El Consejo de Ministros publicó recientemente el Decreto 88, una normativa que, entre otras cuestiones, prevé la creación de un Sistema Nacional de Diseño en Cuba cuyo objetivo primero es garantizar los "valores forjados por la Revolución", expertos y abogados comentaron a Martí Noticias sobre las implicaciones negativas de esta nueva herramienta legal.
El nuevo sistema supervisará todos los procesos de creación de los diseñadores en el país a través de comisiones que evaluarán sus actividades.
Aunque la disposición normativa tiene un carácter eminentemente administrativo, preocupa a los creadores la potestad que da al Estado para controlar y censurar sus obras y que, por otro lado, no ofrezca garantías básicas para quienes ejercen la profesión de manera independiente.
"Lo más preocupante es la creación de las comisiones técnicas de evaluación del diseño, reguladas en la Resolución 66/2023 del Ministerio de Industrias por la capacidad que estas tienen de otorgar calificaciones, así como definir quienes serían sus integrantes y la capacidad técnica para emitir dichas evaluaciones”, explica a Martí Noticias el abogado Michel Fernández.
“Es un decreto que continúa la línea de 'administrativizar' aún más la actividad del Estado, creando nuevos mecanismos burocráticos que no se van a implementar adecuadamente”, agrega.
La normativa, publicada en la Gaceta Oficial, se aplica a las personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, que desarrollan o gestionan la actividad de diseño en el territorio nacional, con independencia de su estructura organizativa, forma de gestión y tipo de propiedad.
Para el artista y diseñador cubano Julio Llópiz “cuando hablan de ‘los valores forjados por la Revolución’ se refieren a ‘absolutamente cualquier cosa”.
“Esto quiere decir que la Revolución, o sea, el castrismo o el gobierno de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro, tienen la potestad de decidir cuándo (los valores) están siendo vulnerados por determinadas imágenes”, agrega el activista.
Entre sus funciones, el Sistema Nacional de Diseño prohibirá el uso no autorizado de la marca país y la imagen Cuba sin previa autorización.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo de las Naciones Unidas que regula servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual, define la marca país como la estrategia que sigue una nación para transmitir una imagen determinada de sí misma en un “gran mercado mundial”, en el que "países, ciudades y regiones se disputan la atracción del mayor número posible de turistas, inversores, consumidores, estudiantes, eventos, etcétera".
El diseñador cubano Alex Bandrich explica a Martí Noticias que la regulación de la marca país y la imagen Cuba es una restricción que "siempre ha existido aunque no estuviera escrita".
"En cuanto a las instituciones que regulan el diseño, ya existían también, pero al final todo funciona a nivel burocrático”, comenta a nuestra redacción
“Tenemos una preocupación mayor que no ha sido atendida en este decreto -ni antes- y es que quienes trabajamos de manera independiente no contamos con un seguro social, no tenemos planes para nuestro retiro en el país”, apunta.
Para Raudiel Peña Barrios, abogado del Centro de Información Legal Cubalex “lo más grave de esta normativa, dado el contexto cubano, es que para el ejercicio de la profesión solo se reconocerán como diseñadores quienes estén debidamente inscritos en el Registro Nacional. No obstante, esto es algo que existe desde 2013 pero con otro nombre”, aclara.
“Un diseñador que emplee elementos comunes a la marca país o a la imagen Cuba en un diseño que las autoridades crean que es políticamente incómodo podría ser sancionado, pero no por este decreto, sino por el Código Penal vigente o por lo que dispone la ley de Símbolos Nacionales”, apunta.
El uso de la marca país es una práctica internacional extendida y no está relacionado con el uso de los símbolos nacionales.
“En este sentido quiero decir que desde el punto de vista de la propiedad intelectual es correcta la regulación y protección de la marca país. Otra cosa diferente es que el gobierno que la usa sea un gobierno autoritario, que no respeta los derechos humanos y que reprime ilegalmente a sus oponentes”, puntualiza Fernández.
Cuba reguló el uso de los símbolos nacionales mediante la Ley No. 128/2019, que sí establece sanciones administrativas en su disposición transitoria única y una multa de 200 pesos que puede ser aplicada por los agentes del Ministerio del Interior.
El Código Penal -por su parte- “establece el delito de ‘ultraje a los símbolos de la patria’, con sanciones de hasta cinco años de privación de libertad, algo que ya el régimen cubano ha utilizado para reprimir políticamente a artistas como Luis Manuel Otero Alcántara”, aclara el abogado.
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