El severo hermetismo con cuotas de coerción, además del irregular desarrollo del proceso y la incomprensible situación que viven los acusados ya sancionados, hacen que “el robo top secret del que fue víctima el Ministerio del Interior (MININT) de la República de Cuba”, sea el caso más sorprendente de la “justicia” cubana en los últimos 20 años.
Más allá de la decisión final del tribunal, el proceso no concluye. El nuevo implicado es el Coronel Rafael, que casualmente fue el interrogador principal durante el proceso de instrucción. A este señor se le investiga por filtrar información sobre el sumario y la ubicación de los involucrados.
Las medidas post-proceso, constituyen una alteración en el orden jurídico. Acusados el 9 de mayo de alta traición a la patria, robo y venta de material clasificado a gobiernos extranjeros, realizar actos dirigidos a promover la deserción y estimular desobediencias entre altos oficiales, propagar predicciones maliciosas tendentes a causar descontento entre altos mandos militares, enriquecimiento ilícito, cohecho y abuso en el ejercicio del cargo; ninguno de los inculpados ha sido enviado a prisión, continúan recluidos, distribuidos en tres casas operativas, en la capitalina barriada Siboney, donde a algunos se les autoriza la visita de familiares.
“Mira, el Coronel Carlos Emilio Monsanto fue sancionado a 37 años de privación de libertad, el Mayor Ernesto Villamontes a 30, Jorge Emilio Pérez a 30, Román a 22 y el resto a penas similares, ¿Tú crees que van a cumplir sus condenas en casas operativas convertidas en prisión? La gente así es peligrosa si las dejan libres, y también estando presa. No creo que vayan a cumplir ni dos años encerrados en esas casas, y tampoco que vayan a prisión. Por la información que tienen lo lógico es que antes sufran algún accidente, o una repentina enfermedad como le pasó al general Abrantes”, opina con resignación un pariente de uno de los condenados que declinó identificarse porque para poder visitar a su familiar se ve obligado a firmar un extraño pacto de silencio.
“Lo que está claro es que Ernesto (Villamontes) y los demás procesados expatriaron capital, autorizados por la antigua dirección del MININT y la máxima dirigencia del país, con la misión de invertir en negocios y propiedades. Y la información robada del Edificio A del MININT no era para venderla, sino para usarla como protección y eso es imperdonable”.
- ¿Qué los mantiene a salvo?
“Que blanquearon capital en entidades como Financiera Ricamar S.A, Financiera Eurolatina S.A, y Financiera Bescanvi Occidental S.A, algunas de ellas pertenecen a empresarios panameños, entre los que se encuentra el expresidente Martinelli, y ahora mismo el gobierno de Panamá está investigando este asunto. Por eso es que todavía no los envían a prisión, ni les pasan cuenta; todo lo contrario, los instruyen para, de ser necesario, lanzarlos como chivos expiatorios en el posible proceso contra el ex presidente panameño que, para bien o para mal, en lo político, lo mediático y lo internacional, podría alcanzar relevancia y ayudaría mucho a limpiar la huella del gobierno cubano. Como sucedió en las Causas I y II del año 1989”.
