La semana pasada circuló en toda la comunidad disidente de Cuba una noticia inquietante: El órgano permanente superior de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), le prohibió el ejercicio de la abogacía por un término de seis meses a la doctora Amelia Rodríguez Cala, gran defensora de opositores acusados.
Al pasar los días, se han ido conociendo detalles adicionales de la torpe maniobra. Resulta evidente que, aunque se invoquen otras razones, lo que subyace en el fondo de esta nueva patraña es el propósito de castigar a la letrada por su postura vertical en el ejercicio de su profesión.
Como es usual, los pretextos esgrimidos son otros. A Amelia le iniciaron un expediente disciplinario en base a supuestas quejas de dos clientes. A estas alturas, es razonable sospechar que al menos una de ellas haya sido una provocadora al servicio del régimen. En cualquier caso, un examen somero de las dos denuncias demuestra la endeblez de las acusaciones.
En el asunto de Caridad Chacón Feraudy, se le imputa a la doctora no haber presentado las pruebas en tiempo. No importó que una técnica auxiliar incumpliera su obligación de notificarse e informar a la abogada sobre el particular. Tampoco que Amelia en definitiva ganó el pleito, pues las pruebas fueron presentadas para mejor proveer, admitidas y practicadas por el Tribunal.
Por su parte, Regla Capote Alayo expone que no fue citada al bufete para informarle del fallo dictado en su caso. Al respecto, la misma letrada exhibe documentos que demuestran que convocó a esa señora en no menos de diez ocasiones, sin que esta última se dignara darse por enterada.
Quien examine el asunto con imparcialidad, concluirá que la doctora Rodríguez Cala debió ser exonerada. Pero las instrucciones fueron otras, y pedirles objetividad a los jefes de la ONBC es como esperar que un pino dé mangos. Lo decidido ahora contra Amelia es sólo el último eslabón de una larga cadena de actos de permanente acoso contra ella.
Conocemos del constante hostigamiento que los dirigentes del Bufete Colectivo de Carlos III han mantenido contra la letrada. En esto se han destacado la directora de la unidad, Ileana Sandoval Roldán, y el jefe de equipo Franklyn Menéndez Tamayo.
Ellos le han hecho la vida imposible. En forma descompuesta cuestionan de manera constante sobre supuestas deficiencias en su trabajo. Esto se ha repetido en presencia de distintos clientes, que dan fe del trato despótico y abusivo que los cabecillas del citado bufete dan a la doctora. Esto no es casual.
Rodríguez Cala ha defendido a más de cien opositores. Al ser separada del ejercicio profesional, ella representaba a casi todos las personalidades independientes que hoy mismo son parte en procesos judiciales: Berta Soler, Martha Beatriz Roque, Sonia Garro, Ramón Muñoz, Ángel Santiesteban, Marcelino Abréu Bonora, Reinier Mulet, Miguel Ulloa Guinart, Ángel Yunier Remón, Gorki Águila.
Esta realidad es la que concita el odio y la ferocidad de los mediocres, para quienes la toga no es más que una especie de uniforme. En su desenfreno, los represores de los bufetes colectivos incluso han excedido sus facultades. El Decreto-Ley 81, que regula el ejercicio de la abogacía, los faculta a aplicar a un miembro de la organización, entre otras sanciones, la de “traslado a otra plaza de inferior categoría o, previa la correspondiente coordinación, a otra unidad cercana”.
La conjunción disyuntiva indica que se puede escoger entre las dos penalidades: o le dan un cargo inferior, o la transfieren a otro bufete (se sobreentiende, a laborar allí como jurista). En este caso, infringiendo la ley, se aplicaron ambas medidas. En cuanto a la ‘cercanía’, piénsese solamente que la mandaron al lejano municipio de La Lisa.
Esta semana, la letrada proyecta cumplir su injusta sanción. En su nueva plaza devengará al mes 300 pesos cubanos: poco más de 12 dólares. Quieren acallar su voz, pero su honradez y su acendrado amor a la profesión la ponen muy por encima de todas estas canalladas. ¿Podrá trabajar en La Lisa sin dificultades, o debemos esperar más provocaciones y actos de acoso contra ella?
Estemos pendientes de su situación. También de la de los presos políticos, cuya defensa —al parecer— el régimen ahora desea que sea asumida por los dóciles abogados de oficio que los mismos dirigentes han escogido. En cuanto a Amelia, me mantendré al tanto, no sólo por ser una colega que ha vestido la toga con dignidad, sino también —y ya en un plano más personal— porque fue mi defensora durante mi segunda prisión política.
