El año pasado la firma británica Coral Capital, uno de los mayores inversionistas privados en Cuba, distribuyó folletos dando publicidad a las encantadoras posibilidades que tenían ahora los extranjeros de tener propiedades en La Habana, pero de repente todo parece haberse ido al piso, según la revista The Economist.
La publicación menciona las urbanizaciones que la empresa proyectaba edificar en torno a un par de campos de golf, pero sus dos principales ejecutivos, ambos británicos, dice, están bajo arresto y son objeto de una investigación “que en igual medida ha desconcertado y alarmado a los extranjeros que hacen negocio en Cuba”.
The Economist destaca que “desde el último verano docenas de altos dirigentes cubanos, en industrias que van desde la del níquel hasta la del tabaco, han sido arrestados, junto con algunos empresarios extranjeros establecidos” en la isla, y cita el caso de Max Marambio, un ex guerrillero chileno y amigo de Fidel Castro que hizo una fortuna en negocios con los cubanos y fue juzgado y hallado culpable en ausencia.
Coral Capital dice haber invertido en Cuba unos $75 millones de dólares, mayormente en la remodelación del Saratoga, el más lujoso hotel de La Habana. El jefe de operaciones de la empresa, Stephen Purvis, fue arrestado cuando llevaba a su hijo a la escuela, dice la revista.
El jefe de Purvis, Amado Fahkre, corrió la misma suerte en octubre pasado y aunque no ha sido acusado formalmente de ningún delito sigue detenido. “Ambos han sido interrogados en Villa Marista, el notorio cuartel general de la contrainteligencia (…) oficiales cubanos presumen de que eventualmente todos “hablan” después e haber estado allí”, agrega.
La revista precisa que los arrestos no han sido mencionados en la prensa estatal, pero dice que parecen formar parte de una pesquisa sobre pagos ilegales a ciudadanos cubanos.
Tras indicar que casi todos los cubanos, incluyendo los que tienen cargos de dirección en negocios que producen millones de dólares apenas reciben unos $20 al mes, cita sin revelar su identidad a un empresario europeo en la isla.
“Si le pago a mi administrador $100 adicionales al mes, como creo que debo hacer--dijo el hombre--, ¿es eso un delito contra la seguridad nacional?”. Y parece que si lo es, concluye The Economist.
La publicación menciona las urbanizaciones que la empresa proyectaba edificar en torno a un par de campos de golf, pero sus dos principales ejecutivos, ambos británicos, dice, están bajo arresto y son objeto de una investigación “que en igual medida ha desconcertado y alarmado a los extranjeros que hacen negocio en Cuba”.
The Economist destaca que “desde el último verano docenas de altos dirigentes cubanos, en industrias que van desde la del níquel hasta la del tabaco, han sido arrestados, junto con algunos empresarios extranjeros establecidos” en la isla, y cita el caso de Max Marambio, un ex guerrillero chileno y amigo de Fidel Castro que hizo una fortuna en negocios con los cubanos y fue juzgado y hallado culpable en ausencia.
Coral Capital dice haber invertido en Cuba unos $75 millones de dólares, mayormente en la remodelación del Saratoga, el más lujoso hotel de La Habana. El jefe de operaciones de la empresa, Stephen Purvis, fue arrestado cuando llevaba a su hijo a la escuela, dice la revista.
El jefe de Purvis, Amado Fahkre, corrió la misma suerte en octubre pasado y aunque no ha sido acusado formalmente de ningún delito sigue detenido. “Ambos han sido interrogados en Villa Marista, el notorio cuartel general de la contrainteligencia (…) oficiales cubanos presumen de que eventualmente todos “hablan” después e haber estado allí”, agrega.
La revista precisa que los arrestos no han sido mencionados en la prensa estatal, pero dice que parecen formar parte de una pesquisa sobre pagos ilegales a ciudadanos cubanos.
Tras indicar que casi todos los cubanos, incluyendo los que tienen cargos de dirección en negocios que producen millones de dólares apenas reciben unos $20 al mes, cita sin revelar su identidad a un empresario europeo en la isla.
“Si le pago a mi administrador $100 adicionales al mes, como creo que debo hacer--dijo el hombre--, ¿es eso un delito contra la seguridad nacional?”. Y parece que si lo es, concluye The Economist.
