Durante el año 2015, varias notas informativas del Estado Mayor de la Defensa Civil alertaron sobre la grave situación de sequía en el país, sin embargo, en el contenido de ninguna de ellas se sugería el aplazamiento de los “planes de desarrollo” que comprometen grandes volúmenes de agua. El principal propósito de todas se limitó a “crear conciencia” en las personas sobre la “necesidad del ahorro” y advertir sobre el incremento de las afectaciones en el abasto a la población.
Hace apenas unos días, como hiciera durante todo el año, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos volvió a informar lo que ya por reiterado ha dejado de ser noticia: que los embalses están muy lejos de recuperarse, que se encuentran muy por debajo de su capacidad de llenado (algunos con niveles inferiores al 30 por ciento) y que, incluso, las fuentes de agua subterráneas están en peligroso descenso.
En la televisión nacional, los reportajes periodísticos sobre la crisis guardaron silencio sobre el impacto negativo de industrias depredadoras como las de extracción de petróleo y el turismo, y se limitaron a señalar a la población como agente catalizador de los males y a demonizar a algunos negocios, la mayoría en manos del sector privado, como los de lavado de autos y la renta de viviendas con piscinas.
En todo el país es fácil observar la magnitud de las afectaciones: ciudades y poblados donde el abastecimiento de agua es azaroso o depende exclusivamente de carros cisternas o de la apertura de pozos cada vez más profundos y con aguas no aptas para el consumo humano; cosechas totalmente arruinadas o con muy bajos rendimientos; hospitales, como el Nacional, en La Habana, o varios servicios de ginecobstetricia del país, que debieron desatender a los pacientes o paralizar los servicios por falta de agua; guarderías infantiles y comedores escolares que rutinariamente han debido cerrar por desabastecimiento del líquido vital.
La crisis es visible, es real, sin embargo, pudiera parecer un invento cuando se comprueba que un panorama y unos pronósticos tan aterradores no han sido capaces de frenar los planes de incrementar los campos de golf en la isla, e incluso intentar, en un corto lapso de tiempo, convertir al país en una de las plazas principales para un deporte que numerosos ambientalistas señalan como fuerte generador de desastres por las sustancias tóxicas (provenientes de los herbicidas, fungicidas, plaguicidas y fertilizantes) que inyecta a los acuíferos subterráneos y por consumidor de grandes volúmenes de agua.
Se calcula que un solo campo de golf de 18 hoyos consume en un año, y en condiciones normales, la misma cantidad de agua que una ciudad de 200 000 habitantes. La comparación es solo un estimado que puede tender al incremento en regiones como Cuba donde la radiación solar es mucho más fuerte y, para mantener las buenas condiciones de los terrenos, estos deberán irrigarse con mayor frecuencia, multiplicando la demanda de humedad.
Si, atendiendo al dato anterior, un solo campo de golf pudiera llegar a convertirse en una tragedia para un país afectado por la sequía, intentemos imaginar la magnitud de la catástrofe cuando sumen más de treinta los emplazamientos que se han previsto para un futuro inmediato y que constituyen una prioridad en las últimas carteras de inversiones publicadas en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
Tan solo en el 2014, y para dos del total de campos de golf propuestos para implementarse en un período de 15 años, el gobierno cubano solicitaba a los inversores extranjeros un capital cercano a los mil millones de dólares. En los planes no solo se contempla la construcción de las áreas deportivas sino, además, un gigantesco desarrollo inmobiliario asociado.
Por ejemplo, uno de los proyectos en Cienfuegos, denominado El Faro/El Jagüey, perteneciente al polo turístico Rancho Luna-Pasacaballos tendrá una extensión de 517 hectáreas donde serán incluidos dos campos de golf de 18 hoyos cada uno, un campo de practica, una casa club, dos hoteles de categoría 5 estrellas, ambos con un total de 240 habitaciones, un SPA, a lo que se suman 3 600 unidades inmobiliarias, de las cuales 360 serán casas o villas y 3240 apartamentos, sin contar otras áreas deportivas, múltiples centros comerciales y de servicio. Sin dudas un emplazamiento mucho más ambicioso que el anunciado en 2014, por la empresa cubana Palmares y la compañía británica London & Regional, que se limitaría a la edificación de un hotel de lujo de 100 habitaciones y poco más de 1000 casas y departamentos frente a una playa privada en Varadero.
