Solo les bastó un chiste contra los dirigentes de la revolución, recibir a un residente en el extranjero o afiliarse a una organización de la sociedad civil para ser expulsados del centro laboral, como ha indagado dentro de la isla el proyecto Eye On Cuba que dirige la organización People in Need.
En ocasiones anteriores han registrado violaciones de los Derechos Humanos en Cuba, mapas de detenciones, el perfil de los detenidos, situación de las cárceles, ahora han reseñado varios casos del sistema de sanciones comunista conocido como "Plan pijama", desde los casos compilados en su sitio digital.
Entre los ejemplos que refiere la publicación está el de Armando González Benítez, despedido de su trabajo en la Escuela Internacional de Miramar, supuestamente por incompetencia, después de haber trabajado en esta escuela como custodio durante diez años.
En realidad "Armando está casado con la bloguera independiente Dora Leonor Mesa Crespo, también líder de la Asociación Cubana para el Desarrollo de la Educación de la Primera Infancia (ACDEI), con sede en La Habana", indica Eye On Cuba y concluye que la decisión tuvo lugar después de varios interrogatorios practicados al señor González.
Una especialista en agricultura urbana, Yoleidis Alfonso Nava, fue obligada a abandonar su puesto de trabajo cuando comenzó a publicar de forma independiente informes y notas de prensa sobre la difícil situación de los vecinos de su comunidad. ¿Los temas?: Desalojos, abusos policiales y las trabas burocráticas.
Otras variantes de vestir "el pijama"
Eliécer Palma Pupo era un trabajador del departamento de suministros en el Complejo Agroindustiral Urbano Noris, en San Germán, Holguín. Y relató a Martinoticias que en 1998 copió una frase que "era una pregunta a Fidel Castro de cuándo los cubanos comeríamos camarones y tomaríamos cerveza", el chiste bastó para ser interrogado, por la Seguridad del Estado, cesado en sus funciones y rebajado a un cargo menor hasta que se vio obligado con los años a abandonar su empleo.
Palma cita al primer teniente Frank González y el hoy mayor Rodolfo Cepena como los hostigadores principales "por aquel chiste". Desde esa fecha fue transitando por puestos de trabajo como chofer o simple operario hasta 2012 cuando, definitivamente, quedó sin empleo.
En la misma provincia de Holguín, Osmel Céspedes Artigas se desempeñaba como reparador de teléfonos móviles en un taller junto a otros cuentapropistas. El 21 de enero de 2014 filmó una sonada protesta de trabajadores por cuenta propia en esa ciudad que llegó a medios como The New York Times.
El día 23 de ese mes, Céspedes fue detenido en una unidad policial. Asegura que le "advirtieron" y lo amenazaron con encarcelarlo si volvía a filmar en las calles. Semanas después le vino encima lo peor, como contó a Martinoticias:
"Me quitaron mis papeles (su licencia de trabajador por cuenta propia), mi computadora, me expulsaron de todo", comenta Céspedes Artigas, quien ahora está del lado de quienes filmó aquella tarde "ahora soy integrante del Partido Cuba Independiente y Democrática (CID)", finaliza.
Como resultado de estas variantes de "enfriamiento laboral" o "plan pijama", algunos terminan, como Osmel, pasando a ser opositores activos contra quienes le infligieron el daño.
Yuleisis Rondón se graduó en Camagüey de Técnica en Esterilización, quedó entre las plazas que pasaron a ser vacantes en el 2004 y, luego de unos años sin ubicación laboral, comenzó a mezclarse con los grupos disidentes, lo que le bastó para llevar hasta ahora "el pijama".
"Quedé sin trabajo ninguno y todavía en 2014 me dicen que no hay trabajo para mí, que no puedo trabajar por el motivo nada más de que soy defensora de los Derechos Humano", señaló Yuleisis.
Recientemente, Yuleisis Rondón intentó ubicarse como custodio en la Unidad Municipal de la Vivienda, pero se lo negaron de plano. "Enrique me dijo que no podía trabajar porque mis ideas eran otras, que yo era defensora de los Derechos Humanos", finaliza.
Pijamas de seda, hierro y plomo
Entrar en la moda del "plan pijama" no requiere expresamente una oposición frontal al régimen autoritario de La Habana. Un gesto incómodo para un alto funcionario es suficiente para quedar fuera del pastel.
Los nombres del ex canciller Roberto Robaina, el vicepresidente cubano Carlos Lage Dávila o el ex ministro de la Industria Básica Marcos Portal son solo tres ejemplos de difíciles relaciones entre estos (un día ciudadanos privilegiados) y el poder que los colocó allí.
Ninguno de los tres sufrió la cárcel o el escarnio público, más allá de una nota de prensa, como sí ocurrió con el ex comandante Huber Matos que luego de su "Carta renuncia" fue víctima de un "juicio ejemplarizante" y una condena de 20 años de prisión que cumplió hasta el último día.
El general Arnaldo Ochoa Sánchez fue fusilado junto a tres oficiales más en 1989 bajo cargos que lo implicaban en el narcotráfico internacional y "alta traición a la patria", aunque el primero no está estipulado en el código penal con una sanción de ese tipo, y el segundo tiene una clara relación con el entonces gobernante Fidel Castro, que aparecía como primer implicado en la conocida Causa No. 1 de 1989.
En todo caso, la primera violación a los Derechos Humanos en que incurren las autoridades cubanas es la del derecho al trabajo, aunque Cuba sea firmante de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
