En 2022 los tribunales cubanos procesaron seis casos por delitos relacionados a la trata de personas, cinco de los cuales involucraban a menores de edad. Las sanciones penales para los implicados variaron entre cinco y 15 años de privación de libertad, según datos ofrecidos en el más reciente "Informe nacional sobre prevención y enfrentamiento a la trata de personas", publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).
En el documento, el régimen de La Habana reitera su política de “tolerancia cero” frente a la trata de personas, pero omite las violaciones de derechos a las que son sometidos los trabajadores cubanos enviados en "misiones" gubernamentales al extranjero y los castigos que enfrentan por abandonarlas o no regresar al país una vez finalizado el “contrato”.
Entre las vulneraciones de derechos documentadas por la ONG Prisioners Defenders se encuentra la confiscación de pasaportes, la prohibición a circular libremente por el país en el que trabajan y el robo de entre el 75 y el 90% de sus salarios por parte del Gobierno de la Isla. El régimen también impide a los profesionales establecer relaciones amorosas con los locales sin la aprobación de sus jefes y relacionarse con colegas que hayan abandonado las misiones o personas que tengan opiniones contrarias al Gobierno cubano.
De acuerdo al más reciente informe de la organización, miles de familias están separadas porque la Isla mantiene la prohibición de entrada al país por ocho años a quienes abandonen la misión. La ONG calcula que, históricamente, alrededor de 40.000 profesionales de la Isla han sido privados de este derecho.
“Entre 5.000 y 10.000 padres y madres no pueden volver a ver a sus hijos por la ‘Ley de los ocho años’. Pero más de 40.000 padres y madres han sufrido esta terrorífica prohibición. Esto provoca en los menores traumas irresolubles y enfermedades de todo tipo causadas por el estrés y el sufrimiento de no volver a ver a sus progenitores. Todo ello ocurre en un contexto donde más de 50.000 profesionales cubanos de todas las disciplinas laborales son enviados a trabajar al extranjero en condiciones de esclavitud execrables, donde sus salarios son retenidos, sus pasaportes confiscados y sus derechos humanos más elementales conculcados sistemáticamente, mediante legislaciones violatorias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, precisa Prisoners Defenders.
Según estimados del Departamento de Estado de Estados Unidos, unas 115.324 personas fueron víctimas de trata de personas en 2022. El informe anual que contempla a 188 países y territorios ubica al Gobierno de Cuba entre los que “no realizan esfuerzos significativos para detener ese flagelo”.
La Habana aparece además entre los gobiernos con “políticas o patrones documentados” de trata en programas oficiales, trabajo forzado en servicios médicos y otros sectores.
El número de delitos relacionados a la trata de personas en 2022 recogidos por el MINREX es menor que el año anterior, cuando el organismo identificó 10 casos, dos de ellos que involucraban a niñas con discapacidad intelectual. No obstante, el documento precisa que se recibieron 1.150 denuncias por presuntas violaciones de los derechos de menores de edad y 296 por iguales motivos relacionados con mujeres, aunque solo se abrieron 789 expedientes de quejas para su investigación.
La Oficina Central Nacional INTERPOL-La Habana detectó en ese periodo grupos de Facebook, WhatsApp y Telegram donde se intercambiaban materiales pornográficos de adultos y contenido de abuso sexual infantil. En estos espacios interactuaban usuarios con números telefónicos cubanos.
“A través de la INTERPOL se recibió una alerta sobre dos ciudadanos cubanos en Facebook que fueron destinatarios de materiales de abuso sexual infantil cuando participaban en salas de chat de esa índole”, explica el MINREX.
Hay además otros 10 ciudadanos cubanos circulados a través de INTERPOL por su participación en operaciones de trata de personas.
“Persiste la incidencia en Cuba de extranjeros que interactúan con jóvenes dedicadas a la prostitución a cambio de dádivas y recargas telefónicas, así como la promoción y venta online de videos e imágenes con contenido sexual, cuyo pago se materializa mediante transferencias bancarias desde el exterior”, dice el MINREX.
Por el sistema diario de información de incidencias del Ministerio de Educación se reportaron ocho hechos extraordinarios en 2022 que vinculan a menores de edad. De ellos, se identificaron dos abusos lascivos, un acoso sexual, tres maltratos y dos violaciones aunque no se comprobó que estos tuvieran fines de explotación, por lo que no fueron incluidos como delitos de trata de personas.
Cuba cuenta actualmente con apenas tres Centros de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes (CPNNA) ubicados en La Habana, Santiago de Cuba y Santa Clara, respectivamente. En el resto de las provincias se emplean para los mismos fines los Centros de Evaluación, Análisis y Orientación de Menores (CEAOM), así como otras áreas de salud.
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