Cuando la administración Obama les sacó el tapete de la política de pies-secos-pies mojados de debajo de los pies, 71 cubanos quedaron varados en Gran Caimán. Ahora una parte de ellos quiere asilarse en las islas, pero se les prohíbe, o se les censura, hablar de ello.
El diario Cayman Compass publica la historia de Miguel García, un migrante cubano detenido en Gran Caimán desde hace tres meses y medio, que intentó sacar el lunes del centro de detención de inmigración en George Town una carta manuscrita, en la que pedía a la gobernadora de las islas que considerara su solicitud de asilo político.
"Estamos aquí y pedimos asilo político. Lo que queremos es estar bien con la ley aquí y saber qué pueden hacer con nosotros. Queremos trabajar, en la construcción o en cualquier otra cosa", le había escrito García a la funcionaria, Helen Kilpatrick.
Sin embargo, la carta fue confiscada por funcionarios del reclusorio que consideraron que el mensaje podía constituir un problema de seguridad.
García había hablado previamente con la prensa local el 15 de enero, tres días después la medida de despedida de Obama. Hasta entonces los funcionarios no se oponían a que los detenidos hablaran libremente con los medios través de la cerca.
Sin embargo, el lunes fueron enviados policías y funcionarios de seguridad para que le dijeran a un reportero del diario Cayman Compass que tenía que abandonar la instalación y que, si quería hablar con los reclusos,programara una visita.
El periódico precisa que dos solicitudes de entrevista enviadas el mes pasado nunca fueron contestadas. El lunes, se proporcionó a la prensa una dirección de correo electrónico de contacto. Un funcionario dijo que aunque los detenidos no son considerados prisioneros y tienen derecho a hablar con la prensa, el centro preferiría que las entrevistas se realicen sólo por los canales oficiales.
Otro dijo que hablar con los medios podría trastornar a los detenidos y provocar disturbios, como que se subieran a los techos y lanzaran piedras.
El diario asegura que dos de los detenidos, Yanet Orozco y Renato Torres, fueron llevados a entrevistas supervisadas. A ambos se les permitió hablar a través de un intérprete y únicamente podían responder “sí” o “no”, a menos que los oficiales les dieran permiso explícito.
Orozco intentó ofrecer detalles de su expediente, pero se le ordenó retener la información. Reveló que se le permitió una llamada telefónica a un abogado, pero le prohibieron decir más, explica el diario.
Torres, quien también lleva tres meses y medio, esperaba tener ese día una reunión con un abogado pero tampoco le permitieron abundar sobre su caso. Igualmente se les prohíbe revelar los nombres de los representantes legales con quienes han contactado. Otro detenido, Armando Acosta, aseguró a Cayman Compass que no ha tenido acceso a un abogado en siete meses.
La mayoría no puede pagar el costo de la representación legal, aseguró García.
[Con información de Cayman Compass]
