El triunfo de Podemos en España, la nueva formación política que de sopetón ha conseguido un buen número de escaños en el Parlamento Europeo y cuyo líder tiene vínculos con el gobierno chavista -por extensión, podemos decir, con el cubano, si reconocemos el intervencionismo castrista en los asuntos internos venezolanos-, ha revolucionado el panorama político español. Al mismo tiempo, ha servido en bandeja de plata una historia muy golosa para los medios, en la que Pablo Iglesias es un nuevo Robin Hood, humilde y austero, dispuesto a acabar con una casta de políticos malos muy malos, responsables del desastre económico que ha supuesto la ruina para muchos españoles. Su misión es tan elevada y bienintencionada que cualquiera que ose criticarle o poner impedimentos a su objetivo es, automáticamente, un malo malísimo. La dinámica tiene claras resonancias albabolivarianas.
Que hay malos muy malos en España, en la política y en el ámbito económico, es una evidencia si repasamos la información judicial de este país, con la que es posible ubicar sobre el mapa centenares de casos de corrupción que han llegado a la justicia y que implican tanto a políticos como empresarios (animo a visitar este enlace a Google Maps, el Corruptómetro, para ver gráficamente el impacto de la corrupción en España.
El problema aparece cuando existen formaciones o tendencias de opinión que trazan una línea divisoria entre buenos y malos, los unos intocables que merecer ir al cielo, y los otros, condenados directamente, y sin posibilidad ninguna de salvación, deben ir al infierno. La lógica moral y religiosa de buenos y malos, trasladada de nuevo a la política y al servicio de los que anhelan llegar al poder o mantenerlo. Por eso estimo que las críticas a Podemos son hoy más valiosas que nunca ya que, de censurarse, el silencio podría traer problemas en el futuro.
El periódico El País acaba de publicar una información sobre esta plataforma política en la que revela que durante diez años una fundación en la que trabajó Pablo Iglesias, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), cobró casi cuatro millones de euros del gobierno de Hugo Chávez, y además también recibió dinero del de Rafael Correa. Así pues, la fundación para la que trabajaba Iglesias asesoró a un gobierno del que existen informes de violación sistemática de derechos humanos. Un gobierno que promueve los ataques a la pluralidad política con ejemplos que saltan a la vista: líderes opositores en la cárcel como es el caso de Leopoldo López o discursos agresivos por parte de los máximos dirigentes del país contra la oposición, así como el monopolio estatal de los medios de comunicación y acoso a los privados.
En el debate posterior a la publicación de la información por parte de El País, algunos han querido sacar importancia a que Iglesias haya realizado trabajos para el cahvismo (a un precio nada despreciable), señalando que otros políticos de otras formaciones también han cobrado de gobiernos latinoamericanos para tareas de asesoramiento. Lo preocupante del caso es que estas tareas se hagan para un gobierno sobre el que penden muchas dudas acerca de su debido respeto a los derechos humanos.
En el caso de Venezuela, hay múltiples informes que alertan sobre la delicada situación de los derechos fundamentales, como es el caso de los elaborados por organizaciones como Human Rights Watch, que ha denunciado la violencia ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro contra los estudiantes. O también, en el caso de Freedom House que determina que en Venezuela la prensa no es libre. O Aministía Internacional, que hace escasos meses ha publicado un informe denunciando las recientes violaciones de derechos bajo el gobierno chavista.
La fundación de Pablo Iglesias también habría cobrado por trabajos realizados para el gobierno de Ecuador, aunque de menor cuantía. En declaraciones recientes el político ha puesto de ejemplo algunas políticas (en concreto sobre materia educativa) de ese gobierno latinoamericano que podrían ser interesantes, bajo su punto de vista, para emular en España. Sería importante saber hasta qué punto llega la fascinacion de Iglesias por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien acaba de quejarse, en la pasada cumbre del G77, del “asedio permanente” de los medios de comunicación porque, según dice, “son instrumentos de destrucción masiva de la verdad”.
