El mes de febrero de 2026 estuvo marcado por un incremento significativo de la tensión social en Cuba, con un aumento de las protestas, el agravamiento de la crisis económica y un repunte de la represión estatal, según un informe del centro de asesoramiento legal Cubalex.
En declaraciones a Martí Noticias, el abogado de la organización, Alain Espinosa, explicó que el deterioro de la situación en la isla responde a una combinación de factores económicos y sociales.
“Febrero estuvo marcado por un aumento crítico de la tensión social en Cuba, impulsado sobre todo por la crisis económica asfixiante y un incremento notable de las expresiones de descontento popular”, afirmó.
De acuerdo con el informe, durante ese mes se registraron 68 protestas en todo el país, lo que representa el doble de las reportadas en enero. La más relevante ocurrió en la prisión de Canaletas, en Ciego de Ávila.
“Fue una protesta masiva de reclusos motivada por las condiciones inhumanas, el hambre y las torturas a las que son sometidos de manera sistemática”, señaló Espinosa.
El abogado denunció que la respuesta estatal fue “extremadamente violenta”, con despliegue de tropas especiales, represión directa y un cerco informativo que ha dificultado verificar denuncias sobre posibles muertes dentro del penal.
El informe de Cubalex documentó 242 eventos represivos durante febrero, y al menos 528 incidentes de hostigamiento en todo el país.
“Las violaciones más comunes fueron contra personas privadas de libertad, seguidas de vigilancia policial, detenciones arbitrarias y amenazas”, explicó Espinosa.
En total, 190 personas fueron víctimas directas de estas acciones, entre ellas defensores de derechos humanos y personas afrodescendientes, identificados como grupos especialmente vulnerables.
Las provincias con mayor índice de represión fueron La Habana, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba.
Cubalex también reportó la muerte de al menos siete personas bajo custodia estatal durante el mes, por causas que van desde desnutrición hasta falta de atención médica.
Entre los casos documentados se encuentra el de Abraham Limonte Estrada, un joven que falleció mientras cumplía el servicio militar obligatorio.
“Los familiares describen que había sido sometido a abusos, sobre todo de manera psicológica, que lo llevaron a tomar esa decisión”, indicó Espinosa.
El informe subraya además el agravamiento de la crisis humanitaria, con escasez de alimentos, falta de combustible, apagones prolongados y un deterioro en la gestión de los desechos, que ha llevado incluso a la quema de basura con impacto en la salud pública.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, el reporte documenta al menos 21 homicidios y más de 50 hechos de violencia, reflejando un aumento sostenido de la inseguridad en la isla.
El informe también recoge un hecho de alto impacto ocurrido el 25 de febrero, cuando una embarcación con exiliados cubanos que intentaba llegar a la isla fue interceptada en una operación de tropas guardafronteras. Según Cubalex, el incidente dejó fallecidos, personas desaparecidas temporalmente y obstáculos para que los familiares pudieran ejercer recursos legales como el hábeas corpus.
La organización advierte que este caso podría implicar graves violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal, y subraya la obligación del Estado de demostrar que el uso de la fuerza fue legal, necesario y proporcional, así como de realizar investigaciones independientes sobre lo ocurrido.
Al mismo tiempo, Cubalex denunció un endurecimiento de la represión contra la libertad de expresión y el castigo al disenso.
“El régimen intensificó el castigo contra la crítica”, señaló Espinosa.
Entre los casos más destacados figuran personas condenadas a largas penas de prisión únicamente por expresar opiniones en espacios públicos. El profesor Ariel Manuel Martín fue sentenciado a 10 años de cárcel por escribir carteles críticos, mientras que Leonardo Richard González enfrenta una condena de ocho años por pintar la frase “nos están matando” en una pared.
Asimismo, el informe recoge la detención de los creadores de contenido del proyecto audiovisual El4tico, Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, quienes fueron arrestados y enfrentan cargos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir.
Estas acciones, según Cubalex, reflejan un patrón sistemático de criminalización de la libertad de expresión en Cuba, donde manifestaciones pacíficas de inconformidad son tratadas como delitos graves.
El informe concluye que el país atraviesa una crisis multidimensional, donde el deterioro de las condiciones de vida se combina con un aumento sostenido de la represión, la violencia institucional y la falta de garantías para los derechos fundamentales.
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