La presunta solución estatal para revitalizar el parque automotriz de los particulares cubanos derivó en turbio negocio que actualmente es escenario de operaciones ilícitas y corrupción en el país.
De acuerdo con testimonios de usuarios dentro de Cuba, las unidades y los kits de motocicletas son los productos líderes del trasiego minorista, generando incluso incumplimiento de contratos estatales con China en favor de un mercado interno que deja jugosas ganancias a los intermediarios.
Las firmas comercializadoras SASA (Servicio Automotriz, Sociedad Anónima) y PROVARI (Producciones Varias), designadas por el gobierno cubano para revitalizar la provisión automotriz de los propietarios privados a partir de los autos desahuciados, están en el foco del trapicheo y las corruptelas, indican fuentes afectadas.
En el 2011, atendiendo a la crítica situación del transporte y a la creciente demanda que los particulares cubanos tienen para reconstruir su viejo parque automotriz, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de la República de Cuba dio la posibilidad de armar centenas de vehículos a partir del reciclaje de piezas de autos sacados de circulación. Es lo que se ha dado en llamar la reconstrucción “Frankestein”.
La Resolución No. 620/2011 estipula que los vehículos para renta y alquiler al turismo que a consecuencia de siniestros queden imposibilitados para comerciar, PROVARI se los vende a SASA en forma de componentes, partes y accesorios que resulten útiles después del desarme. A su vez, según la disposición, SASA queda autorizada para comercializar estas piezas de autos desguazados con aquellos compradores que luego de ingresar a una lista, tengan vigentes la circulación y la chapa de un auto prácticamente inservible.
Similares requisitos se mantienen hasta hoy, con la única diferencia de que ahora, gracias a que una importante fábrica automotriz china firmó con Cuba un proyecto de semidesmontados para ensamblar motos en la isla, SASA puede vender a cubanos que presenten la circulación de una moto construida antes de 1994, motores y kits de montaje, especialmente de modelos AX-100 y GN-125 de Suzuki, que con suerte y un poco de ingenio encajan perfectamente en los cuadros de Karpati, Bergobina y Riga.
“Para solucionar el problema, solo tendrían que vender carros a precios lógicos, esa resolución surgió para erradicar el canibalismo automotriz. No es una solución, es una burla al cubano. Me parece que además de una falta de respeto, es un desprecio al ciudadano común vender las motos por pedazos", explicó a MartíNoticias un indignado ciudadano ciudadano que después de esperar cuatro años logró armar su pequeño Frankestein.
La fuente, que pidió anonimato, consideró que "resulta muy descarado que SASA incumpla su contrato con la contraparte china porque se sabe que de 140 unidades que recibe, guarda 100 para el trapicheo y saca 40 a la venta”.
“Si no tienes un motor -agregó una fuente- tienes que hacer como yo, ir para el campo, contactar a un guajiro que tenga lo que tú quieres, comprarle la moto rota, pagarle a un abogado para que haga los papeles, ponerla a tu nombre, actualizar los papeles, la circulación, la chapa e inscribirte en la lista de SASA, que también cuesta dinero".
Para cuando la persona es llamada, con carnet de identidad en mano, debe presentar la fotocopia de la circulación del motor y comprar la unidad de Suzuki, o de lo que tengan en existencia en ese momento.
"Entonces, saca la cuenta: mi vieja Karpati con motor de Suzuki cuesta el doble de una Harley-Davidson nueva”, afirmó la fuente.
Teniendo en cuenta la dependencia que ambas comercializadoras tienen de la corporación GAESA, los responsables han tratado de blindar el gobierno corporativo con la adopción de un reglamento interno del consejo de administración, la revisión del Código de Conducta y la creación de un Comité de Prevención de Riesgos Penales.
Todos esos cortafuegos se sustentan en la adaptación de nuevos sistemas de control interno con participación directa de la alta dirección y la constitución de una comisión de auditoría, adscrita al máximo órgano de gobierno del conglomerado empresarial militar.
