Cuba planea abrir "tiendas mayoristas de productos alimenticios" dirigidos al sector privado, en respuesta a una de las mayores demandas de los trabajadores por cuenta propia de la isla dedicados a la gastronomía y la restauración, publican este martes medios oficiales.
La directiva del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), Francis Herrera, dijo a medios oficiales que el Estado cubano "trabaja arduamente" en la apertura de estos establecimientos, aunque no precisa cuándo se producirá.
La Habana será uno de los primeros territorios que contará con esos mercados; junto a los municipios de Placetas (Villa Clara) y Trinidad (Sancti Spíritus), ambos en el centro del país.
Una vez que las tiendas mayoristas comiencen a funcionar, los cuentapropistas cubanos podrán encontrar en ellos "fundamentalmente arroz, granos, azúcares, pollo, salchichas y aceite", indicó Herrera.
La vicepresidenta primera del Grupo Mayorista de Productos Alimenticios y otros Bienes de Consumo del MINCIN insistió en que "el abastecimiento de esos centros deberá ser una prioridad", sin afectar la "comercialización a tiempo" de los productos de "la canasta familiar, el consumo social y las ventas liberadas".
Durante la última sesión plenaria del Parlamento cubano, en diciembre pasado, el ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, afirmó que la isla debía implementar un mercado mayorista para el sector privado, donde se logrará comprar "al precio minorista actual menos el 20%".
Casi medio millón de personas en la isla son trabajadores autónomos, cuentapropistas, dedicados en su mayoría a la elaboración y venta de alimentos, categoría que incluye a las cafeterías y restaurantes privados conocidos como "paladares".
Entre las actividades más populares también se encuentran el transporte de carga y pasajeros, y el arrendamiento de viviendas, un servicio que opcionalmente incluye desayunos en sus ofertas.
La ampliación del trabajo privado es una de las reformas acometidas por el gobernante Raúl Castro para "actualizar" el modelo socialista de la isla y compensar la supresión progresiva de unos 500.000 empleos estatales prevista entre 2011 y 2015.
