Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentaron este miércoles Cuban Medical Brigades, una plataforma que reúne 209 informes sobre las misiones médicas cubanas en países y territorios de todo el mundo y documenta presuntas prácticas de explotación laboral, vigilancia, confiscación salarial y separación familiar.
“Es el mayor expediente mundial sobre las misiones médicas cubanas, abierto país por país y que contiene un mapa interactivo para permitir tener acceso al informe de cualquier país o territorio”, declaró a Martí Noticias Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La plataforma CubanMedicalBrigades.org recopila contratos, convenios, leyes, normas internas, estadísticas, documentos oficiales y 1.402 testimonios de profesionales cubanos que participaron o participan en esos programas.
Según el informe, 1.185 de esos testimonios fueron obtenidos de manera protegida y utilizados para calcular los indicadores estadísticos, mientras otros 217 proceden de fuentes públicas. Las experiencias documentadas corresponden a 60 países.
La investigación identifica 53 misiones activas hasta junio de 2026, con unos 25.724 profesionales cubanos. Venezuela encabeza la lista, con aproximadamente 13.000 trabajadores; seguida por México, con 3.849; Angola, con 3.000; y Argelia, con 955.
El documento advierte que estas cifras son estimaciones construidas con datos nacionales disponibles y no constituyen un censo oficial único. También registra a 9.646 profesionales catalogados como “desertores” tras abandonar las misiones o negarse a regresar a Cuba.
“Durante más de seis décadas, el régimen cubano ha utilizado la medicina como un mecanismo de propaganda y, sobre todo, como su mayor fuente de ingresos ilegales por esclavitud”, afirmó Larrondo.
“No puede llamarse solidaridad a un sistema que confisca salarios, vigila, amenaza, controla las relaciones personales y amorosas y castiga a quien osa dejar el trabajo en una brigada médica con la denominación de desertor y traidor a la patria”, agregó.
Entre los 1.185 testimonios protegidos analizados, el 89,79% afirmó haber sido forzado a participar en la misión o haber aceptado debido a circunstancias coercitivas. En una pregunta específica sobre la voluntariedad, el 77,72% respondió que su participación no había sido voluntaria.
El 32,41% declaró que no recibió contrato alguno y otro 36,20% dijo haber firmado uno, pero sin obtener una copia. Asimismo, el 69,62% aseguró que desconocía su destino definitivo o que este fue modificado al llegar, mientras el 75,36% tuvo que asistir a cursos de preparación político-ideológica.
La investigación también recoge denuncias de un amplio sistema de control sobre la vida de los profesionales. El 77,64% reportó vigilancia por parte de funcionarios cubanos o sus colaboradores; el 81,18% dijo haber sufrido restricciones de movimiento y el 70,04% manifestó temor a que sus comunicaciones fueran intervenidas.
El 78,82% tenía que informar o pedir autorización para mantener relaciones de amistad o sentimentales con ciudadanos del país receptor, mientras el 75,27% no podía pasar la noche fuera del alojamiento asignado sin permiso.
Otros datos muestran que el 85,32% debía asistir a reuniones políticas, el 67,76% fue alentado o instruido para vigilar a sus compañeros y el 64,64% dijo haber tenido que participar en actos de repudio contra quienes abandonaban las misiones.
El informe cita la Resolución 368 de 2020 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, que obliga a los cooperantes a informar a sus superiores sobre relaciones de pareja con cubanos o extranjeros y exige autorización previa para determinadas actividades públicas o privadas.
Los testimonios analizados reflejan un promedio de 5,75 días de trabajo por semana y jornadas de 9,91 horas diarias, equivalentes a unas 57 horas ordinarias semanales. Al sumar guardias y servicios extraordinarios, la carga laboral promedio ascendía a 71,89 horas semanales.
El 60,84% dijo haber sido obligado a aumentar falsamente las estadísticas de atención médica, una práctica denunciada en 42 de los 60 países representados en la investigación. El 65,32% afirmó que debía realizar tareas de carácter político entre la población del país receptor.
