La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) sigue enfrentando una ola de represión por parte del régimen cubano ante la labor humanitaria que realiza, denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).
El documento resalta cómo la Seguridad del Estado ha intensificado los arrestos, amenazas y confiscaciones contra colaboradores y personas que reciben la ayuda de la organización en la ciudad de Santiago de Cuba.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del CTDC, declaró a Martí Noticias desde La Habana que, con esta declaración, el Consejo "está apoyando a una de sus organizaciones integrantes" que realiza una "inmensa labor de apoyo y ayuda social" en beneficio de "las personas más desválidas en una de las regiones más desvalidas del país, que es Oriente".
Según el CTDC, al menos 110 personas han sido detenidas por acudir a esta iniciativa de ayuda social, que actualmente atiende a más de 260 ciudadanos en situación de extrema pobreza.
"La respuesta que está dando el gobierno (...) no es apropiada a la realidad que está viviendo el país. En vez de estimular que la sociedad misma, con sus recursos, sus capacidades, sus habilidades, provea a los sectores más desposeídos y más vulnerables, lo que hace es reprimir una acción que quiso monopolizar a lo largo de más de 60 años", argumentó el activista.
Cuesta Morúa señaló que el Estado fallido que es Cuba es "incapaz de reconocer que no está en condiciones de proveer, de asistir y de garantizar el bienestar sostenido de la sociedad cubana".
El documento del CTDC destaca casos alarmantes de represión, como el de Yarisleidis Richard Rodríguez, madre de un menor de edad, quien fue detenida sin previo aviso, dejando a su hijo en total desamparo.
También se denuncia la detención y maltrato de un anciano de 86 años, enfermo de cáncer, que intentaba llegar a la sede de la organización, en el Reparto Altamira de la capital santiaguera en busca de alimento. Además, algunas madres han sido amenazadas con la retirada de la custodia de sus hijos por recibir asistencia de la UNPACU.
Esta criminalización de la asistencia humanitaria refleja, según el organismo, “las prácticas de terror de Estado” del régimen cubano, que contrasta con el discurso oficial que La Habana promueve en foros internacionales sobre derechos humanos.
Otras organizaciones independientes, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), también han denunciado las amenazas contra Ferrer y la labor que realiza la UNPACU.
Yaxys Cires, jefe de Estrategias del OCDH, aseguró que “tanto en febrero como en lo que va de marzo, la organización ha registrado un creciente hostigamiento contra el opositor”. Asimismo, denunció las acciones represivas en contra de los proyectos que Ferrer desarrolla “para ayudar a sus vecinos, a los pobladores de su municipio, a mitigar el hambre y la pobreza en que están viviendo”.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y presidente del CTDC, ha sido uno de los principales blancos de la represión. Según el comunicado, el opositor está siendo amenazado con regresar a prisión por su labor en la distribución de alimentos a personas necesitadas. Desde la sede de UNPACU en Santiago de Cuba, Ferrer agradeció el apoyo:
“Estamos muy agradecidos a nuestros hermanos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba por esta declaración solidaria con la Unión Patriótica de Cuba, con la UNPACU y con nuestra labor humanitaria, perseguida ya con ensañamiento por las fuerzas represivas del régimen castrocomunista”.
Ante esta situación, el CTDC ha instado a organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea a tomar acciones concretas. En particular, ha hecho un llamado a la UE para que fortalezca su apoyo a la sociedad civil cubana y condene con mayor firmeza la persecución contra los opositores.
“Matan al pueblo de hambre, de necesidades de todo tipo, con todo tipo de penurias, y persiguen a quienes tratamos de ayudar, a los más necesitados”, denunció Ferrer.
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