Los juicios a algunos de los más importantes empresarios extranjeros establecidos en Cuba desde hace décadas son sólo “la cara visible de una campaña de limpieza más amplia”, afirma en un artículo el corresponsal de la BBC en La Habana Fernando Ravsberg, quien cita fuentes según las cuales “los tribunales no dan abasto para procesar a tantos implicados”.
De acuerdo con el periodista, no sorprende que el gobierno haya cerrado las operaciones de varias compañías “sino que hayan tardado tanto tiempo en investigarlas cuando todo el ambiente empresarial conocía cómo hacían sus negocios, la forma en que operaban y hasta los mecanismos para repartir las prebendas”.
A su juicio en los últimos 20 años no se había impulsado en la isla una campaña anticorrupción tan amplia, tan profunda y, sobre todo, tan sostenida, y dice conocer personalmente a algunos empresarios cubanos que estuvieron más de un año sin ser molestados pero cuando ya creían haberse librado “los llamaron a juicio y los condenaron a varios años de prisión”.
Ravsberg señala que en las granjas de trabajo hay tantos corruptos presos que uno de los jefes del sistema penitenciario le aseguró que “está cambiando el componente racial de los internos, con la llegada de estos dirigentes empresariales o políticos, mayoritariamente blancos”.
El argumento que se aduce es que se vieron forzados a corromperse por los bajos salarios que perciben, pero en sus casos no puede ser cierto, señala, porque “en general ellos viven muy por encima del resto de sus compatriotas, habitan en buenas casas, manejan automóviles, tienen cuota de gasolina, teléfono celular pagado, reciben viáticos para sus viajes al extranjero. Son los que menos necesidad de corromperse tienen”.
Y ahora el revuelo es mucho mayor, apunta, porque “no solo están procesando en los tribunales los empresarios corruptos cubanos sino también los extranjeros, aunque estos tengan ciudadanías de países tan influyentes como Canadá o el Reino Unido.
Los casos más recientes son los de dos ejecutivos de un fondo de inversión enjuiciados y cuyos veredictos están pendientes: el ciudadano británico de origen libanés Amado Fakhre, presidente de Coral Capital Group, Ltd, y el gerente de operaciones de la firma, Stephen Purvis. Las sentencias a otros dos extranjeros juzgados una semana antes todavía no han sido dadas a conocer.
Según el artículo al gobierno cubano no se le puede criticar porque luche contra la corrupción empresarial pero sí “se le podría pedir una mayor transparencia”, y menciona a un experto de la Institución Brookings quien recientemente aludió al asunto en declaraciones a la agencia noticiosa Reuters.
"Si el gobierno cubano pretende que las sanciones sirvan como una disuasión eficaz a la corrupción, y no como disuasión a la inversión extranjera legítima --decía el experto--, debería aclarar la naturaleza exacta de las supuestas infracciones y hacer el proceso legal más transparente".
El artículo subraya que “la diferencia entre eliminar la corrupción empresarial y desalentar la inversión radica justamente en la transparencia”, y añade que por ejemplo sería interesante saber si las acciones judiciales que ha emprendido el gobierno cubano contra los empresarios “se corresponden a delitos que también serían sancionados en cualquier otro país”.
De acuerdo con el periodista, no sorprende que el gobierno haya cerrado las operaciones de varias compañías “sino que hayan tardado tanto tiempo en investigarlas cuando todo el ambiente empresarial conocía cómo hacían sus negocios, la forma en que operaban y hasta los mecanismos para repartir las prebendas”.
A su juicio en los últimos 20 años no se había impulsado en la isla una campaña anticorrupción tan amplia, tan profunda y, sobre todo, tan sostenida, y dice conocer personalmente a algunos empresarios cubanos que estuvieron más de un año sin ser molestados pero cuando ya creían haberse librado “los llamaron a juicio y los condenaron a varios años de prisión”.
Ravsberg señala que en las granjas de trabajo hay tantos corruptos presos que uno de los jefes del sistema penitenciario le aseguró que “está cambiando el componente racial de los internos, con la llegada de estos dirigentes empresariales o políticos, mayoritariamente blancos”.
El argumento que se aduce es que se vieron forzados a corromperse por los bajos salarios que perciben, pero en sus casos no puede ser cierto, señala, porque “en general ellos viven muy por encima del resto de sus compatriotas, habitan en buenas casas, manejan automóviles, tienen cuota de gasolina, teléfono celular pagado, reciben viáticos para sus viajes al extranjero. Son los que menos necesidad de corromperse tienen”.
Y ahora el revuelo es mucho mayor, apunta, porque “no solo están procesando en los tribunales los empresarios corruptos cubanos sino también los extranjeros, aunque estos tengan ciudadanías de países tan influyentes como Canadá o el Reino Unido.
Los casos más recientes son los de dos ejecutivos de un fondo de inversión enjuiciados y cuyos veredictos están pendientes: el ciudadano británico de origen libanés Amado Fakhre, presidente de Coral Capital Group, Ltd, y el gerente de operaciones de la firma, Stephen Purvis. Las sentencias a otros dos extranjeros juzgados una semana antes todavía no han sido dadas a conocer.
Según el artículo al gobierno cubano no se le puede criticar porque luche contra la corrupción empresarial pero sí “se le podría pedir una mayor transparencia”, y menciona a un experto de la Institución Brookings quien recientemente aludió al asunto en declaraciones a la agencia noticiosa Reuters.
"Si el gobierno cubano pretende que las sanciones sirvan como una disuasión eficaz a la corrupción, y no como disuasión a la inversión extranjera legítima --decía el experto--, debería aclarar la naturaleza exacta de las supuestas infracciones y hacer el proceso legal más transparente".
El artículo subraya que “la diferencia entre eliminar la corrupción empresarial y desalentar la inversión radica justamente en la transparencia”, y añade que por ejemplo sería interesante saber si las acciones judiciales que ha emprendido el gobierno cubano contra los empresarios “se corresponden a delitos que también serían sancionados en cualquier otro país”.