Además, el 63,97% declaró que tenía que aportar una cuota mensual al Partido Comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas u otras organizaciones oficialistas. El ingreso líquido medio recibido en el país de destino fue de 462,29 dólares mensuales.
Las denuncias incluyen también amenazas y otras formas de abuso: el 75,78% afirmó haber sufrido o presenciado amenazas; el 21,86%, violencia física atribuida a funcionarios o cometida con su consentimiento; y el 43,12%, situaciones de acoso sexual bajo esas condiciones.
Prisoners Defenders sostiene que los profesionales recibieron, como promedio, alrededor del 15% de la cantidad comprometida por los países o instituciones contratantes, mientras el Estado cubano y sus entidades intermediarias retuvieron o exigieron la devolución del 85%.
El reporte aclara que la distribución varía según el país, el año y las condiciones de cada convenio. En México, por ejemplo, recoge casos en los que el profesional recibió 200 dólares mensuales de los 3.750 pagados al Estado cubano.
En Bahamas, la proporción destinada al trabajador osciló entre el 8% y el 16% en abril de 2025, mientras en Catar rondó el 10% en 2019, de acuerdo con los datos recopilados.
El convenio con la región italiana de Calabria estableció un pago mensual de 4.700 euros por cada profesional: 3.500 para la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y 1.200 entregados directamente al trabajador. Esto representaba una distribución del 74,5% y el 25,5%, respectivamente.
La organización estimó que las misiones médicas generaron para Cuba cerca de 5.976 millones de dólares en 2021, según una reconstrucción basada en estadísticas oficiales cubanas y datos de comercio de servicios profesionales de la Organización Mundial del Comercio.
Uno de los principales hallazgos se refiere al castigo impuesto a quienes abandonan una misión. El 91,14% de los entrevistados afirmó haber sido advertido de que no podría regresar a Cuba durante ocho años si dejaba el programa.
El 48,19% tenía hijos menores en la isla durante la misión y el 40,51% aseguró haber estado o continuar separado forzosamente de ellos. Un total de 53 profesionales declararon que las autoridades les impidieron entrar al país para ver a sus hijos.
“Cientos de médicos que han intentado entrar a Cuba para ver a su familia han sido expulsados por ser desertores. Miles de niños están huérfanos en Cuba”, denunció Larrondo.
“Si la labor de los profesionales cubanos salva vidas, el sistema que los explota destruye las suyas y las de sus familias”, añadió.
El informe explica que la denominada “ley de los ocho años” no es una norma única, sino la combinación de disposiciones penales y migratorias y de prácticas administrativas.
El artículo 176 del Código Penal cubano establece penas de entre tres y ocho años de prisión para funcionarios públicos que abandonen una misión o se nieguen a regresar al país. Cuando se trata de empleados públicos, las sanciones pueden ser de dos a cinco años.
Prisoners Defenders y Consorcio Justicia pidieron eliminar las sanciones penales, migratorias, laborales y familiares asociadas al abandono de una misión; publicar íntegramente los convenios y contratos; pagar directamente a los profesionales; y establecer mecanismos independientes de denuncia e inspección.
“Exigimos la liberación de los médicos cubanos, respeto a la normativa laboral internacional y que cese el trabajo forzoso y la esclavitud a la que son sometidos los profesionales de la salud cubanos”, afirmó Larrondo.
El presidente de Prisoners Defenders sostuvo que la nueva plataforma permitirá que gobiernos, parlamentos, periodistas y ciudadanos examinen directamente las evidencias recopiladas.
“Desde hoy es más complejo que cualquier Estado, institución o empresa manifieste que no sabía lo que estaba contratando, financiando o legitimando”, concluyó.
El gobierno cubano rechaza las acusaciones de trabajo forzoso y sostiene que la participación en las misiones es voluntaria. También afirma que los profesionales reciben una asignación en el país de destino, conservan su salario en Cuba y aceptan que una parte de los ingresos obtenidos contribuya al financiamiento del sistema sanitario de la isla.
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