Entusiasmado con los beneficios económicos a corto plazo y respaldados los planes por dictámenes científicos (la mayoría realizados por equipos de investigación subordinados a las empresas inversionistas) que contradicen a la generalidad de los estudios ambientales sobre el tema de los campos de golf, actualmente el Ministerio de Turismo planea la ejecución de megaproyectos similares en casi todas las provincias del país, sin importar cuán afectadas estén las reservas de agua en zonas como Holguín, Las Tunas, Camagüey, Mayabeque o Matanzas, regiones con niveles preocupantes de afectación por la sequía intensa.
En España, una de las plazas más importantes para el golf mundial, con cerca de 400 instalaciones, muchas de ellas asociadas a proyectos inmobiliarios al igual que en Cuba, los estudios ambientales han obligado a los gobiernos y autoridades locales a establecer regulaciones en el uso de las aguas en los campos de golf, lo que ha hecho más difícil la obtención de licencias por parte de las empresas constructoras que, como señalan algunos economistas, han visto, en los últimos años, a la mayor parte de sus proyectos realizados convertirse en activos tóxicos o empantanarse en instituciones de crédito hipotecarias.
Otros países con tradición golfista también han establecido regulaciones rigurosas, lo que, en opinión de algunos analistas, ha provocado que las grandes empresas dedicadas a este deporte orienten sus planes de inversiones hacia países donde las leyes ambientales o no se cumplen a cabalidad o bien ni siquiera existen o se supeditan a los planes económicos y políticos.
Asociar los campos de golf a proyectos inmobiliarios además de aumentar el valor inicial de los terrenos propicia un enmascaramiento de las regulaciones nacionales que privilegian el consumo humano en la distribución del total de las reservas de agua potable. Si un campo de golf, por sí solo, no resulta una prioridad en caso de crisis por sequía, un complejo de viviendas instalado en él justificaría el desvío de los recursos hídricos por encima de otras entidades productivas o de servicios de mayor importancia para la población en general.
“Los campos de golf dan ganancia. El turista de golf gasta el doble que un turista de sol y playa, pero hay que ver los costos de mantenimiento de un solo campo de golf. Normalmente, el monto está en cerca de medio millón de dólares al año. En el caso de Cuba, la cifra se puede incrementar debido a las constantes afectaciones por los fenómenos naturales típicos de la zona [geográfica] en que estamos situados, así como por la falta de preparación del personal que trabaja allí y por lo impredecible del clima, también son problemas graves la salinidad y la intrusión de agua salobre en las aguas del subsuelo que ya, de por sí, están sobrexplotadas por la extracción de petróleo y el propio consumo humano”, afirma un funcionario del Ministerio de Turismo vinculado al desarrollo de los campos de golf en Varadero.
En la Cartera de Inversiones del año 2014, actualizada en el 2015 con nuevas propuestas, se informa de los resultados esperados por el gobierno con este tipo de inversión. Todos están desvinculados de cualquier tipo de beneficio público basado en aquello de “El Deporte Derecho del Pueblo”.
Los importes por el juego de golf en cualquier instalación cubana oscilan entre los 70 y 85 dólares, es decir, aproximadamente tres meses de salario promedio de un trabajador estatal. El precio de los hoteles se estima en una media de 130 dólares por Pax. Las unidades residenciales podrán ser rentadas entre 200 y 300 dólares diarios, estimando un 33% de ocupación, lo que significaría ingresos de 70.8 millones de dólares, de los cuales el 60 % serian pagados a los propietarios y el 40% restante resultarían ingresos a la empresa mixta. Existirán otros ingresos por la gastronomía, recreación y renta de espacios comerciales (datos extraídos de la Cartera de Inversiones del 2015), en fin, un negocio redondo en el que no se le explica al cubano de a pie cuánto llegará a costar dentro de pocos años, en las calles de Cuba, el galón de agua potable o si tendrá que salir a “lucharla” en el mercado negro, tal como está pasando hoy en día en cualquier barrio de La Habana donde unos pocos litros de agua, obtenidos de un carro cisterna “clandestino”, cuesta más de la mitad del salario de un obrero.
[Este articulo fue publicado originalmente en Cubanet ]
