsas repletas de ropa interior, joyas, repuestos para automóviles y electrodomésticos.
Las autoridades comenzaron a combatir estas actividades el año pasado, en que aumentaron significativamente los impuestos aduaneros.
José Barreiro Alfonso, asesor de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, dijo a los medios oficiales qque con esta medida "se pondrá orden". Y recalcó que el Código Penal cubano estipula que "incurre en delito quien obtenga mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia".
En los años 80 el gobierno permitió la venta en mercados agropecuarios y bazares de artesanías a emprendedores particulares, los cuales luego fueron repentinamente encarcelados en una operación policial llamada “Pitirre en el alambre”.
En la década de 1990 se autorizaron trabajos por cuenta propia, incluida la apertura de restaurantes privados, para aliviar el impacto de una severa crisis económica. Cuando pasó lo peor, se fijaron regulaciones que obligaron a cerrar a la mayoría de los cuentapropistas, hasta que los revivieron con las nuevas reforma instauradas a partir de finales del 2010.
Estas políticas contribuyen a "crear un ambiente de incertidumbre que no es positivo y un nivel de frustración que no llegará a protestas nacionales", sostuvo a la AP Frank Mora, director del Centro de Estudio de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida. "Pero con esto el gobierno manda un mensaje al pueblo de que mantiene el control".
Para Carmelo Mesa-Lago, un especialista de Cuba profesor emérito de la Universidad de Pittsburg, el gobierno cubano "no calculó bien, pensó que podía competir" con estos vendedores que tienen precio razonable en tanto en las tiendas (estatales) los precios son mucho más caros.
Mesa-Lago pronosticó que la nueva medida va a abrirle paso a un "mercado clandestino".
"Las reformas son positivas y (van) en la dirección correcta, pero son insuficientes... tienen muchas trabas", señaló.
Frank Rodríguez, de 30 años, era administrador de un hotel de la Unión de Jóvenes Comunistas hasta que hace un par de años hubo una reducción de plantilla y quedó cesante. Sacó entonces una licencia de productor vendedor de calzado.
"Estamos viviendo días de incertidumbre total", dijo Rodríguez. "¿Si lo permitieron durante tres años en todo el país, por qué prohibirlo ahora? ¿Cómo y con qué dinero le compraré comida a mi hija?", preguntó el joven.
Pérez y Rodríguez afirmaron que dependen de las importaciones porque en la isla no existe un mercado mayorista donde puedan adquirir materia prima para confeccionar ropa o calzado.
Pérez recalcó la dificultad de comprar desde una máquina de coser hasta el hilo, mientras Rodríguez señaló que para confeccionar zapatos de calidad, "no tendría otra opción que adquirirla en el mercado negro; pero entonces no tendría los comprobantes de pago para presentárselos a los inspectores".
Diana Sánchez, vendedora de artículos de plomería y otros de uso en el hogar, dijo vivir deprimida por la "incertidumbre total" que hay.
"No pueden hacer eso", dijo la joven de 36 años. "Se nos permitió (abrir negocios), tuvimos una esperanza, una ilusión que de verdad iba a cambiar. No es posible, vamos a retroceder en vez de ir hacia delante".
