El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la implementación de una tarifa de 1,000 dólares para toda persona extranjera que reciba parole migratorio en Estados Unidos. La medida, publicada este jueves en el Registro Federal, forma parte de la Ley H.R. 1, conocida como “One Big Beautiful Bill Act”, firmada por el presidente Donald J. Trump el pasado 4 de julio.
La tarifa, que entra en vigor este 16 de octubre de 2025, afectará a quienes sean admitidos bajo parole humanitario, parole en el lugar (parole in place) o re-parole, salvo en casos excepcionales. El DHS argumenta que esta nueva política busca “restaurar la integridad migratoria” y “fortalecer la seguridad nacional”.
Una nueva era de restricciones migratorias
Con esta disposición, cada extranjero que reciba autorización de entrada temporal a Estados Unidos bajo la figura del parole deberá pagar la tarifa al momento de su admisión, no al presentar la solicitud. El cobro será administrado por las tres principales agencias migratorias del DHS:
- CBP (Aduanas y Protección Fronteriza), en los puertos de entrada;
- ICE (Control de Inmigración y Aduanas), en casos de detenidos liberados bajo parole;
- USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración), cuando apruebe extensiones o parole in place.
La disposición aclara que el cobro también se aplicará a solicitudes previas que sean aprobadas después de la fecha de publicación. En otras palabras, miles de beneficiarios que ya tenían su proceso aprobado podrían verse obligados a pagar el nuevo cargo antes de viajar.
“Este aviso implementa la tarifa de parole migratorio conforme a la ley HR-1”, señala el documento oficial, firmado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, designada por el presidente Trump.
Diez excepciones limitadas
El reglamento contempla solo 10 excepciones al pago del arancel, reservadas para casos humanitarios extremos o de interés público:
- Emergencias médicas graves o tratamientos imposibles de obtener en el país de origen.
- Padres o tutores de menores en esas circunstancias.
- Donantes de órganos o tejidos urgentes.
- Parientes cercanos de una persona cuya muerte es inminente.
- Quienes necesiten asistir a un funeral de un familiar cercano.
- Menores adoptados con condiciones médicas urgentes.
- Residentes legales en trámite de ajuste de estatus que regresen tras un viaje temporal.
- Migrantes devueltos a México o Canadá que deban asistir a su audiencia migratoria.
- Personas con estatus de “Cuban o Haitian entrant”, reconocidos bajo la ley de 1980.
- Colaboradores del gobierno de Estados Unidos en asuntos de seguridad o investigaciones.
Fuera de esas categorías, todos los beneficiarios del parole deberán pagar el monto establecido, que además se ajustará cada año según la inflación.
Visión del gobierno: control y autofinanciamiento
En el texto oficial, el DHS justifica la creación del cobro como parte de una política de autofinanciamiento de la seguridad migratoria. Según el documento, las nuevas tarifas —incluida la del parole— “garantizan que los programas humanitarios no dependan de los contribuyentes estadounidenses”.
El aviso agrega que el cobro “no afectará la discrecionalidad del DHS” para otorgar parole, pero aclara que sin pago no habrá admisión:
“El parole será concedido únicamente después de que se haya efectuado el pago. La falta de pago resultará en la denegación de la solicitud”, indica la norma.
El gobierno de Trump ha defendido la medida como un paso necesario para “detener el abuso de los programas de parole”, que según la Casa Blanca se utilizaron de manera “masiva e indiscriminada” durante la administración Biden.
Repercusiones políticas y legales
Analistas migratorios prevén que la disposición generará demandas judiciales y protestas de organizaciones humanitarias.
“Estamos ante un precedente inédito: cobrar por un beneficio humanitario que, por definición, debe ser gratuito”, señaló un experto en políticas migratorias del Migration Policy Institute.
Los defensores de derechos humanos argumentan que la tarifa penaliza a las poblaciones más vulnerables y podría violar principios básicos de acceso humanitario al territorio estadounidense.
Por otro lado, sectores conservadores aplauden la medida como una forma de restringir el uso del parole y financiar la seguridad fronteriza sin aumentar el gasto público.
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