Publicado originalmente en Cubanet.
Al pasar los días, se han ido conociendo detalles adicionales de la torpe maniobra. Resulta evidente que, aunque se invoquen otras razones, lo que subyace en el fondo de esta nueva patraña es el propósito de castigar a la letrada por su postura vertical en el ejercicio de su profesión.
Como es usual, los pretextos esgrimidos son otros. A Amelia le iniciaron un expediente disciplinario en base a supuestas quejas de dos clientes. A estas alturas, es razonable sospechar que al menos una de ellas haya sido una provocadora al servicio del régimen. En cualquier caso, un examen somero de las dos denuncias demuestra la endeblez de las acusaciones.
En el asunto de Caridad Chacón Feraudy, se le imputa a la doctora no haber presentado las pruebas en tiempo. No importó que una técnica auxiliar incumpliera su obligación de notificarse e informar a la abogada sobre el particular. Tampoco que Amelia en definitiva ganó el pleito, pues las pruebas fueron presentadas para mejor proveer, admitidas y practicadas por el Tribunal.
Por su parte, Regla Capote Alayo expone que no fue citada al bufete para informarle del fallo dictado en su caso. Al respecto, la misma letrada exhibe documentos que demuestran que convocó a esa señora en no menos de diez ocasiones, sin que esta última se dignara darse por enterada.
Quien examine el asunto con imparcialidad, concluirá que la doctora Rodríguez Cala debió ser exonerada. Pero las instrucciones fueron otras, y pedirles objetividad a los jefes de la ONBC es como esperar que un pino dé mangos. Lo decidido ahora contra Amelia es sólo el último eslabón de una larga cadena de actos de permanente acoso contra ella.
Conocemos del constante hostigamiento que los dirigentes del Bufete Colectivo de Carlos III han mantenido contra la letrada. En esto se han destacado la directora de la unidad, Ileana Sandoval Roldán, y el jefe de equipo Franklyn Menéndez Tamayo.
Ellos le han hecho la vida imposible. En forma descompuesta cuestionan de manera constante sobre supuestas deficiencias en su trabajo. Esto se ha repetido en presencia de distintos clientes, que dan fe del trato despótico y abusivo que los cabecillas del citado bufete dan a la doctora. Esto no es casual.
Rodríguez Cala ha defendido a más de cien opositores. Al ser separada del ejercicio profesional, ella representaba a casi todos las personalidades independientes que hoy mismo son parte en procesos judiciales: Berta Soler, Martha Beatriz Roque, Sonia Garro, Ramón Muñoz, Ángel Santiesteban, Marcelino Abréu Bonora, Reinier Mulet, Miguel Ulloa Guinart, Ángel Yunier Remón, Gorki Águila.
Esta realidad es la que concita el odio y la ferocidad de los mediocres, para quienes la toga no es más que una especie de uniforme. En su desenfreno, los represores de los bufetes colectivos incluso han excedido sus facultades. El Decreto-Ley 81, que regula el ejercicio de la abogacía, los faculta a aplicar a un miembro de la organización, entre otras sanciones, la de “traslado a otra plaza de inferior categoría o, previa la correspondiente coordinación, a otra unidad cercana”.
La conjunción disyuntiva indica que se puede escoger entre las dos penalidades: o le dan un cargo inferior, o la transfieren a otro bufete (se sobreentiende, a laborar allí como jurista). En este caso, infringiendo la ley, se aplicaron ambas medidas. En cuanto a la ‘cercanía’, piénsese solamente que la mandaron al lejano municipio de La Lisa.
Esta semana, la letrada proyecta cumplir su injusta sanción. En su nueva plaza devengará al mes 300 pesos cubanos: poco más de 12 dólares. Quieren acallar su voz, pero su honradez y su acendrado amor a la profesión la ponen muy por encima de todas estas canalladas. ¿Podrá trabajar en La Lisa sin dificultades, o debemos esperar más provocaciones y actos de acoso contra ella?
Estemos pendientes de su situación. También de la de los presos políticos, cuya defensa —al parecer— el régimen ahora desea que sea asumida por los dóciles abogados de oficio que los mismos dirigentes han escogido. En cuanto a Amelia, me mantendré al tanto, no sólo por ser una colega que ha vestido la toga con dignidad, sino también —y ya en un plano más personal— porque fue mi defensora durante mi segunda prisión política.
Publicado originalmente en Cubanet.