El ejemplo de la fundación CEPS (ligada a Podemos) y sus vinculaciones con el chavismo debería servir para que el resto de partidos políticos españoles y fundaciones afines expliquen cuáles son sus actuaciones en Latinoamérica, y qué trabajos de asesoramiento han podido hacer con gobiernos que violan los derechos humanos. No está de más conocer cuál es la labor de estos think tanks españoles que, de una forma u otra, también deberían estar comprometidos en la defensa de los derechos humanos.
Que hay malos muy malos en España, en la política y en el ámbito económico, es una evidencia si repasamos la información judicial de este país, con la que es posible ubicar sobre el mapa centenares de casos de corrupción que han llegado a la justicia y que implican tanto a políticos como empresarios (animo a visitar este enlace a Google Maps, el Corruptómetro, para ver gráficamente el impacto de la corrupción en España.
El problema aparece cuando existen formaciones o tendencias de opinión que trazan una línea divisoria entre buenos y malos, los unos intocables que merecer ir al cielo, y los otros, condenados directamente, y sin posibilidad ninguna de salvación, deben ir al infierno. La lógica moral y religiosa de buenos y malos, trasladada de nuevo a la política y al servicio de los que anhelan llegar al poder o mantenerlo. Por eso estimo que las críticas a Podemos son hoy más valiosas que nunca ya que, de censurarse, el silencio podría traer problemas en el futuro.
El periódico El País acaba de publicar una información sobre esta plataforma política en la que revela que durante diez años una fundación en la que trabajó Pablo Iglesias, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), cobró casi cuatro millones de euros del gobierno de Hugo Chávez, y además también recibió dinero del de Rafael Correa. Así pues, la fundación para la que trabajaba Iglesias asesoró a un gobierno del que existen informes de violación sistemática de derechos humanos. Un gobierno que promueve los ataques a la pluralidad política con ejemplos que saltan a la vista: líderes opositores en la cárcel como es el caso de Leopoldo López o discursos agresivos por parte de los máximos dirigentes del país contra la oposición, así como el monopolio estatal de los medios de comunicación y acoso a los privados.
En el debate posterior a la publicación de la información por parte de El País, algunos han querido sacar importancia a que Iglesias haya realizado trabajos para el cahvismo (a un precio nada despreciable), señalando que otros políticos de otras formaciones también han cobrado de gobiernos latinoamericanos para tareas de asesoramiento. Lo preocupante del caso es que estas tareas se hagan para un gobierno sobre el que penden muchas dudas acerca de su debido respeto a los derechos humanos.
En el caso de Venezuela, hay múltiples informes que alertan sobre la delicada situación de los derechos fundamentales, como es el caso de los elaborados por organizaciones como Human Rights Watch, que ha denunciado la violencia ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro contra los estudiantes. O también, en el caso de Freedom House que determina que en Venezuela la prensa no es libre. O Aministía Internacional, que hace escasos meses ha publicado un informe denunciando las recientes violaciones de derechos bajo el gobierno chavista.
La fundación de Pablo Iglesias también habría cobrado por trabajos realizados para el gobierno de Ecuador, aunque de menor cuantía. En declaraciones recientes el político ha puesto de ejemplo algunas políticas (en concreto sobre materia educativa) de ese gobierno latinoamericano que podrían ser interesantes, bajo su punto de vista, para emular en España. Sería importante saber hasta qué punto llega la fascinacion de Iglesias por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien acaba de quejarse, en la pasada cumbre del G77, del “asedio permanente” de los medios de comunicación porque, según dice, “son instrumentos de destrucción masiva de la verdad”.
El ejemplo de la fundación CEPS (ligada a Podemos) y sus vinculaciones con el chavismo debería servir para que el resto de partidos políticos españoles y fundaciones afines expliquen cuáles son sus actuaciones en Latinoamérica, y qué trabajos de asesoramiento han podido hacer con gobiernos que violan los derechos humanos. No está de más conocer cuál es la labor de estos think tanks españoles que, de una forma u otra, también deberían estar comprometidos en la defensa de los derechos humanos.
